El instructor requiere "de forma definitiva" al Arzobispo Martínez que le facilite la documentación integra de los interrogatorios y el informe escrito que se derivaría de los mismos
El Arzobispado de Granada eludió esta mañana cualquier opinión sobre la reciente resolución judicial, adelantada por RD, en la que se conmina a su titular, Javier Martínez, a entregar «toda la documentación íntegra» del caso Romanones, con apercibimiento de sanción de desobediencia a la autoridad judicial
Fuentes diocesanas consultadas por Efe únicamente han apuntado que la diócesis mantiene su colaboración con la justicia en la instrucción de los supuestos abusos sexuales contra menores que investiga el Juzgado de Instrucción 4, que recientemente lo ha conminado a que le entregue toda la documentación de la que disponga sobre este caso.
Aunque el Arzobispado, según las fuentes consultadas, ha eludido valorar la referida resolución judicial, ha confiando en que se siga trabajando «hasta el final para que se sepa la verdad».
Se ha remitido para ello a pronunciamientos públicos anteriores respecto a la investigación judicial, en los que reiteró su colaboración con la Justicia, su ayuda a las víctimas en el caso de supuestos abusos sexuales y recordó que mantiene su posición de «tolerancia cero» con estas prácticas y con quienes las cometan.
Este pronunciamiento se produce después de que el juzgado instructor haya requerido al Arzobispado que aporte la documentación completa sobre los interrogatorios que practicó a sacerdotes en el marco de la investigación eclesiástica iniciada tras tener conocimiento de la denuncia por supuestos abusos sexuales a menores.
Por su parte, el abogado del padre Román, que ejerce la defensa en el caso que investiga supuestos abusos sexuales contra menores en Granada, ha considerado hoy «desproporcionada» la última petición del juez.
El letrado Javier Muriel ha recordado, en declaraciones a Efe, que el acuerdo de la Conferencia Episcopal sobre presuntos asuntos de pederastia no es «jurídicamente vinculante», algo que el juez instructor, Antonio Moreno, «ya sabe».
Se trataría por tanto, ha añadido, de la primera vez en la historia judicial española que se reclama información «que está bajo secreto pontificio».
«La petición es desproporcionada y responde a una absoluta falta de pruebas, si es que la jurisdicción penal no es capaz por sí misma de acreditar un hecho», ha opinado Muriel.
En una providencia, según informaron fuentes del caso, el juez Antonio Moreno tomó la decisión tras observar en la documentación remitida con anterioridad que se habían «omitido» las referidas declaraciones e interrogatorios escritos de los religiosos sobre los que se inició el expediente eclesiástico.
En su resolución, el juez entendía que dichas comparecencias debían obrar «de forma escrita», a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, y que en el caso de Granada dieron incluso lugar a resoluciones de suspensión de funciones para algunos de los investigados.
El instructor requiere «de forma definitiva» al Arzobispo Martínez que le facilite la documentación integra de los interrogatorios y el informe escrito que se derivaría de los mismos, en relación a las personas implicadas y respecto a las que se siguió expediente canónico.
(Rd/Agencias)
