Chivite acorralada por acusaciones de corrupción en tres contratos por un total de 91 millones de euros

El eco de la corrupción vuelve a sacudir la política de Navarra. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha puesto contra las cuerdas al Ejecutivo foral.

Su último informe revela “graves irregularidades” en tres contratos públicos que superan los 91 millones de euros, adjudicados a Servinabar, empresa en la que el socialista Santos Cerdán habría ostentado el 45% de las participaciones, según la investigación judicial.

Los contratos bajo sospecha salpican tanto la etapa de Uxue Barkos (Geroa Bai) como la de la actual presidenta, María Chivite, todos ellos en áreas clave como vivienda pública y grandes infraestructuras.

El informe oficial considera “nulas” las adjudicaciones. Se trata de dos contratos durante el mandato de Chivite, que suman más de 85 millones, y un tercero de 2018, bajo la presidencia de Barkos con el apoyo de los socialistas, por importe de 6,8 millones.

El escándalo ha reabierto el debate sobre los controles y la transparencia en la adjudicación de obra pública en la Comunidad Foral.

Las anomalías detectadas: entre la opacidad y la ilegalidad

La Oficina Anticorrupción detalla en su informe una batería de incumplimientos que van mucho más allá de simples errores administrativos. Entre las irregularidades más graves destacan:

• Ausencia de aprobaciones formales: En algunos expedientes no existió acto administrativo de aprobación del procedimiento, lo que según el informe es causa directa de nulidad.
• Falta de documentación esencial: Varias empresas licitadoras no aportaron la documentación básica, permitiéndose que una UTE (Unión Temporal de Empresas) no estuviera formalmente constituida al presentar su oferta.
• Procesos de valoración viciados: En la adjudicación del túnel de Belate (más de 62 millones de euros), se vulneraron principios esenciales del procedimiento. Las ofertas se valoraron por correo electrónico, sin reuniones válidas ni convocatorias formales, y los vocales entregaron puntuaciones antes de que el presidente fijara la suya.
• Incumplimiento de la Ley de Contratos Públicos: El organismo público Nasuvinsa, responsable de la vivienda pública, “ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo”, según el dictamen oficial.

El resultado: las adjudicaciones son consideradas nulas de pleno derecho y los procedimientos, “plagados de vicios legales”.

El caso no sólo pone el foco en la gestión administrativa, sino en las conexiones políticas y personales que rodean las adjudicaciones. El informe señala que en el momento de realizarse algunos de estos contratos trabajaban en Servinabar la pareja de Ramón Alzorriz (portavoz socialista y hombre de confianza de Chivite) y la hermana de Santos Cerdán. Además, el propio Cerdán habría declarado que utilizaron los contactos de su socio en Servinabar para conseguir el apoyo del PNV en la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.

Por su parte, la empresa Servinabar niega que Cerdán haya sido socio. Sin embargo, la Guardia Civil ha aportado documentos que demuestran la adquisición de un 45% de las participaciones por parte de Cerdán en 2016, con un contrato privado firmado y registrado. La controversia se agrava, pues la empresa insiste en su inocencia y en la legalidad de las adjudicaciones, mientras que el informe oficial y la investigación judicial sostienen lo contrario.

Esta situación de tensión por negar las pruebas irrefutables de corrupción, no se limita a los despachos. Anticorrupción ha reprochado al Gobierno de Chivite las represalias contra el denunciante de las irregularidades en el túnel de Belate. Lorenzo Serena, ingeniero que advirtió de las anomalías, fue trasladado a una nave industrial, en una decisión que el ente foral considera ilegal y motivada por su papel como denunciante. Este episodio ha reavivado el debate sobre la protección de los alertadores de corrupción y la cultura de la opacidad en la administración pública.

El escándalo, cuantitativamente, es muy grave porque más de 91 millones de euros en contratos ahora han sido declarados nulos y existen serias dudas de poder recuperar ese dinero y con el agravante de que las obras ya adjudicadas e iniciadas puedan concluirse. La polémica se extiende a la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea, ya que parte de las obras bajo sospecha se financiaron con estos recursos.

Las consecuencias políticas y legales son todavía imprevisibles. El Parlamento foral analiza ahora los dictámenes de Anticorrupción y prepara comparecencias clave, mientras los partidos de la oposición exigen explicaciones y responsabilidades. El Gobierno de Chivite, por su parte, trata de distraer la atención con el anuncio de una auditoría externa. Como si los informes de la Guardia Civil y de la Oficina Anticorrupción de Navarra no hubieran analizado los expedientes.

Claves del caso: datos y cronología

• 2018: Contrato de 6,8 millones para 62 viviendas protegidas en Ripagaina (Gobierno de Barkos, Geroa Bai).
• 2022-2024: Dos contratos bajo el mandato de Chivite, ambos superando los 85 millones, para vivienda pública y grandes obras de infraestructura.
• 2025: La Oficina Anticorrupción declara nulas las tres adjudicaciones tras detectar graves irregularidades.
• Participaciones: La Guardia Civil acredita documentalmente que Cerdán poseía el 45% de Servinabar en el momento de las adjudicaciones.
• Implicados: Políticos de primer nivel, familiares y altos cargos de empresas públicas.