Los inmigrantes ilegales regularizados por Sánchez serán devueltos a España si saltan a Europa

Pedro Sánchez ha dado el visto bueno a un plan que regularizará a más de 500.000 inmigrantes irregulares en España, pero desde Europa se alzan voces de advertencia.

El comisario Brunner ha señalado los riesgos que conlleva la movilidad de estos nuevos residentes por el viejo continente.

El proceso comenzará en abril y se extenderá hasta junio. Aquellos que puedan demostrar una estancia de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales graves, podrán acceder a un permiso inicial de un año que será renovable.

Este plan incluye también a solicitantes de asilo y a sus hijos dependientes. Desde el primer trámite, se suspenden las expulsiones y se otorga la posibilidad de trabajar en cualquier sector.

Desde el Gobierno reconocen que solo cuentan con «estimaciones».

La dificultad para llevar a cabo censos y registros precisos complica la obtención de cifras exactas sobre la población irregular. Fuentes independientes apuntan a números mucho mayores, incluso hasta dos millones si se consideran los casos de arraigo familiar.

El aviso de Bruselas

Brunner, comisario europeo, explicó el problema en una editorial reciente de El Mundo. Si alguien regularizado por Sánchez decide huir hacia otro país, este puede solicitar su devolución a España.

• Regla clave: Los permisos son nacionales, no Schengen. Salir de España anula su validez en otros Estados.
• Riesgo para la UE: Podría acarrear «problemas» ante posibles huidas masivas o fraudes.
• Ejemplo práctico: Si un regularizado viaja a Francia o Alemania, comete un delito o no justifica su estancia, España deberá repatriarlo.

El Ejecutivo liderado por Sánchez, apodado «Frankenstein» debido a sus alianzas políticas, ha pactado esto con Podemos. Defiende que esta medida responde a necesidades económicas: los migrantes contribuyen con el 10% del PIB mientras generan poco gasto público.

Cifras y requisitos en detalle

Este nuevo plan supera las siete regularizaciones anteriores en democracia. La última, llevada a cabo en 2005 bajo el mandato de Zapatero, benefició a 576.000 personas.

Al aceptar la solicitud, en un plazo máximo de 15 días ya se podrá trabajar legalmente y acceder al sistema sanitario.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, califica esta medida como «histórica». Se prevé agilizar el proceso mediante vías telemáticas y oficinas del Seguridad Social o delegaciones.

Impacto en Europa y España

Desde Bruselas, Brunner insiste: el proceso español «puede ser problemático para los demás Estados». Si un regularizado decide huir, se activarán mecanismos para su devolución. Esto contrasta con el modelo Schengen, donde la movilidad es libre solamente para quienes son residentes plenos.

En España, el Partido Popular critica esta iniciativa tildándola de «cortina de humo». Vox plantea dudas sobre su impacto en salarios y empleo. El Gobierno promete llevar un seguimiento estadístico riguroso, aunque solo ofrece estimaciones.

Expertos sugieren que la cifra real de irregulares es mayor. No solo serían esos 500.000: sumando los casos por arraigo familiar podrían alcanzar otros 300.000 más e incluso dos millones según cálculos independientes.

Este pacto surge tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas y forma parte de un plan más amplio orientado hacia la integración intercultural.

Para Sánchez, esto es una necesidad tanto moral como económica. Sin embargo, desde Bruselas, recuerdan que regularizar no equivale a tener carta blanca para circular libremente por Europa. Si se trasladan, será responsabilidad de España responder ante ello.

Este dilema entre la integración local y el control europeo definirá el futuro del plan.