Educación para la Ciudadanía, a juicio.

(PD).- Los juzgados admiten el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía, mientras las autoridades educativas insisten en que quien no la curse, suspenderá.

ARAGÓN

Los juzgados aragoneses han dictado ya diez autos en los que se admite el derecho a objetar a la Educación para la Ciudadanía de forma cautelar. Es decir, que mientras no recaiga sentencia definitiva de los distintos juzgados, se admite el derecho de los padres a que sus hijos no entren en clase, ni sean examinados, ni ello pueda implicar consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y obtener los títulos académicos correspondientes.

Para justificar la concesión de las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, los jueces invocan la doctrina jurídica que, en casos similares, han seguido los tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas, como Andalucía, Asturias o La Rioja.

El departamento de Educación ha recurrido los autos judiciales que eximían a seis alumnos -cuatro de ellos de Huesca y dos de Zaragoza- de asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía. La Dirección General insiste en que la materia está en el plan de estudios, y quien no la curse, suspenderá e insiste en el argumento que tanto la DGA como el Ministerio y el propio Gobierno central han repetido en numerosas ocasiones: que la materia está dentro de los planes de estudios y que los alumnos que no la cursen no superarán su formación académica.

Por su parte, la directora general de Política Educativa, Carmen Martínez, calificó recientemente como «testimoniales» las objeciones recibidas y aclaró que no son significativas.

CASTILLA-LA MANCHA

La Plataforma Guadalajara Educa en Libertad dio a conocer la Instrucción que el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó en septiembre por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma a «oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal».

Esta decisión del Ministerio Fiscal ha sorprendido al movimiento objetor castellano-manchego, que suma ya más de 9.000 objeciones de conciencia y 220 recursos judiciales por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, estando en preparación varios centenares más.

Desde la Plataforma Guadalajara Educa en Libertad indicaron que «a estas alturas de la controversia es evidente que el Gobierno se ha equivocado al querer imponer una asignatura que entra en conflicto con la libertad de conciencia y el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Los Tribunales así lo están reconociendo mayoritariamente y sólo una intransigencia puramente ideológica explica que la asignatura aun no haya sido retirada después del innecesario conflicto social y jurídico que ha provocado».

CANTABRIA

Ante la «negativa» del Gobierno cántabro a admitir objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, los padres «se han visto obligados» a acudir a la vía judicial para garantizar el derecho a educar a sus hijos «con arreglo a sus convicciones morales, religiosas o filosóficas», reconocido en la Constitución y en diversas declaraciones de Derechos Humanos.

En opinión de la Plataforma de Padres’Cantabria Educación y Libertad’ , Educación para la Ciudadanía vulnera derechos irrenunciables y supone una «intromisión» del Estado en la formación de sus hijos. La mayoría de los procedimientos judiciales han sido admitidos por la vía de protección de los derechos fundamentales, dato que considera esencial, porque Educación para la Ciudadanía plantea como contenido y fin la formación de la conciencia moral de los alumnos con contenidos, objetivos y criterios de evaluación fijados por el Gobierno, puesto que «no se evalúan solo conocimientos, sino también actitudes, una moral y ética concretas».