Crecimiento y empleo: la modernización de contratos

Teniendo en cuenta las actuales restricciones presupuestarias y dificultades económicas en la mayoría de Estados miembros, la política de contratación pública debe, más que nunca, garantizar el uso óptimo de los fondos con el fin de fomentar el crecimiento y la creación de empleo y contribuir así a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

La reforma de la legislación sobre contratación pública constituye una de las acciones prioritarias inscritas en el Acta del Mercado Único, adoptada en abril de 2011 (IP/11/469).

Por todo ello, la Comisión Europea ha anunciado el inicio de una revisión de las directivas reguladoras de los procesos de selección de los proveedores en busca de instrumentos flexibles y de uso sencillo que permitan a los poderes públicos y a sus proveedores adjudicar contratos transparentes y competitivos.

¿Cuáles son los objetivos primordiales de la reforma?

1. El primer objetivo es la simplificación y la flexibilización de las normas y de los procedimientos. Para ello se propone:

• – La posibilidad de un mayor recurso a la negociación, que permitirá a los poderes adjudicadores adquirir bienes y servicios que respondan mejor a sus necesidades y al mejor precio.
• – La ampliación y, a medio plazo, la generalización de la vía electrónica para la comunicación en el ámbito de la contratación pública, ya que se trata de un vector esencial de simplificación del sistema público de pedidos
• – Una reducción drástica de la carga administrativa, especialmente de la documentación requerida a los agentes económicos, para facilitarles la vida.

2. El segundo objetivo es favorecer el acceso de las PYME a los contratos públicos. Para ello deben adoptarse medidas que reduzcan los requisitos de capacidad financiera a la hora de presentar una oferta.

3. La reforma incluiría asimismo:

• – Mejoras de las garantías existentes para evitar los conflictos de intereses, el favoritismo y la corrupción, a fin de garantizar mejor la integridad de los procedimientos, habida cuenta de los intereses financieros en juego.
• – La designación por los Estados miembros de una autoridad nacional única encargada de la supervisión, la ejecución y el control de los contratos públicos, para garantizar una mejor aplicación de las reglas en la práctica.

En conclusión, el objetivo final es una compra pública eficiente con la mejor relación calidad/precio («value for money»).

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NOTA.- Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.