Inspectores y técnicos de Hacienda plantan cara a ‘Chiqui’ Montero y se niegan al traslado forzoso a la Agencia Tributaria de Cataluña

Se esta alborotando el gallero.

Pero entero y en todos los rincones.

La noticia ha sacudido los despachos y pasillos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Barcelona y otras ciudades catalanas: los inspectores y técnicos de Hacienda han mostrado su rechazo frontal a cualquier intento de traslado forzoso a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), una medida que surge tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para implantar un nuevo modelo de financiación singular en la comunidad autónoma.

El pacto prevé que la ATC asuma la recaudación directa de todos los impuestos generados en Cataluña, un hito que supondría un vuelco sin precedentes en la estructura fiscal española.

Este movimiento ha encendido todas las alarmas entre los cerca de 4.000 empleados de la AEAT destinados actualmente en Cataluña, incluidos unos 300 inspectores.

Para muchos, el escenario es claro: no quieren ser “moneda de cambio” en negociaciones políticas ni que se vulnere su autonomía profesional ni sus derechos adquiridos como funcionarios estatales.

Así lo ha señalado con contundencia la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que advierte que cualquier traspaso general o forzoso constituye “un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores”.

Argumentos sindicales: razones profesionales y personales

El rechazo al traslado no es solo institucional. Los sindicatos, como Gestha, que agrupa a los técnicos, han detallado que la mayoría del personal estatal asignado a Cataluña proviene de promociones recientes y no tiene arraigo local, lo que complica aún más un eventual traspaso voluntario. Según cifras recientes:

• Solo un 10% de los inspectores estatales destinados en Cataluña son originarios de la región.
• En el último concurso interno, aproximadamente un 25% del cuerpo solicitó cambio a otras comunidades, una dinámica habitual ya que muchos buscan regresar a sus lugares de origen cuando pueden hacerlo.

Además, desde Gestha se advierte que ni siquiera mejores condiciones salariales compensarían el escaso arraigo: “A pesar de cobrar menos que sus homólogos autonómicos, no se irán a la ATC por mayores retribuciones”, recalcan en su último comunicado. El sindicato vaticina que la ATC tendrá que aumentar su plantilla propia hasta unos 5.200 empleados para asumir plenamente tareas como el control del IRPF, dado el rechazo masivo entre los actuales empleados estatales.

Temor al fraccionamiento institucional y a la pérdida de eficacia

La inquietud va más allá del destino personal. Hay una preocupación real sobre las consecuencias para el sistema fiscal español. Desde la IHE se alerta sobre:

• El riesgo de fraccionar uno de los “pilares fundamentales” del sistema tributario nacional.
• La posible ruptura con el principio constitucional de igualdad fiscal entre españoles.
• El impacto negativo sobre la lucha contra el fraude y sobre la eficacia recaudatoria si se divide la gestión entre organismos con procedimientos y bases técnicas distintas.

En palabras recogidas entre delegados sindicales: “No vamos a poder impedir una fuga masiva si esto sigue adelante; sería un desastre total. La ATC no está preparada para gestionar impuestos complejos como IRPF o Sociedades”.

El trasfondo político y las incógnitas legales

El acuerdo Gobierno-Generalitat es visto por muchos como un paso más hacia una estructura fiscal autonómica reforzada y con mayor autonomía política. Se trata del tercer intento serio desde 2008 para convertir a Cataluña en un laboratorio fiscal propio, siguiendo modelos como el cupo vasco o navarro pero con mayor alcance competencial. El texto firmado incluye reformas legales pendientes –como cambios en el Código Tributario catalán– y contempla incluso la creación de nuevos cuerpos funcionariales autonómicos.

Pero surgen interrogantes clave:

• ¿Qué pasará con los miles de empleados estatales? Desde ERC se apuesta por negociar con sindicatos e incluso ampliar las ofertas públicas autonómicas para absorber parte del personal actual.
• ¿Qué garantías ofrece el Ministerio? Por ahora, tanto inspectores como técnicos exigen compromisos públicos claros para evitar cualquier traspaso forzoso. Reclaman respeto al régimen estatutario previsto para los funcionarios estatales según su propia ley orgánica.
• ¿Está preparada la ATC? Actualmente cuenta con unos 900 empleados frente a los 4.000 estatales presentes en Cataluña; según varios análisis internos, necesitaría reforzar plantillas y adaptar procedimientos para asumir su nueva misión recaudatoria integral.

Efectos prácticos: incertidumbre laboral y presión política

El clima interno es tenso. Fuentes internas describen “nerviosismo” y un sentimiento generalizado de incertidumbre tanto profesional como personal. Muchos funcionarios estatales ya han solicitado traslados por concurso o panel para evitar verse atrapados en una situación sin precedentes. Otros temen quedar relegados o ser absorbidos por una estructura nueva sin garantías plenas sobre condiciones laborales, antigüedad o reconocimiento profesional.

Mientras tanto, desde las cúpulas sindicales se insiste en buscar una solución dialogada, basada en colaboración institucional entre ambas agencias –estatal y catalana– pero sin imposiciones ni rupturas abruptas. La clave será encontrar un equilibrio entre las demandas políticas del nuevo modelo catalán y el respeto estricto a los derechos laborales consolidados.

Un conflicto abierto con impacto nacional

El pulso entre inspectores, técnicos y las autoridades políticas marca un nuevo episodio en las tensiones territoriales sobre financiación y gestión fiscal. Lo que suceda en las próximas semanas sentará precedente para futuros procesos similares en otras comunidades autónomas.

Por ahora, lo único seguro es que la resistencia interna es firme y está articulada tanto por razones profesionales como por defensa del modelo tributario nacional vigente. La presión política continuará creciendo a medida que se acerquen las fechas clave para implementar el acuerdo, mientras miles de funcionarios esperan certezas sobre su futuro inmediato.