Los caraduras socialistas Reyes Maroto y Óscar López suman 9 viviendas mientras denuncian una ‘emergencia habitacional’ de Madrid

Que nadie se llame a engaño, porque casi todo se montó a la sombra de las saunas y prostíbulos de Sabiniano: el socialista Pedro Sánchez se compró su primer piso con 22 años, cuando aún estudiaba.

Begoña Gómez tenía tres pisos antes de los 35 años.

Una edad a la que muchos españoles siguen viviendo en casa de sus padres porque no pueden permitirse un alquiler, mucho menos comprar.

La vivienda vuelve a convertirse en un tema candente en la arena política de Madrid.

Un análisis publicado por **El Debate** revela que Reyes Maroto y Óscar López poseen un total de nueve viviendas declaradas a pesar de sus denuncias sobre la emergencia habitacional en Madrid.

Esta cifra proviene de sus declaraciones patrimoniales, aunque hay que señalar que ambos registros no coinciden en fechas y no permiten conocer de manera automática la situación actual de cada inmueble. Maroto informó en 2023 sobre seis propiedades, mientras que López figura con tres, situadas entre Madrid y Segovia.

Este contraste no hace más que alimentar una conversación más amplia. Tener múltiples propiedades no implica necesariamente una conducta irregular, pero sí pone de relieve la desconexión entre el patrimonio personal de ciertos funcionarios y un discurso político que critica fuertemente a propietarios y rentas inmobiliarias.

Un debate marcado por la falta de oferta

El problema subyacente no se ha desvanecido. Las familias enfrentan unos alquileres excesivos, precios de compra que son difíciles de asumir y una oferta muy escasa en las áreas con mayor empleo. La inflación ha encarecido los costes de construcción, reforma, energía y mantenimiento de edificios. Aunque el aumento de cada uno de estos factores es distinto, el resultado es claro: una mayor proporción de los ingresos de muchas familias se destina a la vivienda.

El mercado también se ve arrastrado por el impacto de los tipos de interés. El encarecimiento de las hipotecas limitó durante un tiempo la capacidad de compra y elevó las cuotas de aquellos que revisaban sus préstamos variables. La posterior moderación en la financiación no ha logrado compensar del todo el aumento acumulado de los precios residenciales, especialmente en las grandes ciudades.

En Madrid, la presión es aún más intensa, debido a la concentración de empleo, estudiantes, actividad empresarial y demanda internacional. Cuando la construcción de nuevas viviendas no crece al ritmo de los hogares, el alquiler se convierte en el principal punto de fricción.

Los datos patrimoniales amplían la polémica

Un análisis de las declaraciones de bienes de los diputados socialistas en el Congreso revela que un 20% de ellos poseen tres o más viviendas. Este examen incluye casas, pisos y apartamentos residenciales, ya sea en propiedad exclusiva o compartida, y no contempla garajes, locales, solares u otras propiedades no residenciales.

La misma información señala que apenas 18 de los 121 diputados socialistas no tienen declarados inmuebles. María Mercè Perea i Conillas se alza como la principal propietaria, con un total de 13 viviendas, seguida por otros diputados que declaran siete y seis inmuebles. Entre quienes tienen cuatro propiedades se encuentran Óscar López, Óscar Puente y Rafael Simancas.

Además, figuran otros nombres destacados:

• Pedro Sánchez constata dos viviendas.
• Félix Bolaños, Pilar Alegría y Patxi López aparecen con tres.
• María Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas también declaran dos.
• Algunos parlamentarios reportan ingresos relacionados con el alquiler.

Es necesario tratar estos datos con cautela. La mayoría de las declaraciones disponibles corresponden a 2023 y no permiten confirmar si todos los inmuebles permanecen en manos de sus propietarios actuales. Asimismo, no siempre aclaran el porcentaje de propiedad, el valor de adquisición, las cargas hipotecarias o el uso de cada vivienda.

Ayuso convierte el patrimonio en munición política

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado en diversas ocasiones el patrimonio inmobiliario de líderes socialistas para cuestionar sus críticas al mercado privado. La dirigente popular ha enumerado las propiedades relacionadas con miembros del PSOE y ha acusado a la izquierda de tener una doble vara de medir.

Este argumento enfrenta dos posiciones antagónicas. El PSOE y sus aliados defienden una mayor intervención pública, límites al alquiler en ciertas zonas y mayor protección para los inquilinos. Por su parte, el PP madrileño argumenta que limitar precios o castigar a los propietarios puede reducir la oferta y complicar aún más el acceso a la vivienda.

Ninguna de estas estrategias por sí sola solventa el desequilibrio existente. La regulación puede afectar a los incentivos de los propietarios, pero la escasez de vivienda pública y la falta de nueva construcción también limitan las opciones disponibles. Además, factores como el precio del suelo, las posibilidades de financiación y los plazos administrativos afectan a cualquier intento de incrementar rápidamente la oferta.

La discusión sobre lo que algunos han denominado «izquierda buitre» ha incluido en sus críticas a políticos, artistas y personalidades públicas que poseen patrimonios inmobiliarios considerablemente altos. Este término, con una carga claramente partidista, no se traduce en una categoría legal. La cuestión crucial es otra: si las decisiones públicas en materia de vivienda se aplican con criterios amplios o si, por el contrario, se utilizan de forma selectiva contra ciertos propietarios.

Mientras los partidos se enzarzan en acusaciones mutuas, las familias siguen sumando gastos entre alquiler, hipoteca, inflación y suministros. En el mercado residencial, lo que realmente cuenta no es solo la cantidad de viviendas declaradas, sino la capacidad de ofrecer soluciones que amplíen la oferta sin expulsar a quienes ya no pueden afrontar sus pagos.