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DOS TRAGEDIAS EN POCO MÁS DE 48 HORAS QUE DEJAN 43 MUERTOS

Los maquinistas se plantan frente al Gobierno Sánchez y el incompetente Puente y convocan huelga general

El sindicato SEMAF exige responsabilidades penales y medidas urgentes tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, que han causado decenas de víctimas

Manuel Trujillo 21 Ene 2026 - 10:39 CET
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Salen a la luz los escalofriantes audios de la tragedia ferroviaria de Adamuz: ¿Hubo errores fatales de coordinación?

La red ferroviaria en España se encuentra en uno de sus momentos más críticos en años.

En solo dos días, dos trágicos accidentes han estremecido al país, revelando un problema que los trabajadores del sector han denunciado durante meses sin ser escuchados: el deterioro progresivo de las infraestructuras.

El domingo 18 de enero de 2026, un tren Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía adyacente justo cuando pasaba un tren Alvia de Renfe, lo que resultó en una colisión devastadora que cobró la vida de 42 personas.

Apenas 48 horas más tarde, el martes 20 de enero de 2026, un tren de Rodalies en la línea R4 impactó contra un muro de contención que había caído sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), dejando un muerto y 37 heridos, cinco de ellos en estado grave.

La víctima mortal fue un maquinista en prácticas que se encontraba en la cabina del tren.

Estos siniestros han colmado la paciencia de los maquinistas.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), que representa mayoritariamente a este colectivo, ha decidido convocar una huelga general en todo el sector ferroviario. Aunque no se han fijado fechas concretas para esta movilización, su mensaje es claro: demandan responsabilidades penales a quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de las infraestructuras y paralizar cualquier reanudación del servicio en Cataluña hasta contar con las garantías necesarias. En un comunicado firme, SEMAF ha calificado como «inadmisible» el estado de «deterioro constante del ferrocarril» y ha expresado que todos sus miembros están «devastados».

La huelga se convoca para «dar legalidad y respaldo a las movilizaciones tanto de trabajadores como de usuarios, con el objetivo de exigir que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red».

Sin embargo, detrás de esta decisión hay un largo historial de advertencias desatendidas.

En agosto de 2025, SEMAF ya había solicitado formalmente a los responsables del mantenimiento revisar los protocolos tras detectar un incremento preocupante de «irregularidades» y «vibraciones» en varias líneas. El secretario general del sindicato, Diego Martín, explicó entonces que estas incidencias estaban vinculadas al mayor uso de las vías tras la liberalización del transporte ferroviario. Aunque en ese momento se aclaró que no había indicios inmediatos de inseguridad sino problemas relacionados con el confort y mantenimiento, los sucesos recientes han evidenciado que estas preocupaciones eran más que justificadas.

El temporal reciente ha actuado como catalizador para una crisis latente.

Las intensas lluvias en Cataluña provocaron el colapso del muro de contención responsable del accidente en Gelida, pero también expusieron la fragilidad de unas infraestructuras que no han recibido el mantenimiento necesario. Esa misma noche se produjo otro descarrilamiento en Maçanet (Gerona) cuando un tren chocó contra una roca caída sobre las vías; afortunadamente, no hubo heridos. Estos incidentes llevaron a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) a suspender toda circulación ferroviaria en Cataluña «hasta garantizar total seguridad en todo el sistema».

Las exigencias del SEMAF van más allá de una mera paralización temporal del servicio. El sindicato reclama la aplicación en toda la red estatal de los protocolos de seguridad ya establecidos en Cataluña ante situaciones climáticas adversas. Además, solicita que al inicio de cada servicio los maquinistas reciban garantías explícitas sobre la seguridad del trayecto. Advierte que, si esto no sucede, adaptarán la velocidad del tren a las condiciones reales existentes en la infraestructura. Esta última medida es especialmente relevante porque implica que los maquinistas podrían optar por reducir voluntariamente la velocidad si consideran que las condiciones no son seguras.

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