Unos 2,5 millones de salvadoreños viven Estados Unidos, según cifras oficiales. En la actualidad hay unos 208.000 amparados por el Tratado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), el cual les permite residir y trabajar allí
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El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, mostró la esperanza de la Iglesia salvadoreña por que se descubra la verdad y que se haga justicia en los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas ejecutados por los militares en 1989, así como en el caso del arzobispo mártir Oscar Arnulfo Romero perpetrado por un escuadrón de la muerte en 1980.
«Como Iglesia siempre vamos a estar a favor de la justicia y no porque tengamos un espíritu de venganza ni mucho menos, sino porque debe ser así para que se conozca la verdad y también para que estos hechos no se repitan«, dijo monseñor José Luis Escobar Alas.
El prelado católico dijo que la Iglesia está pendiente de cómo se desarrollan los hechos en relación con la petición de extradición a España de un grupo de militares a quienes se les vincula con el asesinato de los padres jesuitas y dos empeladas, ejecutados por un comando elite del ejército salvadoreño.
Escobar Alas aclaró que no es la Iglesia, ni la orden de los jesuitas quienes están pidiendo la extradición de los militares. «Más bien son las víctimas, España misma y las circunstancias mismas de la justicia social las que están promoviendo este proceso».
El juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura para los 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.
Velasco reclama la presencia de los militares, entre ellos varios que formaron parte de alto mando de la fuerza armada salvadoreña y eran responsables de la dirección de la institución castrense durante la guerra civil (1980 y 1992), que dejó más de 76.000 muertos, unos 10.000 desaparecidos y miles de desplazados.
El 23 de mayo de 2015, 35 años después de que fuera asesinado, la Iglesia católica elevó a Romero a la categoría de beato y mártir de la fe. Romero fue asesinado mientras oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 cuando un desconocido le disparó al corazón desde un vehículo estacionado frente a la entrada principal de una capilla de un hospital para enfermos de cáncer.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que gobernó el país durante 20 años (1989-2009). Los asesinos nunca fueron llevados ante la justicia.
Escobar también pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que detenga las deportaciones de salvadoreños y otros centroamericanos y que haga lo necesario para que se apruebe la reforma integral migratoria. «Ellos no son criminales para deportarlos, son personas buenas, son personas humildes, sencillas, que buscan mejorar sus vidas sin hacer mal a nadie, al contrario brindando su trabajo honesto», dijo el arzobispo.
El jerarca de la Iglesia católica de El Salvador opinó que ni siquiera debería usarse el término deportación «porque se deporta legalmente al criminal. Ellos no son criminales, son personas buenas, honestas, que tienen todos sus derechos y no pueden ser tratadas así».
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) realizó redadas 2 y 3 de enero, capturando a cientos de centroamericanos, entre ellos 22 salvadoreños que según las autoridades estadounidenses tenían orden definitiva de deportación. Con el apoyo del gobierno de El Salvador, los salvadoreños hicieron una petición para permanecer en Estados Unidos de forma temporal para que un juez de apelaciones revise sus casos.
Según cifras extraoficiales, más de 300 salvadoreños dejan el país todos los días en una inmigración irregular hacia Estados Unidos, pero la mayoría de ellos son deportados al ser detenidos en su trayecto en México o cuando intentan ingresar a territorio estadounidense.
Unos 2,5 millones de salvadoreños viven Estados Unidos, según cifras oficiales. En la actualidad hay unos 208.000 amparados por el Tratado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), el cual les permite residir y trabajar allí.
(RD/Agencias)
