Tres de cada 4 españoles opinan que Sánchez la pifió y debió decretar la emergencia contra el fuego

En pleno verano, con las temperaturas batiendo récords y los informativos abriendo cada día con imágenes de llamas devorando bosques en Extremadura, Galicia o Castilla y León, España se pregunta quién debe apagar este incendio, tanto en sentido literal como político.

La opinión pública es clara: tres de cada cuatro españoles consideran que el Gobierno central debió decretar la emergencia nacional ante la magnitud del desastre y que la falta de medios para combatirlo es responsabilidad directa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mientras el presidente pide «prudencia» y agradece a los equipos de emergencia desde su visita a los montes calcinados, las críticas por la gestión gubernamental se multiplican.

La ciudadanía exige explicaciones ante una catástrofe que ha arrasado más de 100.000 hectáreas en menos de dos semanas, superando ampliamente la media histórica y situando al país en el centro del debate europeo sobre gestión forestal y prevención.

El fuego sigue su curso mientras España debate cómo evitar que vuelva a repetirse; por ahora, ni pirómanos ni políticos logran apagarlo.

¿De quién es realmente la competencia?

La Ley de Protección Civil no deja mucho espacio para la ambigüedad: en casos excepcionales, el Gobierno central puede asumir el mando único si declara la emergencia de nivel 3, activando todos los recursos estatales disponibles. Sin embargo, en la práctica diaria, las competencias sobre prevención y extinción recaen principalmente sobre las comunidades autónomas, que gestionan sus propios planes y recursos.

Este reparto competencial genera confusión entre los ciudadanos: un 71% cree que el nivel de alerta ante catástrofes debe corresponder al Gobierno, mientras que solo un 28% lo atribuye a las autonomías. La percepción pública se aleja así del marco legal vigente, donde cada autonomía asume responsabilidades pero puede solicitar ayuda estatal en situaciones extremas.

Las cifras detrás del incendio: inversión bajo mínimos

Más allá del debate jurídico, los datos sobre inversión forestal alimentan la indignación social. A día de hoy, 30 de agosto de 2025, el Gobierno ha dedicado únicamente el 4,8% de lo presupuestado en 2024 y 2025 al cuidado efectivo de los montes. De los más de 266 millones prometidos para gestión forestal, apenas se han ejecutado 13 millones en año y medio.

Esta brecha presupuestaria se traduce en falta de limpieza, escasez de medios técnicos y humanos, y una vulnerabilidad creciente ante olas de calor que ya no son excepcionales. El abandono rural y la ausencia de estrategias integrales agravan aún más el problema. Los expertos insisten: España invierte mucho más en extinción que en prevención, dejando el monte a merced del fuego cada verano.

¿Quién prende la mecha? Pirómanos, negligencias y penas

La búsqueda de culpables trasciende lo político. Según estimaciones policiales y judiciales, hasta un 80% de los incendios forestales en España son intencionados o fruto de negligencias graves. Las fuerzas de seguridad han intensificado este año las detenciones: entre pirómanos reincidentes y responsables imprudentes (desde agricultores hasta excursionistas), las condenas pueden oscilar entre 1 y 20 años según el daño causado y la intencionalidad.

El perfil del detenido varía: desde jóvenes con antecedentes psiquiátricos hasta propietarios rurales desbordados por la falta de apoyo institucional. Las penas más severas recaen sobre quienes provocan fuegos cerca de núcleos habitados o espacios protegidos. El debate sobre endurecer las sanciones penales gana fuerza tras esta crisis.

El otro incendio: rifirrafe político mientras arde el país

La emergencia forestal ha generado una tormenta política paralela. El PSOE responsabiliza a gobiernos autonómicos del PP por privatizar recursos o actuar con «desidia», mientras Podemos exige elevar la emergencia a nivel estatal. El PP acusa al Ejecutivo central de lentitud e insuficiencia; su líder Feijóo habla incluso de «terrorismo incendiario» organizado.

Las redes sociales hierven con críticas a ministros como Óscar Puente por comentarios frívolos; la ministra Sara Aagesen pide «unidad» pero evita entrar en polémicas. El resultado: un país dividido entre quienes piden pacto nacional y quienes recelan del uso político del desastre. Según una encuesta reciente, un 62,9% desearía un gran acuerdo nacional frente a catástrofes, aunque tres de cada cuatro españoles creen que nunca se firmará uno efectivo.

Curiosidades sobre este verano incendiario

• Extremadura ha sufrido incendios equivalentes a 35 veces el tamaño del Distrito Nacional dominicano.
• Este año España representa el 12,2% del total de hectáreas quemadas en toda la Unión Europea.
• Entre los jóvenes (17-35 años), casi un 99% considera que el descuido del monte es clave para entender estos fuegos.
• Los grandes focos activos han obligado a movilizar no solo a la UME sino también recursos europeos; Portugal ha enviado equipos para apoyar las labores.