Concentración económica amenaza también internet

Existe en internet una preocupante tendencia a la concentración de decisiones críticas en pocos actores con gran poder económico, lo que pone en riesgo la capacidad de la red global como un espacio abierto e inclusivo, así como las libertades correspondientes de las personas usuarias, advirtió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un reciente informe titulado “Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet”, plantea la necesidad de moderar el contenido en línea y fortalecer el debate público, y con tal objetivo formula diversas recomendaciones destinadas a avanzar en la promoción de la libertad de expresión en internet y asegurar así el ejercicio efectivo de los derechos humanos en este ámbito. Una de ellas es establecer un marco legal que sancione a quienes, desde una posición oficial, utilicen las plataformas digitales para fomentar la intolerancia, la discriminación o la desinformación.

Si bien precisa que el camino debe estar siempre dirigido hacia una red libre, la actual concentración de la propiedad en pocos actores podría resultar en una transformación digital excluyente, en circunstancias que la red emergió, agrega, como una herramienta para potenciar la democratización y la realización efectiva de los derechos humanos.

“Las desigualdades en el acceso a tecnologías digitales, junto con la concentración de control en unas pocas plataformas, han creado una urgente necesidad de desarrollar estándares internacionales que promuevan un enfoque más inclusivo y equitativo”, explica el documento, suscrito por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal.

Las sugerencias para los estados americanos incluyen alfabetización digital, políticas de acceso inclusivo a internet, combate contra la difusión en línea de información falsa y discriminatoria, mayor transparencia en la publicidad electoral y la gobernanza de contenidos en forma democrática, en armonía todas ellas con las respectivas legislaciones, decisiones administrativas y judiciales, políticas públicas y privadas, y hojas de ruta trazadas desde la sociedad civil y la academia.

El informe contó con el aporte de los estados integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y diversas organizaciones de la sociedad civil, especialmente el Comité Ad Hoc del Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet, conformado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México (R3D), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el Gobierno de Chile y el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom).

“Plataformización”

La Relatoría subraya la importancia del desarrollo de tecnologías que reflejen la diversidad de género, cultura, nacionalidad, identidad racial y otras características e identidades de los usuarios, alertando al respecto sobre un preocupante fenómeno conocido como “plataformización”, una tendencia a la concentración de decisiones críticas en pocos actores con gran poder económico.

“El dominio de unos pocos grandes actores en el sector tecnológico limita las oportunidades para el surgimiento y sostenibilidad de empresas más pequeñas y la competencia en la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto afecta de manera negativa la diversidad en la infraestructura de comunicación y en las libertades de las personas usuarias”, sostiene. “El déficit de acceso universal a internet y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como ha manifestado la CIDH deteriora o dilata la garantía de todos los derechos humanos que hoy se ejercen total o parcialmente por esta vía”.

Más adelante, indica que la reducción de la brecha digital y la ampliación de la conectividad exigen que los precios de la conexión sean “razonables y proporcionados”, y que las personas de países en desarrollo que dependen totalmente de las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de mensajería para la conectividad “puedan tener un acceso significativo, gratuito, abierto, interoperable, confiable y seguro a internet”.

Moderación de contenidos

El documento define la moderación de contenidos como la práctica organizada de filtrar el contenido generado y visto por las personas usuarias y publicado en plataformas digitales, y tiene diferentes tipos: pre-moderación, post-moderación, moderación reactiva, moderación distribuida y moderación automatizada.

“El proceso puede ser hecho, por ejemplo, por medio de la acción directa de una persona (el moderador que actúa como agente de la plataforma) (sic) o por procesos automatizados basados en herramientas de inteligencia artificial junto con el procesamiento de largas cantidades de datos de las personas usuarias”, prosigue el informe. “Una decisión sobre alojar contenido o no hacerlo puede implicar dar de baja el contenido permanente o temporalmente en toda la plataforma o en relación con ciertos grupos de personas usuarias en un área geográfica específica, o afectar cuentas de personas usuarias bajo distintas modalidades. Asimismo, la moderación también puede comprender acciones como etiquetar contenidos, brindar información extra sobre una publicación, o la desmonetización de publicaciones, entre muchas otras”.

Algunas recomendaciones

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión formula diversas recomendaciones a los estados miembros, entre ellas:

En materia de deterioro del debate público:

-Establecer un marco legal de responsabilidades que sancione a quienes, desde una posición oficial, utilicen las plataformas digitales para fomentar la intolerancia, la discriminación o la desinformación.

-Tomar las medidas necesarias para prevenir que las vocerías públicas utilicen las plataformas digitales como herramienta para difundir información falsa o engañosa, para estigmatizar a personas por motivos políticos o para expresarse en forma discriminatoria o intolerante contra personas o grupos de personas por motivos de género, identidad racial o cultural, religión, idioma u origen nacional, de una forma que pueda constituir una injerencia directa o indirecta o una presión lesiva en sus derechos.

-Adoptar disposiciones de derecho interno que establezcan la obligatoriedad de que los partidos políticos cuenten con mecanismos propios que señalen explícitamente el deber de sus miembros de no contribuir a la desinformación, violencia o discriminación.

-Implementar mecanismos efectivos de rectificación o respuesta frente a expresiones basadas en hechos falsos, engañosos, incorrectos o erróneamente verificados.

-Adoptar disposiciones de derecho interno que fortalezcan los marcos legales en materia de transparencia en publicidad electoral y protección de datos personales, así como sobre las reglas para la utilización y contratación de publicidad en plataformas digitales por instituciones del Estado.

En acceso universal y alfabetización digital:

-Desarrollar y asegurar el financiamiento de políticas y programas de alfabetización digital adaptados a las necesidades específicas de diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, y enfocados en las habilidades cívicas necesarias para que las personas puedan relacionarse con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en forma autónoma, responsable y crítica.

-Promover la inclusión y la apropiación de tecnologías digitales de grupos de personas en situación de vulnerabilidad, contemplando a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas LGBTI, migrantes y pueblos indígenas.

En gobernanza de contenidos:

-Capacitar a los operadores y operadoras de justicia sobre el alcance y las particularidades del ejercicio de la libertad de expresión en entornos digitales, con el fin de que sus decisiones sobre la gobernanza de contenidos en línea estén alineadas con los estándares de derecho internacional sobre derechos humanos.

-Promover y apoyar las iniciativas independientes -de la academia, defensorías del pueblo, sociedad civil organizada, centros de pensamiento, organismos de supervisión de plataformas y otras-, con el fin de evaluar e identificar las mejores prácticas sobre gobernanza de contenidos.

INFORME COMPLETO

J.F.S.

Fuente: observacom.org