PP juega fuerte pensando en las elecciones y propone que los menores de 40 años puedan acceder a hipotecas por valor del 100% de la vivienda

La jugada es perfecta.

No porque este ahí el gran caladero de votos, porque los numerosos son los mayores de 65 años, sino porque el mensaje es tan simple como atractivo.

La accesibilidad a la vivienda es, hoy más que nunca, uno de los grandes retos sociales y económicos en España.

El precio del metro cuadrado sigue marcando máximos históricos en muchas ciudades, mientras que los salarios y las condiciones laborales dificultan la emancipación de los jóvenes.

En este contexto, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han puesto sobre la mesa una propuesta que busca cambiar las reglas del juego: permitir que los menores de 40 años accedan a hipotecas por el 100% del valor de la vivienda, con el respaldo de avales públicos.

Esta iniciativa forma parte del paquete de medidas remitido al Gobierno para negociar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2025-2029.

El planteamiento va más allá de las ayudas tradicionales al alquiler: pretende devolver protagonismo a la propiedad, recuperando el modelo que hizo de España un país mayoritariamente de propietarios durante las últimas décadas del siglo XX.

Claves de la propuesta: avales, incentivos y menos intervención

Las líneas maestras impulsadas por las comunidades populares se resumen en:

• Avales públicos para que los bancos puedan conceder hipotecas cubriendo hasta el 100% del precio de compraventa a menores de 40 años que adquieran su primera vivienda.
• Facilitación del acceso al crédito, especialmente para quienes no disponen del ahorro necesario para cubrir la tradicional entrada del 20-30%.
• Recuperación de incentivos fiscales y urbanísticos dirigidos a promotores, constructores y cooperativas para incrementar la oferta residencial.
• Eliminación de intervenciones en los precios (como topes o regulaciones) y refuerzo de la seguridad jurídica frente a fenómenos como la ocupación ilegal.
• Agilización administrativa y reducción de trabas burocráticas para acelerar la construcción y rehabilitación.

La propuesta también reclama al Ejecutivo central una mayor implicación financiera y una revisión profunda de la actual Ley de Vivienda, señalada por los populares como fuente de «inseguridad» para propietarios e inversores.

¿Por qué ahora? Contexto económico y social

El foco sobre los jóvenes no es casual. Según datos recientes, la edad media de emancipación en España ronda los 30 años, muy por encima de otros países europeos. Las dificultades para ahorrar lo suficiente como para afrontar una entrada hipotecaria —que suele rondar los 30.000 euros incluso en ciudades medianas— actúan como principal barrera.

Además:

• Los precios han crecido muy por encima del poder adquisitivo medio.
• El alquiler tampoco ofrece alternativas asequibles: en zonas tensionadas, representa más del 40% del sueldo neto medio.
• Los bancos mantienen criterios estrictos tras las crisis financieras pasadas; rara vez financian más allá del 80% sin avales adicionales.

En este panorama, ofrecer avales públicos a jóvenes con empleo estable podría desbloquear el acceso a decenas de miles de potenciales compradores cada año.

Riesgos y advertencias: ¿puede salir caro?

La propuesta ha generado debate entre expertos y entidades financieras:

• Conceder hipotecas por el 100% del valor recuerda prácticas previas a la crisis financiera global. Entonces, muchas familias se vieron atrapadas con préstamos excesivos respecto al valor real del inmueble cuando el mercado cayó.
• Los bancos suelen evitar estas operaciones porque incrementan el riesgo ante impagos o caídas súbitas en los precios.
• Avalar masivamente desde lo público podría suponer un coste elevado para el Estado si aumentan los impagos o se produce una burbuja inmobiliaria.

Por otro lado, algunos economistas advierten que facilitar crédito sin aumentar sustancialmente la oferta residencial podría presionar aún más al alza los precios, beneficiando sobre todo a promotores y vendedores actuales.

¿Cómo encaja con el nuevo Plan Estatal?

El Gobierno central ya trabaja en el próximo Plan Estatal de Vivienda, cuyo borrador fija como prioridades:

• Construir más vivienda pública.
• Mejorar la eficiencia energética y accesibilidad del parque actual.
• Adelantar la edad media de emancipación juvenil.
• Reducir el esfuerzo financiero necesario para acceder a una vivienda.
• Revertir zonas tensionadas mediante aumento de oferta y regulación.

La propuesta popular coincide en algunos objetivos —especialmente facilitar la compra entre jóvenes— pero choca frontalmente con medidas intervencionistas como los topes al alquiler o las reservas obligatorias para vivienda protegida. Mientras tanto, desde Moncloa se insiste en mantener ayudas directas al alquiler y programas sociales focalizados en colectivos vulnerables.

La visión popular: recuperar “la España de propietarios”

Para las comunidades populares, volver a impulsar la compra (frente al alquiler) es clave tanto social como políticamente:

• Refuerza el arraigo local y el desarrollo familiar.
• Protege frente a subidas futuras tanto en alquiler como en intereses.
• Fomenta un tejido social más estable.

Se apela además al “modelo exitoso” español previo a 2008, donde amplios sectores sociales pudieron acceder a vivienda propia gracias a políticas urbanísticas expansivas e incentivos fiscales. Sin embargo, ese mismo modelo es señalado por sus críticos como germen de la burbuja inmobiliaria.

¿Qué opinan bancos y expertos?

Las entidades financieras ven con cautela cualquier iniciativa que suponga elevar su exposición crediticia sin garantías adicionales. Valoran positivamente que sea la administración quien asuma parte del riesgo mediante avales públicos, pero insisten en mantener criterios prudentes:

• Evaluaciones rigurosas sobre solvencia real.
• Límites claros sobre niveles máximos financiables según perfil del comprador.
• Revisión periódica del impacto fiscal y presupuestario si se dispararan los impagos.

Algunos economistas sugieren complementar estos avales con políticas activas para aumentar realmente la oferta residencial: suelo público, colaboración público-privada e incentivos reales a nuevos desarrollos urbanos.

Perspectivas: ¿qué puede cambiar?

El debate está servido. Si finalmente se aplican estas medidas —y especialmente si logran coordinación entre Estado y comunidades— podríamos ver:

• Un repunte significativo en operaciones hipotecarias entre menores de 40 años.
• Presión sobre promotores e inversores para desarrollar nuevas viviendas adaptadas a este segmento.
• Un entorno financiero donde bancos asuman menos riesgo directo gracias al respaldo estatal.

Sin embargo, muchos advierten que sin control efectivo ni aumento suficiente en oferta residencial, esta política podría derivar en nuevas tensiones sobre los precios o incluso allanar el terreno para nuevas burbujas inmobiliarias.

Mientras tanto, miles de jóvenes siguen esperando señales claras que les permitan dar el salto definitivo hacia su primera vivienda propia.