La España de Sánchez bate récord de ‘enchufados’: el marido de Begoña suma ya 1.289 asesores y 11.772 funcionarios a dedo

El aumento del personal de confianza y de los funcionarios designados sin oposición marca un nuevo récord bajo el mandato de Pedro Sánchez. Según los datos oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a fecha de 1 de junio, el Gobierno cuenta ya con 1.262 asesores y empleados de confianza, lo que supone 52 más que al inicio de la legislatura. A esto hay que sumar los 1.289 funcionarios nombrados por libre designación, un incremento de 900 respecto a mediados de 2023. La suma total roza los 11.772 funcionarios nombrados a dedo, consolidando una tendencia al alza que no muestra signos de frenarse.

Este crecimiento no es homogéneo: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes concentra casi la mitad del total, con 613 asesores, muy por encima del resto de carteras. Además, el número de altos cargos también ha alcanzado cifras históricas: actualmente son 799 los puestos ocupados en la cúpula ministerial.

¿Quién paga la factura? El impacto presupuestario

La expansión del personal político tiene un coste directo sobre las arcas públicas. En el último ejercicio, la partida destinada a sueldos de asesores y cargos del Ejecutivo ha superado los 166 millones de euros, un 44% más que en 2018, cuando Sánchez llegó por primera vez a La Moncloa. Solo el gasto en asesores ha pasado de 43,9 millones a 78,2 millones en estos años.

• Gasto en asesores (2018): 43,9 millones €
• Gasto en asesores (2024): 78,2 millones €
• Incremento total nóminas (2018-2024): +44%
• Nómina total personal confianza/cargos (2024): +166 millones €

Este aumento se produce en un contexto económico delicado, con incertidumbre sobre la evolución del PIB y presiones crecientes sobre las cuentas públicas. La percepción social es cada vez más crítica: se calcula que cerca de 20 millones de contribuyentes soportan con sus impuestos a más de 48 millones de personas, entre pensionistas, desempleados y empleados públicos. Esta proporción alimenta el debate sobre la sostenibilidad del modelo.

Cargos a dedo y libre designación: ¿qué está pasando?

El sistema español permite cubrir determinados puestos —especialmente aquellos considerados “de confianza”— mediante libre designación o nombramiento directo por parte del Gobierno. Esta prerrogativa se ha convertido en una herramienta clave para consolidar apoyos políticos internos y externos, especialmente en un momento en que el Ejecutivo depende cada vez más de alianzas parlamentarias frágiles.

Las cifras actuales reflejan un uso intensivo —calificado por algunos expertos como abuso— del sistema:

• Asesores eventuales: mayoría con nivel 30 (el máximo rango administrativo).
• Funcionarios libres designación: roles clave en ministerios y organismos estratégicos.
• Altos cargos: nunca antes se había alcanzado una cifra tan elevada.

Este fenómeno no solo genera tensiones internas dentro del funcionariado, sino que también aviva las críticas externas sobre la falta de meritocracia y transparencia.

Contexto político: alianzas y escándalos

La proliferación de nombramientos coincide con una etapa marcada por:

• Escándalos recientes relacionados con presunta corrupción en altas instancias políticas.
• La necesidad del Gobierno socialista de asegurar apoyos parlamentarios mediante concesiones a otros partidos.
• Un clima político polarizado donde cada decisión sobre personal es analizada al milímetro por la oposición.

En este contexto, la estrategia pasa por reforzar equipos ministeriales fieles y garantizarse “lealtades” internas para sobrevivir a posibles crisis políticas. El caso reciente del contrato adjudicado por el Ministerio del Interior a la tecnológica china Huawei —que ha puesto en alerta incluso a los servicios secretos estadounidenses— ilustra hasta qué punto las decisiones discrecionales pueden tener repercusiones internacionales.

El debate social: percepción ciudadana y retos para el futuro

El crecimiento continuo del personal político genera rechazo social entre amplias capas ciudadanas. Se percibe como una estructura “sobredimensionada”, alejada de las prioridades reales del país:

• Preocupación por el coste fiscal directo.
• Dudas sobre la eficiencia y profesionalización de la Administración.
• Sensación de desigualdad frente al acceso meritocrático tradicional.

Además, muchos ven en este fenómeno un síntoma del agotamiento institucional: una democracia madura debería primar la transparencia y limitar los espacios para el clientelismo o los favores políticos.

Claves para entender el fenómeno

LD = Libre Designación

Mirando al horizonte

El fenómeno no parece tener freno inmediato mientras persista la fragmentación política y la presión interna sobre el Ejecutivo. El reto será encontrar un equilibrio entre la necesidad legítima de rodearse de equipos afines para implementar políticas y la obligación democrática de garantizar un acceso justo e igualitario al empleo público.

El debate está servido. Los próximos meses serán clave para saber si esta tendencia se consolida o si, ante la presión social e institucional, se impone cierta contención en el gasto político y una mayor transparencia en los procesos administrativos.