(Ampl.) La Audiencia Nacional rebaja de 800 a 34 millones la fianza civil para Bankia y su antigua cúpula

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rebajado por unanimidad de 800 a 34 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa del grupo financiero, informaron fuentes jurídicas.

Los magistrados Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado, Angeles Barreiro, Clara Bayarri y Fermín Echarri estiman parcialmente los recursos interpuestos contra la caución por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Bankia, BFA, el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella. Unicamente desestiman el del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por falta de legitimación.

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Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la nueva fianza, que alcanza exactamente los 34.054.578 euros incluyendo el tercio que exige la ley, responde a la cuantía que los peritos independientes del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras fijaron como el perjuicio que la salida a Bolsa provocó en los accionistas minoritarios que están personados en la causa.

Andreu cifró la caución de 800 millones de euros, cuya cuantía queda reducida en un 96%, teniendo en cuenta que se trataba de una tercera parte de la suma invertida por todos los accionistas minoritarios, incluidos los que no están personados en la causa, que alcanzó los 1.800 millones, y a la que debía sumarse el tercio establecido por la ley.

La Sala ha dado de plazo un mes para que los seis imputados aporten de forma solidaria la nueva fianza, con el apercibimiento de que, si no prestan dicha suma, se decretará el embargo de los bienes hasta cubrir dicha cantidad. Los cinco magistrados redactarán los autos que resuelven los recursos y de los que solo se ha adelantado el fallo.

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INVESTIGAN EL FALSEAMIENTO DE LA CUENTAS DE BANKIA

Andreu responsabilizó el pasado 13 de febrero a Bankia, al BFA –por su condición de accionista único– y a los cuatro miembros que participaron en el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración el 15 de junio de 2011, que dio lugar a la inclusión de información «inveraz» en el folleto de salida a Bolsa. La entidad captó en el parqué cerca de 3.092 millones de euros.

Andreu investiga la posible comisión de un delito de falseamiento de cuentas en virtud del informe de los peritos cedidos por el Banco de España, del que se desprende que «con toda rotundidad los estados financieros contenidos en el folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad».

El grupo, que dirige José Ignacio Goirigolzarri, abonó a mediados de marzo los 800 millones de la caución impuesta en un primer momento e iniciará a partir del lunes acciones civiles contra su antiguo presidente y sus tres exconsejeros, que incluyen la solicitud de medidas cautelares como el embargo de sus bienes, después de enviarles un requerimiento notarial solicitando su parte alícuota de la fianza. La Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recurrieron la medida cautelar al entender que podía caer el precio de la acción y perjudicar aun más a los inversores. A su entender, no existen dudas de que las entidades podrían afrontar una eventual condena.

Los imputados arremetieron también contra el informe de los peritos judiciales que concluyeron que la información del debut bursátil en julio de 2011 no contemplaba la «imagen fiel» de Bankia. En concreto, su expresidente Rodrigo Rato acusó al juez de responsabilizarle de forma «errada», sin «sustento alguno» y con una «palmaria» ausencia de motivación apoyándose en el «débil» informe de los peritos.

Por su parte, al menos cinco acusaciones particulares solicitaron una fianza de 4.112 millones de euros –reclamada inicialmente por UPyD– y, de forma subsidiaria, las cuantías en las que resultaron perjudicados como consecuencia de sus inversiones.