La letra pequeña del subsidio de 200 euros por hijo menor de 18 años

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, un plan que contempla 100 objetivos y que incluye una prestación universal por crianza de 200 euros al mes para cada hijo menor de 18 años. Esta iniciativa tiene como fin combatir la pobreza infantil, que afecta a un 30% de los hogares con menores, según Eurostat.

Sin embargo, su implementación inmediata se presenta como un horizonte lejano.

Tanto Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, como Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, defienden su puesta en marcha desde 2024. Se trata de un apoyo destinado a todas las familias, sin tener en cuenta ingresos ni situación laboral, que vendría a complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI). No obstante, el informe oficial no establece ni la cantidad exacta ni el calendario para su aplicación. Se presenta como una promesa dirigida hacia el año 2030, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y plantea desafíos como mejorar el bienestar social y fomentar una economía más circular.

Detalles que faltan y letra pequeña

Este planteamiento surge a raíz de un informe elaborado por Unicef en noviembre de 2025. Según dicho estudio, otorgar 200 euros mensuales por hijo podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales, logrando así sacar a 530.000 niños de esta situación tan crítica.

Los números asustan. Según las estimaciones, Unicef calcula que se necesitarían alrededor de 18.103 millones de euros anuales para financiar estos 200 euros para todos los menores. Por otro lado, un análisis realizado por la Fundación Iseak eleva esta cifra a 19.276 millones al año, lo que equivale a unos 1.606 millones mensuales. En comparación, España destina menos porcentaje del PIB a apoyo familiar que la media europea (1,5% frente a 2,4%).

Sin embargo, la pregunta que suena con más fuerza es ¿de dónde van a salir los recursos para poder ejecutar esta iniciativa?.

También hay otros puntos que generan dudas:

• Universalidad: La idea es que llegue a todos sin complicaciones burocráticas. Esto evitaría que algunas familias pierdan deducciones por falta de información. Pero beneficiaría a personas que no requieren la ayuda. La nueva ayuda se depositaría directamente en cuentas bancarias sin considerar los ingresos.
• Sin fecha concreta: Dependerá de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o un real decreto. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha solicitado evaluar las ayudas existentes para prevenir duplicidades.
• Financiación: Se plantea una posible reforma fiscal progresiva donde los hogares más adinerados podrían devolver parte mediante impuestos.
• Requisitos previstos: Será necesario residir en España, estar empadronado y contar con DNI/NIE y libro de familia. También será compatible con familias monoparentales o numerosas.

En cuanto al riesgo de pobreza infantil, España ocupa uno de los primeros puestos dentro de Europa, solo superada por países como Bulgaria, Grecia y Rumanía. El sistema actual se muestra fragmentado y asistencialista; estigmatiza a quienes menos tienen y deja fuera a muchos otros potenciales beneficiarios.

Las familias con dos hijos podrían recibir hasta 400 euros al mes; esto suma unos 4.800 euros anuales destinados a cubrir gastos esenciales como alimentación, educación o actividades recreativas. En casos de custodia compartida, se evaluará el empadronamiento principal para determinar quién recibe la ayuda.

Mientras tanto, la medida genera más incertidumbres que certezas, salvo una. Que España no va como un cohete, y la prueba es que cada vez más los ciudadanos necesitan ayudas y prestaciones del Estado.