La sectaria Asociación de la Memoria Histórica insta al Gobierno Sánchez a multar al Rey Juan Carlos por ‘hablar bien’ de Franco en sus memorias

No son más tontos, porque no entrenan.

En lo que no tienen rival es en sectarios y en su enfermiza obsesión por reescribir la Historia e intentar, mediante la censura y tirando del presupuesto público, ganar una guerra que perdieron estrepitosamente hace casi un siglo.

Los comentarios de Juan Carlos I sobre Francisco Franco en sus memorias, que aún no se han publicado en España, han puesto de los nervios a la sanchista Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

En su libro, presentado en Francia con el título Reconciliación, el viejo rey sostiene que “respetaba enormemente” al dictador, reconociendo “su inteligencia y su sentido político”, y agrega que nunca permitió “que nadie le criticara” en su presencia.

Juan Carlos dedica varios pasajes a Franco, describiendo una relación de admiración, respeto y casi paternal:

• Sobre el rol de Franco en su ascenso al trono: «Si pude ser Rey, fue gracias a él».
  (Se refiere a la designación como sucesor en 1969, pese a las tensiones con su padre).
• Sobre su respeto y protección hacia Franco: «Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político. (…) Nunca dejé que nadie lo criticara delante de mí».
  (Admite una simpatía personal y frecuentes encuentros, contrastando con la imagen pública severa del dictador).
• Sobre la relación paternofilial: «¿Tuve con él una relación filial? Nos separaban 46 años. No tenía hijos [varones]. Quizás proyectó sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí, incluso cierta ternura. Se tomaba el tiempo de verme con frecuencia».
  (Describe anécdotas íntimas, como dormirse en su hombro durante un viaje o conversaciones informales en El Pardo y el Pazo de Meirás).
• Sobre el primer encuentro en 1948: «Se mostró muy cariñoso. Tenemos de él una imagen de hombre severo y frío pero en la intimidad, o al menos conmigo, siempre fue amable, sonriente y charlatán».
  (Juan Carlos tenía 10 años; resalta la calidez privada de Franco).
• Sobre las últimas palabras de Franco en su agonía: «Me tomó la mano y, en un último suspiro, me dijo: ‘Alteza, sólo le pido una cosa: mantenga la unidad del país’. Fue su última voluntad. No me pidió conservar el régimen… Sentí que me daba la libertad de actuar».
  (Interpreta esto como permiso para reformas democráticas, sin atarse al franquismo, siempre preservando la unidad de España).
• Sobre la longevidad y estabilidad de Franco: «Nadie pudo destronarlo, ni siquiera desestabilizarlo, lo cual, durante tanto tiempo, es un logro».
  (Elogia su capacidad para mantener el poder tras la Guerra Civil).

Estas declaraciones, ajustadas a la realidad y testimonio exacto de una época, realizadas coincidiendo con los 50 años de la restauración de la Monarquía, han destado la histeria entre los progres y son interpretadas por la ARMH como un acto de exaltación del franquismo que menosprecia y humilla a las víctimas de aquella dictadura.

La petición formal: sanción ejemplar bajo la Ley de Memoria Democrática

La ARMH ha solicitado formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez que inicie un expediente sancionador contra el rey emérito.

Según argumentan, sus palabras constituyen una infracción muy grave conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que prevé sanciones administrativas para aquellos que exalten la sublevación militar, la dictadura o a sus líderes durante actos públicos.

Las multas podrían ascender hasta los 150.000 euros en los casos más severos. Además, esta normativa contempla sanciones accesorias como la retirada de subvenciones o el comiso de materiales relacionados con estas declaraciones.

• Infracciones leves: multas entre 200 y 2.000 euros
• Infracciones graves: multas entre 2.001 y 10.000 euros
• Infracciones muy graves: multas entre 10.001 y 150.000 euros, además de medidas accesorias

La solicitud ha sido dirigida a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, entidad responsable de gestionar y resolver los expedientes más significativos en este ámbito.

La asociación enfatiza que el propósito de esta ley es salvaguardar la memoria democrática y honrar a las víctimas, impidiendo que figuras públicas utilicen su influencia para “blanquear” el régimen franquista.

El debate: memoria, libertad de expresión y el legado de la transición

Este asunto ha reavivado un debate recurrente en España: ¿dónde se sitúa el límite entre libertad de expresión y exaltación de un régimen autoritario?

Aquí es donde entra en juego el contexto, así como la difusión e impacto social que generan estas palabras.

Mientras que desde la ARMH se insiste en actuar con firmeza ante estos comentarios, hay sectores que critican lo que consideran una “obsesión infantil” por parte de algunos grupos progresistas para reescribir la historia e intentar revivir una contienda perdida hace medio siglo.

Este argumento, común en ciertos espacios mediáticos y políticos, sostiene que aplicar rigurosamente esta ley podría derivar en un “esperpento” legislativo donde cualquier valoración histórica positiva hacia Franco pudiera ser perseguida, incluso si proviene del antiguo jefe del Estado.

La respuesta institucional y el contexto político

El sectario, corrupto y cada día más acorralado Gobierno Sánchez defiende la Ley de Memoria Democrática como una herramienta “valiente” destinada a sanar heridas y asegurar el reconocimiento a las víctimas del franquismo.

En realidad, es una simple cortina de humo para intentar tapar sus pifias y trapos sucios.

Actualmente, se está preparando un catálogo oficial con símbolos, nombres y elementos relacionados con el franquismo cuya eliminación será obligatoria; además, se contempla un régimen sancionador que podría generar hasta 60 millones de euros en multas si se aplica rigurosamente.

No obstante, hasta ahora las sanciones impuestas han sido escasas y el catálogo aún espera su aprobación definitiva.

Esta controversia surge en un momento crítico para la Casa Real. Conmemoraciones como el aniversario de la restauración monárquica y las memorias del rey emérito han intensificado el escrutinio sobre su familia.

Desde algunos sectores políticos, como el grupo liderado por Gerardo Pisarello (de Comuns), incluso se ha solicitado al rey Felipe VI condenar públicamente el franquismo y desautorizar a su padre por sus declaraciones sobre Franco.

Lo que dice la ley… y lo que está en juego

La Ley 20/2022 establece como actos contrarios a la memoria democrática aquellos realizados públicamente que impliquen exaltación individual o colectiva tanto de la sublevación militar como del régimen dictatorial o sus representantes.

La decisión final acerca de una posible sanción para Juan Carlos I dependerá del análisis jurídico respecto a sus declaraciones, así como del estudio sobre su difusión e impacto social.

No hay precedentes claros al respecto; cualquier resolución podrá ser recurrida tanto administrativa como judicialmente.

En este contexto, este caso no solo pondrá a prueba los límites y eficacia de esta ley sino también definirá qué narrativas históricas son aceptables en el espacio público y qué reglas deben regir nuestra convivencia respecto a la memoria y dignidad de quienes sufrieron bajo esa época oscura.

La controversia aún tiene mucho camino por recorrer e anticipa nuevos capítulos en esta prolongada lucha por recordar adecuadamente nuestro pasado reciente.