La edad de jubilación sube en España a 66 años y 8 meses para quienes no cumplan con los nuevos requisitos en 2025

La llegada de 2025 marca un nuevo capítulo en el sistema de pensiones español.

Desde el 1 de enero, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 66 años y 8 meses para quienes no cumplan con los requisitos de cotización más estrictos que exige la última reforma.

Este aumento, dos meses más que en el año anterior, responde a la hoja de ruta pactada en 2011, con la vista puesta en la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional y los retos económicos actuales.

El cambio no afecta por igual a todos. Aquellos que acrediten menos de 38 años y tres meses cotizados deberán esperar hasta esa nueva edad legal para retirarse.

En cambio, los trabajadores con carreras laborales largas —al menos 38 años y tres meses de cotizaciones— podrán mantener su derecho a jubilarse a los 65 años sin penalización.

Esta dualidad busca reconocer trayectorias laborales extensas y fomentar carreras contributivas largas.

El calendario progresivo hacia los 67 años

La subida de la edad de jubilación ordinaria no es una medida aislada. Forma parte de un proceso gradual iniciado hace más de una década, que culminará en 2027, cuando la edad legal alcanzará los 67 años para quienes no alcancen el periodo amplio de cotización requerido. De este modo, cada año supone un escalón adicional hacia ese objetivo final:

• 2025: 66 años y 8 meses (si no se llega a los 38 años y tres meses cotizados)
• 2026: 66 años y 10 meses
• 2027: 67 años

Este calendario progresivo pretende aliviar la presión financiera sobre el sistema público, ante una generación del baby boom que se va incorporando masivamente a la jubilación.

Nuevos requisitos: ¿qué implica para cobrar el 100%?

No basta con cumplir la edad. La cuantía íntegra de la pensión —el ansiado 100% de la base reguladora— exige cumplir otros hitos. En 2025, quien aspire a esa pensión completa deberá acreditar un mínimo de 36 años y seis meses cotizados. Sin embargo, para anticipar la jubilación a los 65 años, como hemos visto, se exigen al menos 38 años y tres meses.

El acceso a cualquier tipo de pensión contributiva mantiene otro requisito histórico: al menos 15 años cotizados, con dos dentro del último cuarto de siglo antes de solicitar el retiro. Esto garantiza cierto vínculo reciente con el mercado laboral.

En cuanto al cálculo económico, desde hace tres ejercicios se toma como referencia la base reguladora calculada sobre los últimos 25 años cotizados (300 meses). Esta fórmula permanecerá vigente durante todo 2025. A partir del próximo año se introducirán modificaciones con un modelo dual que permitirá computar las mejores bases dentro de un periodo ligeramente superior.

Un repaso visual: edades y requisitos (2025)

Reformas e incentivos: ¿qué busca el nuevo sistema?

La reforma que endurece estos requisitos persigue varios objetivos:

• Asegurar la viabilidad financiera del sistema público ante el incremento del gasto por envejecimiento.
• Fomentar carreras contributivas largas mediante incentivos económicos y flexibilidad en las modalidades de retiro.
• Adaptar las reglas a trayectorias laborales más dispares, reconociendo los periodos discontinuos o las interrupciones laborales por causas familiares o personales.
• Introducir mecanismos automáticos para revalorizar las pensiones conforme al IPC anual, garantizando cierto poder adquisitivo frente a la inflación.

De hecho, este año las pensiones contributivas han experimentado una revalorización del 2,8%, mientras que las mínimas han subido un 6%. Las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital han visto aumentos aún mayores, hasta un 9%, reflejando una apuesta por proteger a los colectivos más vulnerables frente al encarecimiento del coste de vida.

Jubilación anticipada o demorada: opciones bajo lupa

La flexibilidad también es una baza importante. La legislación permite:

• Jubilarse anticipadamente (voluntaria) desde los 64 años y ocho meses si se han cotizado al menos 35 años, aunque aplicando coeficientes reductores sobre la cuantía final (entre un 2,81% y un máximo del 21% según los casos).
• Adelantar aún más (involuntaria) por causas ajenas al trabajador —despidos colectivos o ERE— desde los 62 años y ocho meses o incluso antes si concurren circunstancias especiales.
• Retrasar voluntariamente el retiro más allá de la edad legal, lo que genera incentivos adicionales en forma de incrementos porcentuales sobre la base reguladora o incluso pagos únicos.

Estas fórmulas permiten cierta adaptación individual frente a las necesidades personales o familiares.

El reto demográfico y económico tras las reformas

Las reformas introducidas responden a una realidad demográfica: en España hay cada vez más personas mayores y menos trabajadores activos por pensionista. Según proyecciones oficiales, este desequilibrio aumentará en las próximas décadas, poniendo bajo presión las finanzas públicas si no se toman medidas correctivas.

Por eso, elevar progresivamente tanto la edad legal como los periodos mínimos busca repartir ese esfuerzo entre generaciones y mitigar el riesgo futuro. No obstante, estas medidas también suscitan debates sociales sobre su impacto real en colectivos con trayectorias laborales irregulares o en sectores con mayor desgaste físico.

En resumen:

• La edad ordinaria para jubilarse sube a 66 años y ocho meses salvo largas carreras contributivas.
• Cobrar el 100% exige ahora casi cuatro décadas trabajando.
• Las reglas seguirán endureciéndose hasta fijar los 67 años como norma general en apenas dos ejercicios.
• La sostenibilidad del sistema depende ahora tanto del empleo joven como del éxito de estas reformas para equilibrar cuentas públicas.

Este contexto obliga a millones de trabajadores españoles a repensar su planificación financiera personal y profesional ante una jubilación que cada vez llega más tarde pero promete mayor seguridad si se cumplen todos los nuevos requisitos legales.