Nueva ayuda universal de 200 euros al mes por hijo en España: requisitos y cómo se aprueba

El martes 24 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe que incluye la Prestación Universal por Crianza, una ayuda que consiste en 200 euros al mes por cada hijo hasta cumplir los 18 años.

Esto se traduce en 2.400 euros anuales por menor y está dirigida a todas las familias que residen en España, sin tener en cuenta sus ingresos.

Esta iniciativa se inscribe dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que contempla un total de 100 objetivos para combatir la desigualdad.

Según Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta medida es el recurso más efectivo para hacer frente a la pobreza infantil, que afecta a un alarmante 33% de los menores en España, muy por encima del promedio del 19,3% registrado en la Unión Europea.

Requisitos sencillos para acceder

La prestación, que no requiere cotización previa, se otorga por cada hijo que esté a cargo, independientemente del número total en la familia. Los requisitos son simples y accesibles:

• Tener hijos menores de 18 años bajo su responsabilidad.
• Residencia legal y efectiva en España.
• Empadronamiento actualizado con el menor.
• Documentación vigente: DNI, NIE o Libro de Familia.

No es necesario acreditar ingresos mínimos o máximos ni haber cotizado previamente. Además, se prevé que sea compatible con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o deducciones por maternidad, según las informaciones iniciales. Esto marca una diferencia significativa respecto a prestaciones actuales como la asignación por hijo a cargo, que sí impone límites de ingresos (15.356 euros anuales para familias no numerosas en 2026) y ofrece cuantías inferiores (alrededor de 49 euros mensuales).

Según cálculos de UNICEF, esta ayuda podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales, sacando a más de 530.000 niños del riesgo inmediato. Con tan solo 100 euros mensuales se podría rescatar a unos 270.000 menores.

Camino hacia la aprobación

Por ahora, se trata solo de una propuesta. El Gobierno aspira a incluirla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026; sin embargo, este proceso está estancado debido a la inestabilidad parlamentaria. La medida debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados para poder ser implementada.

Si no se logra avanzar por esta vía presupuestaria, se contempla la posibilidad de un real decreto ante la urgencia social que representa esta situación. Para financiarla, con un coste estimado en 19.276 millones anuales (lo que representa un 2,76% del gasto público), Pablo Bustinduy ha sugerido establecer un impuesto del 2% sobre las fortunas que superen los 100 millones de euros, lo cual podría generar unos ingresos aproximados de 5.200 millones según datos del Observatorio Fiscal de la UE.

El ministro ha tenido diferencias con María Jesús Montero, titular de Hacienda, quien ha solicitado evaluar las prestaciones existentes antes de introducir nuevas ayudas. A pesar de esto, desde Sumar continúan insistiendo en un ingreso directo universal y proponiendo ajustes fiscales para las rentas más altas mediante impuestos.

Medidas de apoyo adicionales

La estrategia también incluye avances significativos en conciliación familiar:

• Un nuevo permiso parental de hasta 8 semanas para cuidar hijos o menores acogidos hasta los ocho años; este permiso será fraccionable y no transferible.
• Ampliación del permiso por nacimiento a un total de 19 semanas por progenitor (32 semanas para familias monoparentales).

Estas reformas buscan reconocer el esfuerzo que realizan las familias y fomentar una corresponsabilidad real entre los progenitores. Se estima que la pobreza infantil extrema podría descender al 8%, pasando del actual 29% al 21% si se implementa esta ayuda plenamente.

Para las familias con varios hijos, el impacto sería significativo. Por ejemplo, aquellas con tres menores recibirían un apoyo adicional mensual de hasta 600 euros. Esta inyección económica ayudaría a aliviar el creciente coste de vida y podría incentivar la natalidad en un país donde los salarios son ajustados.

El verdadero desafío radica ahora en el ámbito político: conseguir superar las divisiones existentes para que esta medida pueda entrar en vigor en 2026. Si finalmente se materializa, transformará radicalmente el panorama del apoyo familiar en España, ofreciendo estabilidad y recursos directos a quienes más lo necesitan.