La Comunidad de Madrid amplía con nuevas plazas las residencias de mayores sostenidas con fondos públicos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy un contrato derivado del Acuerdo Marco sobre la atención residencial en centros concertados para personas mayores dependientes. Se trata de 32 nuevas plazas que entrarán en servicio en próximo 15 de noviembre y que supondrán una inversión de 1.129.537 euros hasta el 30 de junio de 2024.

El Gobierno regional comienza así a crear las 500 nuevas plazas de atención especializada para mayores dependientes anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado este pasado lunes y martes. Estarán disponibles antes de que termine la actual legislatura y supondrán incrementar las plazas concertadas en centros residenciales de la región de las 8.839 contempladas hasta ahora en el Acuerdo Marco a más de 9.300.

Este acuerdo aumenta significativamente el precio de cada plaza por día, que sube de 52 a 72 euros, lo que supone un incremento del 37% que permite aumentar en cinco puntos la ratio de personal de atención directa de los centros, en el que se incluyen médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos. También se eleva para la suma de todos los profesionales encargados de la limpieza, cocina y mantenimiento.

Las residencias ofrecen un servicio dirigido a personas mayores de 60 años que necesitan ayuda continuada para las actividades básicas de la vida diaria, proporcionando, además de alojamiento y manutención, un tratamiento gerontológico y rehabilitador y garantizando el cuidado, control y protección del residente. En los casos de afectadas por la enfermedad de Alzheimer la edad de ingreso se fija en los 55 años.

En los contratos vinculados al nuevo Acuerdo Marco, los criterios de adjudicación valoran los aspectos objetivos y evaluables relacionados con la calidad en la atención por encima de la oferta económica de los licitadores, lo que supone avanzar hacia un nuevo modelo de atención social centrado en la persona que está impulsando el Gobierno regional.