La Justicia permite a Trump seguir usando como arma los aranceles… al menos temporalmente

La batalla legal sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a principios de abril de 2025 ha dado un nuevo giro.

Tras ser declarados ilegales por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos el pasado miércoles, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal ha emitido una orden temporal que permite que estos gravámenes se mantengan vigentes mientras se consideran los argumentos de ambas partes.

Esta decisión profundiza la incertidumbre en torno a la política comercial de la administración Trump, que ha convertido los aranceles en la piedra angular de su estrategia económica internacional.

El presidente había calificado el 2 de abril como «Día de la Liberación», fecha en la que impuso aranceles a prácticamente todas las naciones extranjeras, con especial dureza hacia China, donde las tasas llegaron hasta el 145% para algunos productos.

El conflicto legal sobre los aranceles

El núcleo de la disputa legal gira en torno a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que según el Tribunal de Comercio Internacional no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles tan amplios y generalizados. Esta interpretación fue respaldada por un segundo tribunal federal, cuando el juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de DC también determinó que «La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no permite al Presidente implementar los aranceles descritos» en las órdenes ejecutivas firmadas este año.

Sin embargo, la administración Trump ha reaccionado con rapidez. Además de apelar inmediatamente la decisión, el gobierno ha sugerido que podría acudir directamente a la Corte Suprema si los tribunales inferiores no actúan con celeridad. Esta determinación refleja la importancia que estos aranceles tienen para la agenda económica del presidente.

Implicaciones económicas y alternativas legales

Los economistas han advertido que la incertidumbre generada por esta batalla legal podría escalar en los próximos días. Como señaló Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics: «En este momento, cualquiera puede adivinar si estos aranceles tan impopulares serán restablecidos en apelación o por la Corte Suprema».

Mientras tanto, la administración Trump está evaluando rutas alternativas para reimplementar estos gravámenes en caso de que la apelación no prospere. Según análisis de Goldman Sachs, el presidente podría recurrir a:

• La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permitiría imponer aranceles de hasta un 15%, aunque limitados a 150 días
• Una sección de la Ley de Comercio de 1930 que autorizaría aranceles de hasta el 50% sobre importaciones de naciones que discriminen contra Estados Unidos
• Ampliar los aranceles de la Sección 232, que Trump ya ha utilizado para el acero, aluminio y automóviles, para cubrir otros sectores

Impacto en consumidores y empresas estadounidenses

Esta situación genera una capa adicional de incertidumbre para las empresas estadounidenses, que son las responsables de pagar estos aranceles cuando las mercancías importadas llegan a los puertos del país. Aunque la tasa arancelaria efectiva es ahora menor debido al bloqueo judicial, sigue siendo significativamente más alta que antes de la actual administración Trump.

Los economistas coinciden en que la mayor parte o la totalidad de estos aranceles se trasladan a los consumidores en forma de precios más altos, lo que ha llevado a pronosticar una inflación más elevada para 2025. Esta preocupación se mantiene vigente mientras continúa la batalla legal.

Un panorama comercial incierto

La intervención de la Corte de Apelaciones profundizará el caos en torno a la orden del Tribunal de Comercio Internacional, que amenazaba con trastornar el comercio global. Los abogados del Departamento de Justicia habían suplicado al juez Contreras que denegara la solicitud de medida cautelar de las empresas demandantes, argumentando que podría servir como un «imán» que alentaría a innumerables otros negocios a impugnar los aranceles.

Mientras tanto, el juez Contreras, que calificó los aranceles como «ilegales», pospuso su decisión por un período de 14 días para permitir a las partes involucradas la oportunidad de solicitar una revisión de la Corte de Apelaciones.

La agenda comercial de Trump depende en gran medida de estos aranceles generalizados, que según ha prometido, ayudarán a recuperar empleos manufactureros estadounidenses y generarán billones en nuevos ingresos para las arcas federales. Sin embargo, el resultado final de esta batalla legal sigue siendo incierto, y podría tener profundas implicaciones tanto para la economía estadounidense como para el comercio global.

Para las empresas y consumidores estadounidenses, la montaña rusa legal significa que deberán seguir lidiando con un entorno comercial volátil e impredecible durante los próximos meses, mientras los tribunales deciden el destino final de la política arancelaria de Trump.