Qué es el ‘despido restaurativo’ de Sumar, que se ha aprobado por la metida de pata de un diputado del PP

Arrancó como una jornada rutinaria en el Congreso de los Diputados y acabó con un giro inesperado: la aprobación, por un solo voto y gracias a un error de un diputado del Partido Popular, de la propuesta de Sumar sobre el llamado “despido restaurativo”.

El suceso ha reabierto un debate clave: ¿es suficiente la protección que ofrece la ley española ante el despido improcedente?

La aprobación de la PNL no implica una reforma automática, pero sí marca el inicio de un proceso político y social que puede desembocar en cambios significativos. A partir de octubre, el Ministerio de Trabajo abrirá la primera mesa de diálogo social dedicada en exclusiva a la reforma del despido restaurativo, un hito en la democracia española según ha declarado Yolanda Díaz.

• Se espera un proceso de negociación largo y complejo, con posturas muy distanciadas entre patronal y sindicatos.
• La reforma deberá concretar cómo se calcula la indemnización, qué daños pueden ser resarcidos y en qué casos se aplicará la readmisión obligatoria.

La votación accidental de un diputado ha puesto el foco sobre una de las cuestiones más sensibles del mercado laboral español, abriendo una ventana de oportunidad para revisar y fortalecer la protección de los trabajadores ante el despido.

El desenlace, aún incierto, promete mantener el debate laboral en el centro de la agenda política durante los próximos meses.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la noticia sigue generando reacciones en el ámbito político, sindical y empresarial.

El trasfondo es una cuestión de fondo: cómo equilibrar los derechos de los trabajadores con la flexibilidad que reclaman las empresas.

Qué significa “despido restaurativo” y por qué se propone

El concepto de despido restaurativo pretende ir más allá de la actual indemnización por despido improcedente. La propuesta de Sumar busca que el resarcimiento no sea solo económico, sino que repare de manera más amplia los daños sufridos por el trabajador, adaptando la indemnización a cada caso para que sea realmente justa y disuasoria para las empresas.

• Actualmente, la indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
• El modelo restaurativo plantea indemnizaciones que tengan en cuenta los daños y perjuicios reales sufridos por el trabajador, no solo los días trabajados.
• El objetivo es alinearse con los estándares europeos, que exigen que la indemnización sea suficientemente disuasoria y reparadora, según el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Desde los sindicatos UGT y CCOO se denuncia que la normativa española incumple la Carta Social Europea, ya que la indemnización actual no compensa los daños reales ni disuade suficientemente a las empresas de recurrir al despido como vía fácil.

El error que cambió el resultado

El episodio que ha dado pie a la aprobación de la propuesta es digno de la mejor crónica parlamentaria. El diputado del PP por Baleares, Joan Mesquida, votó por error a favor de la proposición no de ley (PNL) presentada por Sumar. El resultado: 171 votos a favor, 170 en contra y seis abstenciones.

• El PP, Vox y UPN votaron en contra.
• Junts se abstuvo y uno de sus diputados no estuvo presente.
• El PSOE y otras formaciones minoritarias apoyaron la propuesta.
• Sin el error, la iniciativa no habría prosperado, ya que no todos los diputados socialistas estaban presentes.

No es la primera vez que un error de este tipo resulta decisivo en el Congreso. En 2021, el exdiputado del PP Alberto Casero también votó por error a favor de la reforma laboral del Gobierno, aunque aquella vez la votación sí tenía efectos legislativos.

¿Tiene consecuencias legales inmediatas?

La votación que ha desatado la polémica no implica un cambio legislativo inmediato. Se trata de una proposición no de ley (PNL), es decir, una iniciativa que insta al Gobierno a iniciar el proceso de reforma, pero que no tiene efectos jurídicos directos ni se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

• El Gobierno, y en particular el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, se ha comprometido a abrir en octubre una mesa de diálogo social para negociar con sindicatos y patronal el contenido de la futura reforma.
• El texto aprobado no detalla cifras concretas ni mecanismos, solo marca el rumbo: indemnizaciones más disuasorias y restaurativas, en línea con Europa.

Contexto europeo y presión sindical

La presión para reformar el despido improcedente no es nueva. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha señalado en varias ocasiones que España incumple la Carta Social Europea al no garantizar indemnizaciones suficientemente altas. Además, los sindicatos llevan años reclamando que el despido improcedente deje de ser una “opción barata” para las empresas.

• En muchos países europeos, las indemnizaciones son más elevadas o dependen de factores como la edad, el salario o el daño sufrido.
• El debate gira en torno a si aumentar el coste del despido puede proteger mejor al trabajador o, por el contrario, desincentivar la contratación.

Controversias y posturas enfrentadas

El debate abierto por la propuesta de Sumar no es solo jurídico, sino profundamente político y económico:

• Empresarios alertan de que endurecer el despido puede encarecer la contratación y afectar la creación de empleo.
• Sindicatos insisten en que una indemnización justa es una garantía mínima de seguridad para los trabajadores y un freno a los despidos injustificados.
• Dentro del propio Gobierno existen diferencias sobre cómo interpretar y aplicar los estándares europeos, y hasta dónde debe llegar la reforma.