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Más culpable que Judas.
Desde que el tren Iryo descarriló en Adamuz hace tres semanas, el ministro Óscar Puente ha estado en una espiral de rectificaciones que ponen a prueba su credibilidad.
Lo que comenzó como declaraciones rotundas sobre una vía «completamente renovada» ha ido transformándose en matices cada vez más forzados.
El 19 de enero, sostuvo que el tramo había sido renovado de manera integral. Sin embargo, una semana después, tuvo que reconocer que coexistían raíles nuevos con otros de la época inicial del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Su explicación final fue: «se ha renovado todo aquello que los técnicos han considerado necesario». Una frase que suena más a excusa que a sinceridad.
Las contradicciones no se limitan a la infraestructura ferroviaria. Respecto a las marcas halladas en las ruedas de los trenes, Puente ofreció versiones contradictorias en menos de 48 horas. En un primer momento, afirmó haber encontrado muescas similares a las del Iryo en «dos o tres trenes que pasaron anteriormente».
Posteriormente, rectificó y aseguró que los trenes de Renfe no mostraban indicios similares. Sin embargo, volvió a cambiar su versión, afirmando que sí había un tren de Renfe con marcas. El viernes siguiente, se retractó nuevamente, aclarando que ese tren ni siquiera había circulado por Adamuz ese día.
Los datos proporcionados finalmente en el Senado tampoco coinciden con el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que menciona dos trenes Iryo y no uno de Renfe. Incluso sobre quién alertó a emergencias, el ministro inicialmente indicó que fue Renfe quien llamó al 112, cuando la cronología oficial del Ministerio señala que fue al revés: el 112 contactó primero con Renfe.
La estrategia del contraataque
Frente al torrente de inconsistencias, Puente ha optado por una táctica defensiva agresiva. En sus comparecencias ante el Congreso y el Senado, ha dedicado gran parte de su intervención a criticar a la prensa y a la oposición, acusándoles de difundir «bulos» y «desinformación». Ha hablado incluso de una «avalancha de desinformación», asegurando que su Ministerio ha tenido que «rebatir numerosos bulos surgidos en redes sociales e incluso en algunos medios». No obstante, cuando se le solicita información concreta, sus respuestas tienden a ser vagas o contradictorias. El diputado del Grupo Popular Juan Carlos Silván le ha respondido con dureza: «El bulo es usted». Silván planteó una incómoda disyuntiva: «O usted ignoraba el estado real de la infraestructura y mintió por instinto político, lo cual lo convierte en un ministro incompetente; o usted sí lo sabía y mintió para proteger al Gobierno, lo cual lo convierte en un ministro indigno. En cualquiera de los dos casos, debe dimitir».
Rodalies y la culpa del pasado
En relación con la crisis del servicio Rodalies en Cataluña, Puente se ha disculpado únicamente con los usuarios catalanes. Sin embargo, ha atribuido los problemas a las obras en curso y especialmente a los gobiernos del Partido Popular anteriores. Esta estrategia busca desplazar responsabilidades hacia el pasado, aunque su ministerio lleva más de dos años funcionando. El ministro reconoció el «mal funcionamiento» del servicio sin asumir responsabilidad directa sobre la gestión actual de Adif, la empresa pública bajo su supervisión.
La nueva juez y 46 familias en busca de respuestas
Este lunes asumirá el caso una nueva juez encargada de investigar lo que ya se perfila como uno de los procesos judiciales más complejos en años. Cuarenta y seis familias —45 fallecidos más un superviviente— están tras respuestas sobre cómo pudo un defecto en el carril pasar desapercibido pese a los controles supuestamente realizados. La investigación técnica realizada por la CIAF apunta hacia una rotura del raíl como hipótesis central; sin embargo, persisten muchas dudas sobre por qué no se activaron los sistemas automáticos de seguridad y cómo se pasó por alto una anomalía tan letal.
Puente ha insistido en que «ha sucedido algo así; eso no significa que el sistema sea inseguro», describiendo las circunstancias como «verdaderamente extrañas, excepcionales y muy extremas». Sin embargo, cada nuevo dato revelado parece contradecir alguna afirmación anterior suya. La falta de una fecha concreta para reanudar la circulación entre Madrid y Andalucía y la paralización de la Autoridad Independiente encargada de investigar estos accidentes (debido a la falta de aprobación presupuestaria) han generado una tormenta política mayor al accidente mismo. Lo que empezó como una tragedia ferroviaria se está transformando también en una crisis institucional donde las palabras del responsable político generan más dudas que certezas.
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