El PP impulsa en el Senado un cambio clave: cortar suministros a okupas dejará de ser delito de coacciones

La disputa política en torno a la ocupación ilegal de viviendas ha tomado un nuevo rumbo en el Senado, donde el Partido Popular ha decidido actuar ante el estancamiento que su Ley Antiokupación enfrenta en el Congreso.

Con la mayoría absoluta que poseen los populares en la Cámara Alta, se somete a votación una propuesta de ley que podría transformar la situación de miles de propietarios: cortar los suministros básicos —agua, luz y gas— en viviendas okupadas dejará de ser considerado un delito de coacciones.

La aprobación de esta iniciativa en el Senado parece asegurada gracias a la mayoría absoluta del PP. No obstante, para convertirse en ley necesitará superar las votaciones del Congreso, donde los apoyos de formaciones como Junts o PNV serán cruciales ante la fragilidad parlamentaria del Gobierno actual. No es primera vez que el PP utiliza su mayoría en la Cámara Alta para intentar revertir lo que considera una “desprotección absoluta” hacia los propietarios.

En ausencia de una legislación estatal clara, esta propuesta busca ofrecer respaldo jurídico a aquellos propietarios que hasta ahora se veían atrapados entre seguir pagando suministros a quienes ocupaban ilegalmente sus hogares o arriesgarse a enfrentar cargos por coacciones. La demanda por una reforma efectiva crece dentro del contexto actual marcado por dificultades para acceder a vivienda digna, aumento en los casos de okupación y sensación generalizada de impunidad.

Si finalmente sale adelante esta iniciativa del PP, marcará un cambio significativo en cómo se gestiona legalmente la okupación en España y promete abrir un nuevo capítulo tanto en la confrontación política como social acerca del derecho a la propiedad y la defensa de derechos fundamentales dentro del ámbito residencial.

El contexto: cifras al alza y foco en Cataluña

El PP fundamenta esta iniciativa en el incremento de casos y enfatiza que Cataluña acapara el 42% de las okupaciones registradas en España, con 7.009 incidentes solo durante el año pasado.

Este dato es especialmente relevante en un país donde, según los populares, se registraron 16.400 casos de usurpación y allanamiento de morada en 2024, lo que representa un aumento del 7,4% respecto al año anterior.

El problema, insisten, trasciende las estadísticas: constituye una “agresión ilegítima a los derechos del propietario”, un fenómeno que, tal como señala la portavoz popular Alicia García, afecta principalmente a ciudadanos que han trabajado durante años para adquirir una segunda vivienda y ahora se enfrentan a una doble victimización: primero por la ocupación y luego por la imposibilidad legal de cortar los suministros sin arriesgarse a ser penalizados.

¿Qué cambia exactamente en el Código Penal?

Hasta este momento, el corte de suministros esenciales a una vivienda ocupada ilegalmente podía ser considerado delito de coacciones, sobre todo cuando la ocupación se consolidaba y el inmueble pasaba a ser visto como domicilio por parte de los ocupantes, aunque su título de propiedad fuese ilegítimo. La nueva propuesta, que se discute en el Senado, busca eliminar esta posibilidad. Si se aprueba, los propietarios dejarán de estar obligados a mantener activos los suministros y podrán interrumpirlos sin miedo a represalias legales.

Este cambio se apoya en un reciente fallo judicial: la Audiencia Provincial de Barcelona dictó en marzo que el dueño de una propiedad ocupada ilegalmente no tiene obligación de mantener los suministros y que su corte no constituye delito de coacciones. El PP pretende extender este criterio a nivel nacional mediante la reforma del Código Penal.

Una iniciativa con trasfondo de bloqueo parlamentario

El debate no es nuevo. Desde hace más de un año, el PP ha tratado sin éxito que avance su Ley Antiokupación, que incluye desalojos exprés en 24 horas y refuerza la protección penal del propietario. Sin embargo, esta iniciativa sigue paralizada en el Congreso debido a sucesivas prórrogas, hasta 60 según denuncia la propia formación. Los populares argumentan que esta inacción legislativa está agravando la crisis habitacional y aumentando la inseguridad para quienes ven usurpada su propiedad.

Mientras tanto, la presión política aumenta. El PSC, por ejemplo, ha respaldado en el Parlament una moción para permitir la tramitación parlamentaria del proyecto del PP que facilitaría desalojar okupas en 24 horas. A pesar de ello, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, mantiene bloqueado el texto, lo cual ha llevado al PP a buscar alternativas como modificar puntualmente el Código Penal desde el Senado.

El PP defiende que esta medida es una “urgencia social” ante la inacción del Gobierno central.

La discusión polariza a la sociedad: propietarios y asociaciones vecinales exigen mayor protección; mientras tanto, organizaciones sociales advierten sobre las consecuencias para colectivos vulnerables.

Este cambio cuenta con apoyo proveniente de sentencias recientes y demanda por parte de comunidades como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, las más afectadas por la okupación.