Trump encuentra resquicios legales para esquival al Tribunal Supremo mantener sus aranceles tras el varapalo judicial

Donald Trump ha reaccionado rápidamente al revés judicial más significativo de su segundo mandato.

En la jornada del viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles recíprocos que el presidente había impuesto hace casi un año a gran parte de sus socios comerciales.

La razón: consideraron que se había excedido en sus competencias al invocar la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA).

En respuesta, Trump no ha dudado en anunciar un nuevo arancel global del 10% que comenzará a aplicarse la próxima semana, esta vez sustentado en una normativa diferente que, según su equipo, le otorga plena autoridad para actuar sin requerir el visto bueno del legislativo.

El republicano ha calificado esta decisión judicial como «profundamente decepcionante» e «insultante», y no ha escatimado críticas hacia los magistrados que votaron en contra.

Sin embargo, su verdadera estrategia va más allá de las descalificaciones; se basa en una interpretación alternativa de la legislación comercial estadounidense.

Trump ha encontrado varias herramientas legales que considera «alternativas poderosas» para salvaguardar su agenda proteccionista.

La más inmediata es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que había permanecido casi olvidada desde su promulgación hace más de medio siglo y que ahora cobra relevancia en este nuevo capítulo político y económico.

La herramienta de emergencia económica

La Sección 122 actúa como un mecanismo de emergencia creado originalmente para situaciones críticas relacionadas con la balanza de pagos o una depreciación acelerada del dólar. Permite al presidente imponer aranceles temporales de hasta el 15% o establecer cuotas de importación cuando se enfrentan «problemas graves» en las cuentas externas del país. Lo más destacado es que estas medidas pueden aplicarse sin consultar al Congreso, aunque cuentan con un límite temporal: 150 días. Transcurrido este tiempo, sería necesario que el legislativo aprobara una extensión para mantenerlas vigentes.

Trump ha decidido establecer un arancel del 10%, por debajo del límite permitido del 15%, lo cual le ofrece margen para maniobrar. Además, la ley permite aplicar estas medidas selectivamente a países con grandes superávits comerciales frente a Estados Unidos, lo que deja abierta la posibilidad de acciones discriminatorias contra China, la Unión Europea, México y Vietnam, considerados los principales objetivos según los datos comerciales actuales. Esta flexibilidad es justo lo que Trump necesitaba tras su derrota judicial: una herramienta que le permita seguir ejerciendo presión arancelaria sin depender de interpretaciones amplias sobre leyes de emergencia que el Supremo acaba de rechazar.

El arsenal legal completo

No obstante, Trump no se queda solo con esta opción. Su administración ha identificado un amplio abanico normativo para respaldar su estrategia comercial. La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite imponer aranceles cuando las importaciones «puedan perjudicar la seguridad nacional». Esta norma ya fue utilizada para gravar acero y aluminio desde 2018 y no establece límites ni temporales ni porcentuales, aunque requiere una investigación previa por parte del Departamento de Comercio, proceso que puede durar hasta 270 días. Por otro lado, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 ofrece otra alternativa: posibilita represalias arancelarias contra países involucrados en prácticas comerciales «injustificables» o «discriminatorias», sin restricciones en las tasas impuestas. Esta fue precisamente la base para iniciar la guerra comercial contra China en 2018.

También está disponible la Sección 201, enfocada en proteger industrias específicas afectadas por importaciones masivas; sin embargo, es un proceso más lento y sectorial. Finalmente, existe la Sección 338 de la Ley Smoot-Hawley de 1930, casi nunca utilizada, que permite imponer aranceles si se demuestra discriminación contra el comercio estadounidense, con un límite del 50%.

El problema económico de fondo

Resulta irónico que sea precisamente la administración Trump quien haya generado el problema ahora utilizado como justificación para nuevos aranceles. Un estudio reciente realizado por la Reserva Federal de Nueva York revela que cerca del 90% del impacto económico derivado de los gravámenes impuestos el año pasado fue asumido por empresas y consumidores estadounidenses, no por los países exportadores. Esta realidad queda reflejada en las cifras macroeconómicas: durante el cuarto trimestre, el PIB estadounidense apenas creció un escaso 0,4%, afectado por una caída en el consumo y las exportaciones. La popularidad del presidente ha sufrido un notable descenso precisamente por su gestión económica.

Los aranceles implementados generaron ingresos extraordinarios para las aduanas estadounidenses: aproximadamente 202.000 millones de dólares, más del doble respecto al año anterior. Sin embargo, estos números ocultan una verdad incómoda: gran parte de esa recaudación proviene justamente de los gravámenes recientemente anulados, lo cual obliga a Trump a buscar nuevas bases legales no solo para mantener su agenda política sino también para preservar esos ingresos fiscales tan dependientes.

La incertidumbre como arma

El cambio en la base jurídica acarrea una considerable incertidumbre entre los mercados y socios comerciales de Estados Unidos. Mientras Trump intenta consolidar sus nuevos aranceles bajo la Sección 122, su administración ha anunciado también el inicio de nuevas investigaciones bajo la Sección 301 durante esos 150 días en los que estará vigente esta medida temporal. El objetivo es claro: aprovechar ese tiempo para justificar aranceles más duraderos basados en prácticas comerciales desleales y así evitar que expire automáticamente.

La Unión Europea, México y otros aliados comerciales observan con inquietud cómo Trump busca mantener su enfoque proteccionista mediante reinterpretaciones creativas sobre leyes comerciales antiguas. Lo que comenzó como un desafío judicial ha evolucionado hacia una lucha sobre los límites del poder presidencial en materia comercial, con repercusiones económicas que van mucho más allá del territorio estadounidense.