Cerca de 10.000 policías y guardias civiles reabren en los tribunales la lucha por ser considerados profesión de riesgo

Hay una lista que resume con más elocuencia que cualquier discurso político la consideración que el Gobierno Sánchez tiene por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Lo explica y detalla a la perfección la excelsa periodista de OkDiario Rosalina Moreno, una de las mejores reporteras de la redacción de Eduardo Inda.

Es la lista oficial de profesiones reconocidas como de riesgo en el sistema español de Seguridad Social, con sus beneficios de jubilación anticipada y coberturas especiales.

En esa lista figuran los mineros, los trabajadores ferroviarios, el personal aéreo, los artistas de variedades, los cantantes, los bailarines, los trapecistas, los actores, los bomberos, los profesionales taurinos, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.

Esto se traduce principalmente en coeficientes reductores de la edad de jubilación (generalmente del 0,20), que permiten jubilarse de forma anticipada (hasta unos 5 años antes, normalmente a los 60 años o 59 con 35 años de servicio) sin penalizaciones importantes en la pensión. El Estado español financia parte de los costes de los policías autonómicos a comunidades autónomas como Cataluña, Pais Vasco y Navarra.

No figuran como ‘profesión de riesgo’ la Policía Nacional ni la Guardia Civil.

Los mismos agentes que durante décadas pusieron el cuerpo entre ETA y la sociedad española, que escoltaron a políticos amenazados de muerte, que desactivaron coches bomba, que enterraron a compañeros víctimas de atentados y que siguen hoy enfrentándose al narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo yihadista no son considerados oficialmente profesionales de riesgo. Un trapecista sí. Un torero sí. Un actor sí. Un guardia civil que lleva treinta años en zonas de alta conflictividad, no.

Si alguien buscara una definición concreta de lo que significa el desprecio institucional hacia unos cuerpos de seguridad, no necesitaría buscar más lejos que esa lista.

La paradoja que nadie en el Gobierno quiere explicar

El contraste no podría ser más brutal. Los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, están reconocidos como profesión de riesgo. La Ertzaintza vasca también. La Policía Foral navarra también. Los policías municipales de los ayuntamientos también.

Pero la Policía Nacional y la Guardia Civil, los únicos cuerpos de seguridad con competencia en todo el territorio nacional, los que han llevado el peso principal de la lucha antiterrorista, los que operan en las zonas más peligrosas del país y los que se enfrentan a las organizaciones criminales más violentas, no tienen ese reconocimiento.

A esa paradoja se suma el agravio salarial. Un Mosso d’Esquadra o un policía municipal de Madrid cobra en muchos casos considerablemente más que un agente de la Policía Nacional o un guardia civil con años de servicio y destinos de alto riesgo. Es el resultado de décadas de negociaciones salariales asimétricas en que las policías autonómicas y locales, respaldadas por gobiernos regionales o municipales con incentivos políticos para pagar bien a sus fuerzas de seguridad propias, han mejorado sus condiciones mientras los cuerpos nacionales permanecían estancados.

El policía nacional que patrulla en el País Vasco gana menos que el Mosso que trabaja en una ciudad catalana de tamaño medio. El guardia civil destinado en una zona de narcotráfico en Galicia o en el Campo de Gibraltar cobra menos que el policía local de muchos ayuntamientos. Y ninguno de los dos es considerado profesional de riesgo, aunque su trabajo concreto entrañe peligros que ninguna policía autonómica o municipal afronta con la misma frecuencia o intensidad.

9.000 agentes van a los tribunales

Más de 9.000 policías y guardias civiles jubilados han iniciado una ofensiva legal para que el Estado reconozca su labor como profesión de riesgo. La iniciativa responde al llamado del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real, que cuenta con unos 26.000 miembros entre agentes de ambos cuerpos, y representa el agotamiento definitivo de la paciencia de una generación que combatió el terrorismo y llega a la jubilación sin el reconocimiento que esa lucha merece.

La estrategia judicial tiene dos frentes simultáneos. Los jubilados presentan solicitudes ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reclamando compensaciones económicas por no haber sido reconocidos como profesión de riesgo durante su vida activa. La normativa europea limita las reclamaciones a un período retroactivo máximo de cuatro años, lo que restringe la acción a quienes se hayan jubilado desde 2022, pero el número de potenciales reclamantes sigue siendo muy significativo.

