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En España, la crisis de combustible alcanza niveles nunca vistos en los últimos años.
Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio hace apenas tres semanas, el diésel ha subido un 29% y la gasolina un 16%.
El gasóleo A, que a principios de marzo estaba alrededor de 1,35 euros por litro, ha llegado a una media nacional de 1,898 euros a mediados de mes, con picos que superan los dos euros en localidades como Madrid, Barcelona y Málaga. Ahora, llenar un depósito mediano de diésel cuesta más de 101 euros, comparado con los 94 euros que se requieren para la gasolina.
El ritmo al que han aumentado los precios es asombroso.
En solo siete días, del 2 al 9 de marzo, el combustible se encareció un 14,16%, alcanzando cifras récord desde octubre de 2023.
Las gasolineras han sido testigos de escenas de acaparamiento en ciudades como Lugo y La Coruña, donde se han formado largas filas de conductores preocupados por nuevas subidas.
Este aumento ha traído consigo una volatilidad extrema en los precios, con diferencias que pueden llegar hasta los 76 céntimos por litro entre gasolineras dentro de una misma ciudad.
En Madrid, el precio del gasóleo A varía entre 1,379 y 2,155 euros por litro; mientras que en Málaga, la diferencia puede ser de hasta 40 céntimos.
El transporte al borde del colapso
La situación es insostenible para el sector del transporte por carretera. El combustible representa cerca de un tercio de los costos operativos para las empresas transportistas, y esta escalada está afectando drásticamente sus márgenes de ganancia. La Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor), que aglutina a más de 1.600 empresas gallegas con una flota compuesta por 7.000 vehículos, ha manifestado su «profunda preocupación» ante una situación que pone en jaque la viabilidad de miles de pequeñas empresas y autónomos.
El incremento es palpable. Un vehículo medio del sector que hace una semana gastaba nueve euros más por depósito ahora enfrenta costos mucho mayores. En regiones como Baleares, ya se han implementado aumentos tarifarios del 10% para compensar estos incrementos, aunque muchos transportistas reconocen que no siempre pueden trasladar estos costos a clientes cuyas operaciones tienen márgenes muy ajustados. Aproximadamente 5.000 conductores profesionales se manifestaron frente al Ministerio de Transportes en Madrid el pasado 10 de marzo exigiendo medidas inmediatas.
Las demandas del sector y la respuesta gubernamental
Las principales agrupaciones de transportistas han unido fuerzas para presentar sus demandas. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha solicitado activar la cláusula de indexación del precio del combustible contemplada en el Real Decreto-ley 3/2022; un mecanismo diseñado para ajustar automáticamente el coste del transporte cuando hay variaciones significativas en el precio del gasóleo. Además, piden flexibilidad respecto a los límites crediticios para tarjetas profesionales y medidas fiscales que ayuden a mitigar el impacto del diésel.
El recuerdo de lo sucedido en 2022 pesa sobre todos. Ante la crisis provocada por la invasión a Ucrania, el Gobierno activó un sistema con bonificaciones que ofrecía un descuento de 20 céntimos por litro y logró calmar protestas y bloqueos viales. Ahora, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado que podría contemplar nuevas ayudas fiscales si la situación se agrava, sugiriendo medidas parecidas a las implementadas entonces. Sin embargo, las grandes petroleras —Repsol, Moeve (la antigua Cepsa) y BP— han mostrado su oposición a repetir ese modelo generalizado. Argumentan que hay «lecciones aprendidas» y cuestionan la efectividad de unas ayudas que beneficiaron indiscriminadamente a todos los conductores.
La batalla de las gasolineras y las alternativas de los conductores
Mientras las autoridades evalúan posibles respuestas, las gasolineras han comenzado una feroz competencia comercial para atraer clientes. Algunas petroleras están ofreciendo descuentos que alcanzan hasta los 40 céntimos para sobrevivir en un mercado donde cada vez más conductores buscan formas desesperadas para ahorrar. Las estaciones de servicio más económicas se han convertido en paradas obligatorias, provocando largas colas en aquellas que ofrecen precios más atractivos.
Los conductores están ideando estrategias ingeniosas para hacer frente a esta crisis. Muchos utilizan aplicaciones móviles para localizar las gasolineras más baratas y están planificando sus rutas con el fin de repostar donde los precios son más reducidos. Algunos incluso consideran cambiarse a combustibles alternativos como el autogás o el gas natural comprimido; aunque estos también han visto incrementos recientes. La presión sobre el Gobierno es intensa; las principales patronales advierten que si la tensión persiste debido al conflicto en Oriente Medio podrían organizar movilizaciones si no se implementan mecanismos que aporten estabilidad al sector.
El impacto inflacionista y la espera de decisiones
Las repercusiones económicas van más allá del ámbito del transporte. Según estimaciones del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), se prevé que el diésel sume unas 5,7 décimas al IPC correspondiente a marzo; mientras que la gasolina contribuirá con otras 3,2 décimas, lo cual implica un golpe inflacionista adicional equivalente a 1,1 puntos este mes. Este aumento se suma a la resistencia observada en otros sectores como la alimentación para rebajar sus precios, complicando aún más el panorama inflacionario.
Por ahora no hay ninguna convocatoria oficial para huelgas; sin embargo, las principales organizaciones patronales advierten sobre la posibilidad real de movilizaciones o incluso paros si no se aprueban ayudas inminentes. El Gobierno tiene ante sí una decisión crucial durante su próximo Consejo de Ministros: determinar si se activarán nuevas medidas o si el sector seguirá enfrentándose solo a esta tormenta perfecta. Cada día transcurrido convierte la guerra distante en un coste adicional cada vez mayor cada vez que un conductor llena su tanque.
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