Por qué odiamos a los bancos: avalaron el piso de su hijo, no pagaron tres cuotas y ahora les desahucian a todos

Un muerto es una tragedia; un millón, una estadística. La popular frase puede aplicarse, al revés, a la crisis inmobiliaria en España.

En 2010, los juzgados españoles recibieron 93.622 ejecuciones hipotecarias, cuatro veces más que en 2007. Esta es la estadística, que visto el aumento del Euribor –el miércoles 6 abril 2011 estaba al 2,033%– no augura un futuro mejor.

La tragedia: el caso personal que cuenta Janot Gil en el diario ABC —Desahuciada por avalar el piso de su hijo–.

Un matrimonio de Badalona vio cómo en junio de 2010 salía a subasta el piso que tiene desde hace 30 años y en el que aún vive, de momento, a la espera de ser desahuciados y acabar en la calle.

Como su hijo Joaquín, que sigue viviendo en su casa de Montgat (Barcelona) que técnicamente ya no es suya, sino del banco, a la espera de que le den la puntilla del desalojo.

La historia es como sigue:

En 2005, Joaquín, un joven emprendedor de 25 años vendió la casa en la que vivía con su mujer Isabel para mudarse a otra más grande, de 252.000 euros y para cuya adquisición una caja de ahorros les concedió un préstamo hipotecario de 242.500 euros, lo que unido al dinero de la anterior vivienda les permitió hacer obras de reforma.

Joaquín trabajaba, su mujer también y su negocio de transportes iba bien. Sin embargo -y por ahí asoma el fatal desenlace- la entidad bancaria le concedió el préstamo con la condición de que tuviera una doble garantía. En caso de impago respondería en una parte proporcional la casa del hijo y, en otra parte, el piso de sus padres.

«¿Quién no avala a un hijo?», explica la madre.

Al principio, los primeros años, pagaron religiosamente la cuota de la hipoteca, que era de 1.900 euros al mes, pero el negocio de transportes empezó a zozobrar por la subida del precio del gasóleo y por el impago de algunos clientes.

En septiembre de 2009, después de sumar tres cuotas sin abonar, la caja de ahorros presentó una demanda de ejecución hipotecaria sobre las dos viviendas.

La casa del hijo se subastó en abril de 2010 y se la adjudicó el banco por el 50% del precio de tasación –125.000 euros– después de que nadie más pujara por ella; en estricto cumplimiento de la ley.

En junio se subastó el piso de los padres y también recaló a manos de la entidad bancaria.

«Ya no debemos más al banco, pero nos hemos quedado sin nada», se lamenta la madre. Ella trabaja de mujer de la limpieza y su marido percibe la renta mínima de inserción (PIRMI). Su hijo Joaquín, tiene trabajo por cuenta ajena porque su empresa se fue al garete, para vivir él y contribuir al cuidado de su hija.

«Ya, ya, pero es que la ley está mal hecha, es perversa», replica la madre cuando se le hace notar que ella firmó lo que firmó y que «las partes acuerdan» es una frase que aparece en toda la documentación del banco y del notario.

En breve la arrastrará la corriente de esta lacra social de las ejecuciones hipotecarias que tiene movilizados en contra a parte de la sociedad civil y a algunos partidos, como IU, ERC, ICV y el BNG.

Hace más de un año que subastaron su hogar, pero aún no ha sido desahuciada. El matrimonio vive en vilo, a expensas de oír el timbre y recibir malas noticias. El marido persiste en aparentar, de cara a los vecinos, que no pasa nada, para huir de la maledicencia.

«Pero no somos delincuentes…» Pagan las facturas de la luz y el agua, pero ya no el IBI. «Vi el recibo y pensé «no pago, ya no es mi piso», ¿no?».