Palo en los morros Yolanda Díaz, porque el Gobierno Sánchez se ‘caga’ con Junts y aplaza la reducción de la jornada

El anuncio era claro: Yolanda Díaz quería dejar atada su gran bandera social antes del verano.

Pero a mediados de julio, el Gobierno ha tenido que reconocer que no hay apoyos suficientes para sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

El motivo, en esta ocasión, tiene nombre propio: Junts per Catalunya. La formación liderada por Carles Puigdemont se niega a avalar el proyecto en el pleno previsto para el 22 de julio, lo que ha obligado al Ejecutivo a postergar la votación al periodo de sesiones que arranca en septiembre.

El aplazamiento supone un duro golpe para Díaz y deja en evidencia la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, que ve cómo una medida pactada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar vuelve a quedar bloqueada por los equilibrios con sus socios catalanes.

Además, el clima político se ha enturbiado tras el estallido del caso Cerdán, lo que hace temer en Moncloa que cualquier debate parlamentario se convierta en un plebiscito sobre el propio Gobierno más que sobre los méritos de la reforma laboral.

Junts marca el ritmo: presión empresarial y estrategia política

La posición de Junts no es nueva, pero se ha endurecido en las últimas semanas. La formación rechaza frontalmente la ley tal como está planteada, alegando que “se ha hecho solo con los sindicatos españoles” y dejando fuera a las pequeñas y medianas empresas catalanas. Así lo expresó su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, remarcando su preocupación por el impacto económico en la clase media catalana y en los sectores más vulnerables al cambio.

Detrás del bloqueo hay una presión creciente de las patronales catalanas, especialmente activas en las negociaciones. Temen que la reducción horaria, sin compensaciones adecuadas o flexibilidad suficiente, lastre la competitividad y dificulte el día a día de las empresas más pequeñas. El mensaje es claro: si no hay cambios sustanciales, Junts no dará su brazo a torcer.

Esto coloca a Yolanda Díaz en una posición delicada. La ministra confiaba en una aprobación exprés antes del verano, tras meses de negociaciones arduas con sindicatos y empresarios. Pero se encuentra ahora obligada a redoblar esfuerzos para convencer a Junts —y al menos también al PNV— si quiere salvar su proyecto estrella antes de que termine 2025.

El contenido del proyecto: jornada máxima y registro horario digital

El texto legal prevé:

• Reducción directa de la jornada máxima ordinaria a 37,5 horas semanales
• Obligatoriedad del registro horario digital, accesible para Inspección de Trabajo
• Derecho efectivo a la desconexión digital
• Ayudas específicas para micropymes (hasta 375 millones) para facilitar la transición

Esta reducción implica, indirectamente, un aumento salarial: menos horas trabajadas sin merma retributiva. Es un cambio relevante especialmente para los trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, los escollos son múltiples:

• La patronal nunca ha respaldado el acuerdo.
• Los agentes sociales no han logrado consensuar aspectos clave como flexibilidad o límites a las horas extra.
• El calendario político ha jugado siempre en contra: primero por falta de tiempo para aprobar las 38,5 horas en 2024 (que ya se da por perdido), después por los rifirrafes internos entre Trabajo y Economía sobre cómo aplicar la norma.

Un proceso accidentado y sin garantías

El camino hasta aquí ha sido accidentado:

• Negociaciones largas con sindicatos (que sí firmaron un acuerdo) y patronal (que se desmarcó)
• Discrepancias internas entre ministerios
• Un texto finalmente tramitado por vía urgente gracias al empeño personal de Díaz
• Ahora, choque frontal con Junts y amenaza real de tumbar toda la ley si prospera su enmienda a la totalidad

La debilidad parlamentaria es evidente: sin mayoría suficiente, cada socio impone condiciones casi imposibles. El caso del acuerdo PSC–ERC en Barcelona —para impulsar el “cupo catalán”— añade tensión adicional al tablero nacional e incrementa el coste político para Sánchez cada vez que necesita apoyos puntuales.

Lo que viene tras el verano

El futuro inmediato pasa por nuevas negociaciones:

• Trabajo busca convencer a Junts retirando o modificando su enmienda.
• El Gobierno intentará blindar un mínimo consenso con PNV y otros aliados.
• No se descartan nuevas concesiones o ayudas adicionales para pymes catalanas.

Mientras tanto:

• Las empresas siguen pendientes sin saber cuándo ni cómo deberán adaptar jornadas ni sistemas digitales.
• Los trabajadores ven alejarse una promesa política presentada como inminente hace apenas unos meses.
• Los sindicatos presionan para evitar más retrasos; las patronales insisten en flexibilizar o diluir al máximo la reforma.

La cuestión sigue abierta: ¿logrará Yolanda Díaz salvar su gran reforma? ¿O será otro ejemplo más del peaje que exige gobernar con mayorías frágiles? Lo único seguro es que septiembre será decisivo para saber si España avanza finalmente hacia una jornada laboral más corta —y bajo qué condiciones— o si todo queda, una vez más, postergado ante los vaivenes parlamentarios.