La cifra clave que demuestra cómo Pedro Sánchez empobrece a España: casi un 25% más de ingreso mínimo vital

La máquina recaudadora de Pedro Sánchez no tiene fin.

Ni tampoco su capacidad para arruinar a los españoles.

El Gobierno informa en su página web del incremento de un 22,3% en el número de perceptores del Ingreso Mínimo Vital entre marzo de 2024 y marzo de 2025.

En cifras totales, el número de personas que reciben esta ayuda ha subido en más de 128.000 en el último año. Además, el Ejecutivo presume de que más de 703.000 hogares donde viven 2,1 millones de personas cobran esta paga.

Si acudimos al informe de la Unión Sindical Obrera relativo al mes de marzo sobre la evolución del desempleo, vemos que 1,7 millones de personas están cobrando prestación por paro. Y este mismo sindicato cifra el total de personas en paro en nada menos que 3,9 millones de trabajadores, una cifra que está muy lejos de los 2,5 millones de desempleados que reconoce el Gobierno. El maquillaje de la realidad del mercado laboral se ha convertido en algo cotidiano.

Haciendo cruce de datos entre las cifras que da el Ejecutivo y las de la USO, prácticamente cuadran los 3,9 millones de desempleados reales con los 2,1 millones que perciben el IMV y los 1,7 millones que cobran la prestación por desempleo.

Este paro estructural en la Economía española tiene difícil solución cuando vemos los informes del Consejo General de Economistas que denuncian que la asfixia normativa y la alta fiscalidad impiden crecer y crear empleo al 92% del tejido productivo español que está formado por pequeñas y medianas empresas.

Así, el exceso de normativas para las empresas y la creación o subida de hasta 91 figuras tributarias llevada a cabo por el Gobierno suponen un coste para la Economía española de nada menos que 230.000 millones de euros. Sólo por el exceso de leyes, las empresas españolas tienen que asumir un total de 90.000 millones de euros en sobrecostes, lo que equivale a 4.660 euros por cada pyme.

Si a esto sumamos los datos del indicador de fiscalidad de la Comisión Europea analizados por el Instituto Juan de Mariana, vemos que la presión tributaria en nuestro país se ha disparado en 127.744 millones de euros en términos nominales. Traducido a incremento fiscal per cápita, cada español de media ha tenido que asumir un incremento de 2.627 euros anuales en impuestos.

Con este cuadro macro, el Consejo General de Economistas ha denunciado que el coste de oportunidad en términos de creación empleo es muy elevado. Sólo el exceso normativo impedirá crear nada menos que 100.000 puestos de trabajo en la próxima década.

A eso hay que sumar que los elevados impuestos restan poder adquisitivo a los españoles y por tanto, la posibilidad de que la economía crezca en base a demanda real de productos y servicios se desvanece.

España está inmersa en una espiral de pobreza en la que la excesiva intervención con leyes innecesarias por un lado y la fiscalidad confiscatoria por otro, provocan que cada vez más personas no puedan subsistir por sus propios medios y tengan que recurrir a ayudas públicas para malvivir.