Una de cada cinco familias españolas no puede encender la calefacción y pasa frío en casa, el doble que cuando Sánchez llegó a La Moncloa

Triste realidad.

Loi que hay detrás de la engañosa propaganda oficial.

España se enfrenta a un invierno complicado que afecta a millones de familias.

Según datos de Eurostat, en 2024, el 17,5% de los hogares no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar, lo que equivale a cerca de una de cada cinco familias.

Esta cifra es el doble del 8% registrado en 2017, justo antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia.

La pobreza energética ha aumentado considerablemente desde la pandemia.

En 2023 alcanzó un máximo histórico del 20,8%, aunque ha experimentado una ligera disminución en 2024 debido a la caída parcial de los precios energéticos.

La España del marido de Begoña, a pesar de su desastroso Gobierno, se encuentra por encima de la media europea del 9%.

Mientras países como Bulgaria (19%), Grecia (19%) o Lituania (18%) están cerca, naciones como Finlandia o Polonia se sitúan alrededor del 3%, gracias a mejores sistemas de aislamiento y redes sociales más robustas.

Causas que explican el frío en los hogares

Existen varios factores que llevan a las familias a prescindir de la calefacción para poder llegar a fin de mes:

• Aumento de precios energéticos: La crisis provocada por la Covid-19 en 2020 redujo los ingresos y aumentó el tiempo pasado en casa. Posteriormente, la invasión de Ucrania en 2022 hizo disparar el precio del gas, encareciendo también la electricidad. La tasa se incrementó del 10,9% en 2020 al 17,1% en 2022.
• Viviendas ineficientes: La mayoría del parque inmobiliario español es antiguo. Cuatro de cada cinco edificios tienen calificaciones E, F o G en eficiencia energética. Esto implica un coste adicional del 25-40% para calentarlos. De las 26 millones de viviendas existentes, unas 20 millones no cumplen con los estándares mínimos de eficiencia.
• Precariedad laboral: Muchas familias con ingresos irregulares evitan asumir facturas elevadas. Así, muchos optan por mantener el termostato bajo para no caer en la deuda.

A pesar de contar con ayudas como el tope al gas o bonos sociales, muchas familias no consiguen acceder a ellas debido a complicaciones burocráticas o requisitos restrictivos. Menos del 1% del dinero europeo destinado a rehabilitación ha llegado realmente a quienes lo necesitan.

Las comunidades más afectadas son Ceuta (26,6%), Melilla (20,3%), Andalucía (20,2%), Murcia (19,6%) y Castilla-La Mancha (19,4%). Asimismo, también registran cifras preocupantes Madrid (17,9%) y Cataluña (17,6%).

Cesta de la compra y presión en el día a día

La pobreza energética impone una difícil elección entre calefacción y alimentación. El indicador proporcionado por Eurostat muestra cuántas personas renuncian a lo esencial para poder pagar por energía. En 2024, unos 8,6 millones de españoles se encuentran en una situación vulnerable, lo que representa un aumento del 45% respecto hace dos años según datos proporcionados por Ecodes.

Los precios de la cesta de la compra continúan su escalada sin freno, lo que añade presión sobre las familias. Muchas deciden apagar la calefacción para poder cubrir gastos como el alquiler o las compras del supermercado. Un informe elaborado por Ecodes y la Federación de Consumidores indica que un asombroso 75% de los hogares que sufren pobreza energética son inquilinos; además, el gasto energético puede llegar a representar casi la mitad del alquiler.

El bono social ha sido útil al reducir un 10% la brecha en 2023; sin embargo, este beneficio se ve recortado: pasará del 50% al 42,5% para las personas vulnerables desde julio y aún más en diciembre. Expertos como Jaime Jaquotot, representante de Fundación Energía Responsable, advierten sobre un posible rebote negativo en 2025 debido al fin de estas bonificaciones y cambios en el PVPC.

Esfuerzo en vivienda: una mejora que no llega a todos

Curiosamente, ha disminuido el porcentaje de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Ha pasado del 10,3% en 2015 al actual 7,8% en 2024; esto representa una reducción notable desde que llegó al poder Sánchez.

