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La cifra resulta impactante incluso antes de adentrarse en los detalles: 934.698,8 euros al año en salarios para solo doce personas en la cúspide del Ministerio de Igualdad.
Los datos salen del Portal de Transparencia.
Esta estructura relativamente pequeña presenta sueldos que en muchos casos superan los 100.000 euros anuales, y los penosos currículums asociados han suscitado un intenso debate sobre la calidad de la gestión y la necesidad de especialización en políticas públicas relacionadas con la igualdad.
Mientras el departamento encabezado por la ministra socialista Ana Redondo maneja cerca de 500 millones de presupuesto anuales, la discusión se ha trasladado recientemente desde las grandes cifras hacia los perfiles específicos que toman las decisiones en los niveles más altos del organigrama.
Formación, experiencia y retribución se han convertido en las tres palabras clave de una controversia que entrelaza economía pública, confianza institucional y percepción social sobre la igualdad.
Un millón de euros para una docena de nóminas
De acuerdo con los datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, casi un millón de euros al año –934.698,8 euros– se destina exclusivamente a los sueldos de los doce altos cargos del Ministerio de Igualdad. Esta cifra no contempla al resto del personal del departamento, sino únicamente a su cúpula política y directiva.
Entre este grupo destacan varios salarios que alcanzan seis cifras:
- La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, percibe 130.473,83 euros al año.
- El subsecretario de Igualdad, Ignacio Sola Barleycorn, recibe 124.493,73 euros anuales.
- La directora general de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene un salario anual de 108.688,53 euros.
- Tanto la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, como el director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, Julio del Valle, perciben cada uno 105.063,04 euros al año.
- La secretaria general técnica, Eva Nárdiz Pérez, cobra 104.188,89 euros anuales.
Resulta curioso que la ministra Ana Redondo haya recibido en 2024 un salario total de 89.275,52 euros, por debajo del sueldo que perciben varios altos cargos bajo su mando, cuyos salarios superan ampliamente los cien mil euros. Este fenómeno no es exclusivo del Ministerio de Igualdad: otros departamentos también presentan directores generales o altos puestos que obtienen remuneraciones superiores a las del presidente del Gobierno o los ministros, dentro del marco que permite la estructura salarial vigente en la Administración General del Estado.
En términos generales, Igualdad se sitúa entre los ministerios con menos altos cargos; sin embargo, el coste total asociado a su cúpula es comparable al de otros departamentos con una mayor estructura política, según comparativas recientes sobre sueldos en la alta administración. La combinación entre una plantilla reducida, salarios elevados y un presupuesto global considerable alimenta la percepción negativa sobre el “costo” que representa este ministerio.
Currículums bajo el foco: mucha política, poca especialización
La controversia no se limita únicamente a los salarios; también abarca las credenciales académicas y profesionales que ostentan quienes ocupan estos puestos. Un análisis minucioso a partir de los currículums disponibles en el Portal de Transparencia revela varias constantes:
- Una notable carencia de formación específica en igualdad de género, violencia machista o diversidad entre muchos perfiles.
- Trayectorias fuertemente vinculadas a la política partidista y a roles dentro del aparato institucional.
- Algunos currículums presentan información incompleta o escasa acerca de estudios concretos.
Los ejemplos más destacados resultan ilustrativos:
- María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad, posee una licenciatura en Ciencias de la Información junto con un máster en Ayuda Internacional Humanitaria y un posgrado en Protocolo y Relaciones Públicas por la Universidad de Deusto, institución privada. No consta formación específica relacionada con igualdad o género en su perfil académico.
- Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, cuenta con una licenciatura en Antropología y una diplomatura en Trabajo Social junto a un Grado Superior Administrativo y Comercial. Aunque estos estudios están relacionados con lo social, carecen precisamente del enfoque necesario hacia políticas específicas sobre igualdad tal como se detalla en su ficha pública.
- En cuanto a Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva LGTBI+, solo figura con “estudios realizados en la Escuela Empresariales” sin especificar titulación finalizada ni grado concreto obtenido.
- El subsecretario Ignacio Sola Barleycorn es licenciado en Derecho y cuenta con dos másteres: uno en Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria por la Universidad Pontificia Comillas y otro en Dirección Pública y Liderazgo. A pesar tener formación superior, no se menciona especialización directa relacionada con igualdad dentro su currículum.
- La secretaria general técnica, Eva Nárdiz Pérez, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y actualmente está doctorando en Derecho Europeo (DEA) por esta misma universidad. Su formación está centrada principalmente en áreas jurídicas europeas sin referencia explícita a estudios sobre género o igualdad.
- En el caso específico della directora general contra la Violencia Machista, el Portal no proporciona documentación alguna que valide su formación académica especializada.
Este conjunto diverso abre un debate incómodo: ¿es razonable exigir que quienes lideran políticas tan sensibles como las relacionadas con violencia machista o discriminación cuenten realmente con una sólida base formativa más allá simplemente experiencia política o administrativa?
Igualdad gestiona cientos de millones… con el foco puesto en su cúpula
Mientras tanto, el interés mediático ha estado centrado últimamente en los salarios percibidos por sus altos mandos; sin embargo, el Ministerio continúa gestionando sumas muy elevadas destinadas a políticas públicas. Para 2025 ya se ha acordado junto a las comunidades autónomas un reparto cercano a 179,8 millones destinados específicamente para combatir la violencia machista; dentro esta cifra se incluyen 160 millones vinculados al desarrollo del Pacto Estatal así como otros 19,8 millones para programas autonómicos específicos .
Adicionalmente destaca el Plan Corresponsables, diseñado para facilitar conciliación laboral reduciendo brechas salariales vinculadas al cuidado familiar; este plan cuenta con una asignación aproximada a 142,5 millones para 2025, fruto también acuerdos entre el Ministerio e instituciones locales como las ciudades autónomas .
A esto hay que sumar un presupuesto global para el Ministerio cercano a los 500 millones anuales, según diversas informaciones económicas recientes relacionadas con cómo se distribuyen recursos dentro del área . El dilema no radica únicamente en cuánto se gasta; también está ligado a cómo se ejecuta dicho gasto: informes indican que alrededor 100 millones quedaron sin utilizar durante uno ejercicios recientes; eso equivale casi al 20 % total disponible según datos oficiales analizados por medios especializados .
En este contexto surge una dicotomía notable entre:
- La cúpula bien remunerada,
- Los currículums cuestionables respecto a especialización,
- Y una ejecución presupuestaria mejorable.
Esto alimenta críticas hacia quienes piensan que existe un desbalance dentro estructura ministerial: sobredimensionada políticamente pero escasa técnicamente .
El espejo entre altos cargos y el debate sobre meritocracia pública
El caso específico del Ministerio no puede ser entendido plenamente sin considerar una perspectiva más amplia sobre todo sector público estatal. A nivel gubernamental se destina más allá dede 62 millones anuales solo para remunerar a unos 784 altos cargos; estas cifras han sido obtenidas mediante análisis recientes basados datos disponibles públicamente . En muchos ministerios puede observarse patrones similares:
- Retribuciones significativamente superiores al salario medio nacional,
- Cargos directivos cuyos ingresos superan incluso aquellos recibidos directamente por presidentes,
- Y predominancia notable perfiles afines políticamente frente especialistas técnicos.
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