El faraónico Gobierno Sánchez tiene un 58% más de funcionarios que cuando el marido de Begoña llegó a La Moncloa

Los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez han ampliado su plantilla hasta casi alcanzar los 160.000 trabajadores directos a julio de 2025, frente a los 101.000 contabilizados en 2018.

Este aumento del 58% se detalla en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Este crecimiento se produce en un contexto donde se están transfiriendo competencias a las comunidades autónomas y se conceden beneficios a Cataluña y País Vasco para garantizar apoyos parlamentarios, mientras que el número de carteras ha aumentado a 22, muchas de ellas equivalentes a simples direcciones generales.

El Ministerio del Interior encabeza la lista con 33.729 trabajadores, sin incluir a la Policía Nacional (76.477) ni a la Guardia Civil (80.758); le sigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que cuenta con 27.223 empleados, seguido por Defensa, que suma 13.966, además de los 122.777 militares; luego está el Ministerio de Trabajo, con 12.716, encabezado por el SEPE, seguido por Educación con 9.268, y finalmente, Hacienda, que cuenta con 8.342, sin incluir la Agencia Tributaria. En total, en La Moncloa hay cerca de 5.000 empleados, mientras que los ministerios más pequeños son los de Juventud (292), Igualdad (300) y Vivienda (375).

La Administración General del Estado (AGE) ha alcanzado casi los 250.000 efectivos, sumando la plantilla de la Agencia Tributaria (37.000, frente a los 32.128 en 2018), agencias estatales (21.000, antes eran 14.000) y entidades públicas. En total, el Sector Público Estatal asciende a alrededor de 541.000 frente a los 512.000 registrados hace siete años, contando con unos impresionantes 423.000 funcionarios de carrera (78%), entre los cuales se encuentran cerca de 265.000 miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.

Cifras totales disparadas en empleo público

El empleo público nacional ha experimentado un notable aumento: según el Boletín oficial, a julio de 2025 hay un total de 3.107.195 empleados, lo que supone un incremento del 20% respecto a 2018; las comunidades autónomas han crecido al ritmo del 44% (1.934.027) y los municipios han aumentado su plantilla en un 10% (632.030). La Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa la cifra en alrededor de 3,64 millones al cierre de 2025, superando así los más de 3,29 millones de autónomos por un margen considerable de unos 346.000. Desde 2018, cuando había aproximadamente 3.117.800 empleados públicos, se han incorporado unos asombrosos 523.600 nuevos trabajadores.

Dentro de la AGE hay un total aproximado de 533.509, con aproximadamente unos 414.557 funcionarios de carrera. En las comunidades autónomas: hay alrededor de 1.851.279 empleados (927.201** funcionarios); y en el ámbito local: 577.158* empleados (*200.646 funcionarios). La evolución reciente es clara:

El Gobierno ha sumado hasta ahora 1.259 asesores, siendo 606 únicamente para el presidente Sánchez (una cifra significativamente mayor que en 2018), además hay 799 altos cargos, alcanzando cifras récord; muchos han sido designados libremente (un sistema rápido que es complicado revertir). Además, interinos y temporales también están incluidos en estas estadísticas.

Gasto político en máximos históricos

El techo del gasto para 2026 se sitúa ya en 212.026 millones euros, lo que supone un aumento del 8,5% y una cifra récord; además se añaden otros 4.151 millones europeos para alcanzar así unos total estimado cercano a 216.177 millones. Esto anticipa unos presupuestos que la ministra María Jesús Montero promete presentar pronto; se prevé un déficit del 2,1% sobre el PIB para ese año. El aumento del empleo público contribuye a mantener bajo el desempleo (se registraron **76.200 afiliados netos al final del año), aunque hay unos 108.700*** desempleados solo en el sector público).

Desde 2018 se han realizado unas 100 subidas tanto en impuestos como en cotizaciones que han generado aproximadamente unos 513.000 millones adicionales recaudados; sin embargo, la deuda ha crecido hasta alcanzar unos impresionantes 507.000 millones. Las cotizaciones como el MEI (0,9%) y la Cuota Solidaridad (>1,4% para salarios altos) encarecen notablemente los costes laborales. Además, se prevé una subida salarial del 11% hasta 2028 para tres millones de empleados públicos lo cual añade presión al sistema.

Este crecimiento del llamado empleo improductivo recae sobre unas **19 millones*** nóminas privadas; ahora hay más funcionarios que autónomos y no se vislumbra una mejora estructural clara. Así pues, es el sector privado quien sostiene este aparato estatal creciente mientras la economía productiva tiene que hacer malabares.

Surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegará esta expansión antes que el contribuyente decida poner fin a esta situación?