Los motivos son evidentes:

En comparación con otros países europeos, España se sitúa por debajo del promedio UE (8,2%). Países como Grecia, con un alarmante porcentaje del 30%, así como naciones nórdicas como Dinamarca y Alemania, donde oscilan entre un rango del 12-15%, destacan por sus cifras elevadas.

Sin embargo, este alivio no es homogéneo. Los alquileres en grandes ciudades como Madrid o Barcelona han aumentado más rápido que los salarios disponibles para los inquilinos. Mientras muchos propietarios logran mejorar sus condiciones económicas gracias a estos cambios positivos; son los arrendatarios quienes acaban pagando las consecuencias.

¿Mentiras sobre la economía o datos selectivos?

El Gobierno destaca una supuesta mejora generalizada en la pobreza energética, pero los indicadores clave de confort térmico siguen deteriorándose.

Según José Carlos Romero, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, aunque los precios energéticos han moderado y las rentas medias han aumentado en el último año, persiste un incremento preocupante en los indicadores de incapacidad para mantener la vivienda caliente, influido en parte por cambios metodológicos en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Las estadísticas oficiales pueden ocultar realidades más complejas: informes independientes estiman que alrededor de un millón de hogares vulnerables quedan fuera de los índices estándar. Mientras el Ejecutivo proclama avances en la recuperación económica, datos de Eurostat revelan que la tasa de hogares incapaces de calentar adecuadamente su vivienda se ha duplicado desde hace siete años, alcanzando el 17,5%-20,8% en los últimos registros (dependiendo del año y la fuente), muy por encima de la media europea del 9-10%. Esta narrativa oficial parece pasar por alto problemas estructurales como la ineficiencia del parque inmobiliario y la precariedad persistente.

En verano, el panorama es igualmente alarmante: un significativo porcentaje de hogares —con datos que apuntan a tasas elevadas de discomfort térmico— no accede a refrigeración adecuada durante olas de calor extremas. Este año, el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 muertes atribuibles al exceso de temperatura entre mayo y septiembre, un aumento del 87% respecto a 2024, con más del 95% en mayores de 65 años. Regiones como Andalucía, Murcia o Extremadura concentran vulnerabilidades mayores, afectando especialmente a infancia y ancianos en viviendas precarias.

Medidas en marcha y lo que falta

El Gobierno avanza en varias iniciativas para combatir esta realidad:

• La propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, en fase de consulta pública, incluye la creación de bancos energéticos y la ampliación del bono social.
• El Plan Social para el Clima, financiado con fondos europeos, destinará alrededor de 9.000 millones de euros a rehabilitación de viviendas vulnerables, enmarcado en un paquete total de hasta 65.000 millones hasta 2032.
• Proyectos innovadores buscan aislamientos rápidos que reduzcan hasta un 40% el consumo energético.

Sin embargo, expertos como los de la Cátedra de Comillas o entidades como Green Building Council y Fundación Naturgy abogan por ventanillas únicas para simplificar trámites, microcréditos accesibles, reducción de burocracia y prohibición de alquileres en edificios ineficientes. Estas organizaciones ya apoyan a miles de familias con inversiones significativas.

Desde 2014, la pobreza energética ha aumentado un 65,9%, casi triplicándose desde 2008 según informes de EAPN. Proyecciones alertan de que un cuarto de los hogares podría seguir sin calefacción adecuada en invierno si no se acelera la acción. El envejecido parque inmobiliario es clave: solo el 31% de viviendas cuenta con aire acondicionado, cifra mucho menor en el norte, y un 43% de familias en pobreza carecen de refrigeración veraniega.

Organizaciones como Save the Children insisten en reformar el bono social para proteger especialmente a la infancia y mitigar impactos climáticos en barrios vulnerables.

Mientras los precios energéticos fluctúan y los edificios envejecen, millones de hogares mantienen termostatos apagados. Urge una respuesta estructural efectiva antes del próximo invierno, combinando medidas coyunturales con reformas profundas para garantizar una transición energética justa y equitativa. La pobreza energética no es solo un problema económico: es una cuestión de salud pública y derechos básicos que exige transparencia en los datos y ambición en las políticas.