Los agentes activos, por su parte, remiten escritos al Ministerio del Interior y a las direcciones generales correspondientes exigiendo la aplicación inmediata de los coeficientes reductores para acceder a una jubilación anticipada digna. Si no obtienen respuesta satisfactoria están preparados para iniciar procesos contencioso-administrativos.

En apenas cuatro semanas desde el inicio de la campaña se han sumado más de 9.000 agentes. El plazo inicial para presentar los escritos es hasta finales de julio, lo que sugiere que el número seguirá creciendo.

La frase que lo resume todo

«A ETA la derrotamos nosotros, no Zapatero». La frase que circula entre los agentes movilizados condensa en diez palabras décadas de historia, orgullo profesional y decepción institucional.

Zapatero se atribuyó el mérito político del final de ETA después de un proceso de negociación que muchos en las fuerzas de seguridad consideran que legitimó a una organización terrorista antes de su disolución. Los agentes que durante treinta años pusieron su vida en juego en controles de carretera, en seguimientos de terroristas, en la protección de amenazados y en la investigación de células activas no se reconocen en esa narrativa. Y llevan razón en que el mérito policial y judicial de derrotar a ETA no puede ni debe confundirse con los créditos políticos de quien negoció con ella.

Pero la frase tiene ahora una segunda capa de significado más amargo: los que derrotaron a ETA llegan a la jubilación sin el reconocimiento de profesión de riesgo que tienen los toreros, los trapecistas y los actores. Y sin el salario que cobran los Mossos o los policías municipales.

El bloqueo parlamentario que lleva dos años

En el Congreso de los Diputados, una proposición para reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo ha sido bloqueada más de 70 veces por la Mesa, donde tienen mayoría PSOE y Sumar. La propuesta fue impulsada por el PP, que logró aprobarla en el Senado con su mayoría absoluta, pero lleva casi dos años estancada en fase de enmiendas sin que la mayoría gubernamental permita que llegue a votación en el Pleno.

El patrón es el mismo que aparece en otros ámbitos: la Mesa del Congreso controlada por PSOE y Sumar utilizada como cortafuegos para bloquear iniciativas de la oposición que el Gobierno no puede derrotar en votación abierta. En este caso, el precio de ese bloqueo lo pagan los agentes que combatieron el terrorismo y que llegan a la jubilación sin el reconocimiento que merecen.

El debate ha alcanzado también el ámbito europeo. En el Parlamento Europeo, el grupo PPE ha solicitado que las fuerzas policiales sean reconocidas como profesiones de riesgo en toda la Unión Europea, incluyendo los cuerpos españoles, y que los ataques contra agentes se conviertan en «eurodelitos». La presión internacional evidencia que lo que está sobre la mesa no es un problema técnico sino político: una decisión deliberada de mantener a la Policía Nacional y a la Guardia Civil fuera de una categoría que el Gobierno ha concedido a colectivos que asumen riesgos incomparablemente menores.

El odio que no se explica de otra forma

Hay una pregunta que los propios agentes se hacen y que ningún portavoz del Gobierno ha respondido con coherencia: ¿por qué los Mossos, la Ertzaintza y la Policía Foral tienen reconocimiento de profesión de riesgo y la Policía Nacional y la Guardia Civil no?

La respuesta que los más cínicos dan en privado es que los cuerpos autonómicos dependen de gobiernos regionales que el PSOE necesita como socios y que los cuerpos nacionales dependen del Ministerio del Interior, donde el Gobierno tiene el control directo y por tanto puede ahorrarse el coste. Es la lógica del que paga bien a quien necesita y escatima con quien ya tiene.

Pero hay algo más profundo que esa lógica de coste político. Hay en la cultura política de la izquierda española una desconfianza hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil que viene de lejos, de la asociación de esos cuerpos con la represión franquista, que nunca ha sido completamente superada aunque los agentes actuales no tengan ninguna responsabilidad en lo que ocurrió hace cincuenta años.

El resultado de esa desconfianza acumulada es que los cuerpos que más han arriesgado en defensa de la democracia española, los que lucharon contra ETA, los que investigan el narcotráfico, los que detienen a los yihadistas, son los peor pagados de las fuerzas de seguridad españolas y los únicos que no tienen reconocimiento de profesión de riesgo.

Un trapecista sí. Un guardia civil que patrulla en el Campo de Gibraltar, no.

Eso no tiene otra explicación que el desprecio institucional. Y los 9.000 agentes que han ido a los tribunales han decidido que ya es suficiente.