Las presas españolas al borde del colapso: ingenieros advierten de un mantenimiento «muy peligroso»

España cuenta con alrededor de 2.500 presas, de las cuales 1.300 son grandes infraestructuras, dado que superan los 15 metros de altura y tienen la capacidad de embalsar más de mil millones de litros.

Esta cifra posiciona al país como líder en Europa en cuanto a infraestructuras hidráulicas, un logro que debería llenarnos de orgullo.

Sin embargo, detrás de estos datos se oculta una realidad alarmante: más del 60% de estas presas requieren mejoras en su seguridad a corto plazo, y los equipos encargados de su mantenimiento operan bajo una presión insostenible.

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha alzado la voz esta semana con una carta dirigida a la ministra de Transición Ecológica, en la que advierten sobre una situación que consideran crítica.

Imanol García, presidente de esta asociación, ha sido contundente: el riesgo de fallo en estas infraestructuras aumenta gradualmente debido a un mantenimiento inadecuado y a la falta de personal cualificado. Este no es un problema aislado; es el resultado de una crisis estructural que se ha ido acumulando durante años por culpa de presupuestos insuficientes.

El déficit de inversión que nadie quería ver

Las cifras son elocuentes. La inversión media destinada al mantenimiento de presas en los últimos años ha rondado los 100 millones de euros anuales, cuando debería situarse entre los 250 y 500 millones. Esta disparidad entre lo invertido y lo realmente necesario ha generado un déficit acumulado que ya está pasando factura. Muchas presas tienen varias décadas a sus espaldas y requieren intervenciones constantes para asegurar su estabilidad, especialmente ante fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Los problemas más urgentes se concentran en los desagües inferiores de las presas. Tras años sin inversiones adecuadas, muchos sistemas críticos han quedado fuera de servicio, ya sea por la acumulación de sedimentos o por roturas en los mecanismos electromecánicos que nunca se repararon. Cuando una presa no puede desaguar correctamente, su capacidad para responder ante avenidas extremas se ve comprometida, multiplicando el riesgo para las comunidades situadas río abajo.

El colapso silencioso de los recursos humanos

Pero la crisis no es solo económica. Los ingenieros también alertan sobre una sobrecarga laboral y altos niveles de estrés entre el personal encargado del mantenimiento y explotación de estas infraestructuras. La plantilla ha ido disminuyendo año tras año, un descenso que se remonta a décadas atrás. En 2021, se aprobó un Plan Estratégico para Recursos Humanos destinado a las Confederaciones Hidrográficas que prometía reforzar las plantillas, pero ese refuerzo nunca llegó a materializarse.

Como resultado, hay una fuga constante de profesionales hacia otros sectores, lo que agrava aún más la situación para quienes permanecen en estos servicios. García ha enfatizado que garantizar la seguridad en los embalses requiere medios reales y decisiones efectivas; no basta con marcos normativos o declaraciones vacías. Los funcionarios responsables del manejo de estas presas asumen una responsabilidad crucial para la seguridad pública, pero trabajan con recursos muy por debajo del estándar técnico necesario.

Planes de emergencia: el 75% sin implementar

Un aspecto inquietante es la situación actual respecto a los planes de emergencia. La normativa europea exige que todas las presas dispongan de estos planes, pero el cumplimiento es muy deficiente. Actualmente, entre más de 400 presas estatales, solo 97 cuentan con planes realmente operativos; mientras tanto, 322 están aprobados pero no implementados. Esto implica que tres cuartas partes del total carecen efectivamente de planes operativos ante emergencias, un vacío que podría resultar catastrófico si llegara a producirse una crisis.

Inversión tardía pero insuficiente

Consciente de la gravedad del asunto, la Confederación Hidrográfica del Duero ha anunciado recientemente seis licitaciones por un total aproximado de 29,8 millones de euros destinados al mantenimiento y conservación de 26 presas, 7 balsas y 12 azudes estatales durante los próximos cinco años. Además, se ha lanzado un proyecto para implantar planes de emergencia con un presupuesto estimado en 16,7 millones para 19 presas; este proyecto está actualmente en fase final. En conjunto, las acciones previstas en la cuenca del Duero suman cerca de 46,5 millones.

Sin embargo, aunque estos esfuerzos son bienvenidos, llegan tarde y son claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Los ingenieros exigen un cambio claro en el rumbo actual; necesitan compromisos concretos que permitan aumentar la inversión en mantenimiento y restablecer las capacidades técnicas necesarias para gestionar estos servicios adecuadamente. La Asociación no descarta impulsar nuevas iniciativas si no se observan avances reales en este ámbito.

El riesgo que crece en silencio

Imanol García ha comentado que aunque el riesgo asociado al diseño fallido destas infraestructuras es bajo, el deficiente mantenimiento ha provocado disfunciones que obligan a implementar estrategias operativas limitantes. El riesgo cero simplemente no existe; sin embargo, sin inversiones adecuadas ese riesgo seguirá aumentando. Esta semana las lluvias han elevado un 2% los niveles embalsados, especialmente en Cantabria, País Vasco y Cataluña; esto incrementa aún más la presión sobre estructuras envejecidas que operan al límite.

La gestión actual das presas españolas también se complica por lo que algunos ingenieros describen como una excesiva politización del agua; entre administraciones se autocensuran impidiendo mejoras necesarias. Reforzar el mantenimiento no es solo una opción técnica; es una obligación preventiva. Ignorarla implica aceptar riesgos innecesarios en un contexto donde el agua y su gestión serán cada vez más cruciales para garantizar la seguridad nacional.