Se veía venir. Tras cinco días de plazo otorgados por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el duque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les impuso en el marco de estas pesquisas.
Los dos imputados tenían hasta la medianoche de este 6 de febrero de 2013 para poder hacer frente al pago de la cuantía decretada la pasada semana.
De esta forma, si bien en la mañana de este jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado.
Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
En caso de que ni Urdangarin ni Torres señalasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakehlder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin comparte al 50% con la Infanta Cristina.
PODRÁN DEPOSITARLA MÁS ADELANTE
En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado a Europa Press que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.
Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha puesto de
manifiesto «a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno», ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
«INJUSTO EMPOBRECIMIENTO»
Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un «injusto empobrecimiento» y se produciría un «enriquecimiento injusto» para los beneficiarios de la anterior cantidad.
En su auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son «los únicos criminalmente responsables» en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
