El Salvador se niega a extraditar a España a cuatro implicados en el asesinato de Ellacuría

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha rechazado la petición de extradición cursada por España de los cuatro militares salvadoreños detenidos y que estuvieron implicados en el asesinato, en noviembre de 1989, de los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno.

«Se tomó la decisión de denegarlo pero estamos en la cuestión de los fundamentos» para justificar la decisión, ha indicado al diario ‘El Salvador’ Belarmino Jaime, magistrado de la Sala de lo Constitucional. La decisión fue adoptada por los quince magistrados que integran el pleno.

El Consejo de Ministros de España aprobó en marzo solicitar nuevamente a El Salvador la extradición de los cuatro militares, atendiendo así a la petición cursada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

En concreto, España había solicitado la extradición para su enjuiciamiento en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado asesinar a los sacerdotes; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.

Fuentes del Supremo han explicado que el rechazo de la petición de extradición favorece a estos cuatro militares, que se encuentran detenidos, pero no se descarta que pueda ser extensible a otros 11 que permanecen prófugos.

Esta es la segunda ocasión en la que el Supremo niega enviar a cualquiera de los acusados de matar a Ignacio Ellacuría, a cinco de sus colegas y a dos de sus colaboradoras.

En el 2012, la Corte Suprema vetó la petición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España de llevar a juicio a 13 implicados bajo la premisa de que la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales cuando se perpetró la matanza.

El Gobierno salvadoreño, controlado por la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se ha mostrado satisfecho con el dictamen. El vicepresidente y exguerrillero, Óscar Ortiz, ha remarcado que el Gobierno respeta «totalmente» la decisión del Supremo, porque evita que «se nos vaya a debilitar, pulverizar y desarticular» el proceso de paz y democracia iniciado con la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra civil (1980-1992).

(RD/Agencias)