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En los últimos años, España está viviendo una preocupante transformación en su estructura social y económica que afecta directamente a la movilidad social, ese “ascensor” que permite a las personas mejorar su posición socioeconómica. Según datos recientes, el porcentaje de ciudadanos que se sitúan en la clase baja y media-baja ha aumentado hasta alcanzar el 28% de la población, un dato que alerta sobre el retroceso del ascensor social y la creciente dificultad para que las familias mejoren su nivel de vida.
Actualmente, el 46% de los españoles se considera parte de la clase media, pero esta franja se está estrechando debido a las presiones económicas derivadas de la inflación persistente, el estancamiento salarial y el encarecimiento del coste de vida. Por otro lado, la clase alta y media-alta agrupa al 26% de la población, un segmento con mejor capacidad para resistir estos embates económicos. Esta realidad refleja un claro crecimiento del grupo vulnerable, compuesto por quienes tienen ingresos bajos o medios bajos, lo que dificulta su acceso a servicios básicos, ahorro y oportunidades para progresar.
La definición oficial de clases sociales en España se basa en los ingresos mensuales relativos a la mediana salarial. En 2025, según la OCDE y datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para considerarse clase media es necesario tener unos ingresos entre 1.343 euros y 3.581 euros mensuales brutos. Por debajo de ese umbral inferior se encuentra la clase baja, mientras que por encima del límite superior está la clase alta.
Esta clasificación no solo marca diferencias en poder adquisitivo sino también en calidad de vida, acceso a vivienda o educación y capacidad para afrontar imprevistos. Según el último Observatorio Cofidis, un 25% de los hogares españoles no podría hacer frente a gastos inesperados de 5.000 euros, lo que evidencia una fragilidad económica creciente en las clases bajas y medias bajas. Además, un 31% de las familias con hijos sobrevive con menos de 2.000 euros al mes, lo que sitúa a muchas familias al borde de la exclusión social.
El aumento del coste de vida sin una adecuada indexación salarial agrava esta situación. A pesar de algunos incrementos en los salarios mínimos interprofesionales y convenios colectivos, no compensan el impacto real de la inflación sobre los precios básicos como alimentación, energía o vivienda. Esto provoca que muchos hogares desciendan desde la clase media hacia estratos más bajos, perdiendo capacidad de ahorro y estabilidad financiera.
Este fenómeno tiene efectos directos en la movilidad social ascendente: las generaciones más jóvenes encuentran cada vez más difícil mejorar su posición económica respecto a sus padres. Los obstáculos incluyen empleos precarios o mal remunerados, dificultad para acceder a una vivienda digna o limitaciones para invertir en educación superior o formación profesional.
El retroceso del ascensor social impacta especialmente en regiones con mayores desigualdades económicas y niveles salariales más bajos, como algunas comunidades autónomas del sur y zonas rurales donde los salarios medianos son inferiores a la media nacional. En estas áreas se concentra gran parte del crecimiento poblacional en clases bajas y medias bajas.
En contraposición, las clases altas mantienen un porcentaje estable alrededor del 26%, beneficiándose de mayores ingresos, patrimonio acumulado y acceso a servicios privados. Esta dualidad creciente entre grupos favorecidos y vulnerables contribuye a una sociedad más polarizada.
En resumen:
- El ascensor social en España muestra signos claros de desaceleración e incluso retroceso.
- La clase baja y media-baja suma ya el 28% de la población española.
- El 46% se identifica como clase media pero con dificultades crecientes para mantener o mejorar su estatus.
- La clase alta y media-alta representa alrededor del 26%, manteniendo estabilidad relativa.
- La inflación persistente y el estancamiento salarial son factores clave que erosionan las rentas medias.
- Un número significativo de familias no puede afrontar gastos imprevistos ni ahorrar adecuadamente.
Esta situación exige una reflexión profunda sobre políticas públicas orientadas a proteger el poder adquisitivo, facilitar el acceso a vivienda asequible y promover empleos dignos con salarios adecuados para recuperar la movilidad social como motor fundamental del progreso individual y colectivo.
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