Casi 1 millón de personas cobran paro sin haber cotizado previamente a la Seguridad Social

800.000 personas en España, acceden al subsidio por desempleo sin necesidad de haber contribuido previamente a la Seguridad Social. Además, más de 3,2 millones de personas ya viven en España gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que paga el Gobierno central o a una Renta Mínima de Inserción (RMI) que abonan las Comunidades Autónomas o también gracias a una pensión no contributiva. Y es que el sistema parece preferir subvencionar a los que no trabajan a costa de los que sí lo hacen en vez de habilitar otro tipo de políticas que incentivan buscar empleo como, por ejemplo, rebajar los costes laborales a las empresas que contraten parados.

Los beneficiarios de estas paguitas representan un gasto considerable. Sólo el Gobierno central fundió en 2025 casi 6.000 millones de euros en el IMV mientras que la suma del gato de las regiones que pagan la Renta Mínima de Inserción ascendió a otros 750 millones de euros. Este elevado gasto en mantener personas que no trabajan suscita debate: ¿es realmente sostenible en un contexto donde el desempleo se mantiene elevado con más de 4 millones de personas que no están trabajando? Mientras tanto, las normas fiscales están experimentando cambios para facilitar aún más el cobro de ayudas. A partir de 2026, cobrar prestaciones por desempleo no requerirá presentar la declaración de la renta si no se superan los umbrales generales de ingresos, establecidos en 22.000 euros con un solo pagador o 15.000 si hay múltiples pagadores.

Este ajuste, incluido en el Real Decreto-ley 3/2026, elimina una obligación que se planteó en 2024 con la intención de controlar mejor las rentas, pero que no llegó a implementarse completamente. Actualmente, el 75% de quienes recibieron paro en 2024 reportaron ingresos inferiores a 5.400 euros anuales, lo que hacía que declarar sus ingresos les ocasionara más inconvenientes que beneficios, como perder deducciones por hijos con discapacidad. Para aquellos mayores de 52 años, que cuentan con un subsidio especial, es suficiente con presentar una declaración anual ante el SEPE para verificar sus rentas sin tener que pasar por Hacienda.

La política fiscal se centra especialmente en las rentas bajas. Aquí algunas medidas clave para 2026:

• Exención del IRPF para paro e IMV: No será necesario declarar si tus ingresos no superan los límites establecidos.
• Deducción por SMI: Hasta 590,89 euros cuando se ingresa hasta 17.094 euros, además de otras rentas inferiores a 6.500 euros, con una reducción progresiva hasta alcanzar los 20.048 euros.
• Revalorización de pensiones: Un aumento del 2,7% conforme al IPC, más un complemento por brecha de género de 36,90 euros por hijo (con un máximo de 147,60 euros) .

La política socialista está dedicada a fundir los impuestos de los españoles no en promocionar o incentivar que las personas sin trabajo vuelvan a trabajar, sino en subvencionar a quien directamente no trabaja. Los 6.700 millones de euros destinados a abonar paguitas, podrían emplearse en rebajar costes laborales a las empresas que contraten parados, de forma que el Estado consigue recuperar una parte de ese gasto de forma doble: por las personas que ya no subsidia y por el aporte que quien comienza a trabajar hace. Eso, por no hablar de la inmoralidad que supone mantener a cada vez más gente a cuenta de los que siguen trabajando.