Sánchez niega el carnet de conducir a 222.000 venezolanos en España para agradar a su compadre Maduro y a Zapatero

El caso que es que el tirano Nicolás Maduro y el trincón Zapatero queden contentos.

Y a pillar.

El Gobierno Sánchez ha tomado una medida que afecta directamente a 222.891 ciudadanos venezolanos que residen legalmente en el país.

El Ejecutivo del marido de Begoña se niega a validar los carnets de conducir emitidos en Venezuela, justificando su postura en los reiterados incumplimientos del régimen de Nicolás Maduro en cuanto a la verificación de la autenticidad de estos documentos.

Esta decisión, que entra en vigor de manera inmediata, cierra un camino que durante dos décadas permitió a los exiliados circular legalmente con sus permisos de origen.

La raíz de esta decisión se remonta a 2022, cuando el Gobierno de Sánchez anunció la suspensión de un acuerdo firmado en 2005 entre los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez. Este tratado permitía el canje de permisos sin necesidad de realizar exámenes adicionales, lo cual facilitaba la movilidad y la integración social y laboral de los residentes.

Sin embargo, el régimen venezolano no cumplió con uno de los requisitos fundamentales: notificar sobre la autenticidad de los permisos en un plazo máximo de ocho días naturales. Ante esta falta de colaboración, España decidió suspender el convenio.

El verdadero problema no radica tanto en la suspensión del tratado como en las repercusiones que tiene sobre una población vulnerable que no tiene culpa alguna en los conflictos diplomáticos entre gobiernos. Diputados opositores, como Cristina Valido de Coalición Canaria, han presentado una Proposición No de Ley argumentando que esta medida acarrea graves consecuencias para miles de ciudadanos que huyeron del colapso político y económico en Venezuela, y ahora residen legalmente en España. La limitación a su movilidad, según Valido, dificulta el acceso a servicios básicos y afecta negativamente su integración familiar y comunitaria.

El costo económico: entre 1.500 y 2.500 euros

Para aquellos venezolanos que desean seguir conduciendo legalmente, solo hay una alternativa: obtener el carnet español. Sin embargo, este proceso representa una barrera económica casi insuperable para muchas familias que intentan integrarse. El coste total varía entre 1.500 y 2.500 euros e incluye matrícula en autoescuelas, exámenes teóricos y prácticos, así como certificados médicos obligatorios.

Esta inversión resulta especialmente problemática dado que Venezuela es la segunda nacionalidad con más llegadas recientes a España. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025 se registraron 71.241 solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos, lo cual constituye el 58% del total de 121.990 peticiones durante ese periodo. La mayoría llega con una situación económica precaria, habiendo dejado atrás propiedades, empleos y redes familiares.

Para muchos, destinar más de 1.500 euros a un carnet significa sacrificar otras necesidades básicas: hogar, alimentación o educación para sus hijos. Es una decisión insostenible para ellos, sobre todo durante los primeros meses tras su llegada a España, cuando están buscando empleo y estabilidad económica.

El impacto en el mercado laboral y la integración

La imposibilidad de conducir legalmente tiene repercusiones directas sobre su acceso al mercado laboral. En numerosos sectores y profesiones —especialmente en áreas rurales donde el transporte público es escaso— tener un carnet es un requisito esencial. Trabajos relacionados con la agricultura, logística o cuidado personal requieren esta documentación. Sin ella, miles de venezolanos quedan excluidos de oportunidades laborales que podrían facilitar su integración económica en España.

A pesar de esto, las cifras indican que la comunidad venezolana está altamente integrada en el mercado laboral español. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hasta julio de 2024 había 164.478 venezolanos afiliados a la Seguridad Social, situándolos como la segunda nacionalidad extranjera con más afiliados. Esto refleja no solo su inserción laboral sino también su compromiso con la regularización.

El 40% cuenta con pasaporte español o alguna otra nacionalidad. En 2024 se aprobaron 32.786 residencias por motivos humanitarios. Estas cifras evidencian una clara vocación por regularizarse y cumplir con las normativas establecidas. La mayoría no llega a España buscando delinquir o depender del sistema social; vienen dispuestos a trabajar arduamente para reconstruir sus vidas en un país que les ofrece estabilidad política y económica.

Una comunidad cercana a las 400.000 personas

Para comprender mejor esta situación es esencial conocer el tamaño real de la diáspora venezolana en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al final del año 2024 había cerca de 400.000 venezolanos en el país si se considera únicamente a aquellos con nacionalidad venezolana exclusiva; si sumamos residentes empadronados con doble nacionalidad pero nacidos allí, esa cifra asciende hasta las 599.769 personas.

Para enero del mismo año, el INE registraba exactamente 325.254 habitantes con nacionalidad venezolana; este crecimiento ha sido notable: desde los escasos 40.517 venezolanos registrados en España en 2014 hasta multiplicarse casi por ocho en menos de diez años; una transformación significativa para ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

La distribución geográfica muestra claramente esta concentración: entre enero y octubre del año siguiente, la Comunidad Autónoma de Madrid lideró las solicitudes con un total cercano a las 36.208; le siguen Andalucía (17.118), Cataluña (14.176), Canarias (6.589) y el País Vasco (6.141). Más del 65% se concentra en estas cinco comunidades autónomas.

El contexto global: una crisis migratoria sin precedentes

La migración desde Venezuela hacia España no es un fenómeno aislado ni puntual; según datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, para diciembre del año pasado ya eran aproximadamente 7.890.000 las personas desplazadas desde Venezuela, convirtiéndose así en uno de los mayores éxodos humanos actuales.

Un estudio reciente realizado por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) presenta cifras preocupantes: al menos un 22% planea abandonar Venezuela próximamente; se estima que cerca un millón más podrían emigrar antes del final del año siguiente. Estas estadísticas trascienden simples números; reflejan la magnitud real detrás de una emergencia humanitaria compleja que sigue asolando al país caribeño.

Históricamente hablando, los flujos migratorios venezolanos solían dirigirse hacia países vecinos dentro de Sudamérica; sin embargo, últimamente ha aumentado notablemente el número hacia España. En apenas tres meses del año siguiente ya se habían registrado unas 23.724 solicitudes asilo provenientes desde Venezuela —un récord histórico— lo que posiciona a este país como principal destino europeo para solicitantes latinoamericanos, representando incluso un impactante 40% total dentro del país.

El debate político y las posibles soluciones

La decisión gubernamental ha suscitado un intenso debate político dentro del Congreso español; desde sectores opositores argumentan que tal medida resulta desproporcionada e injusta al castigar indirectamente a quienes son víctimas directas bajo la represión instaurada por Maduro mismo ¿Por qué deberían sufrir exiliados por problemas administrativos ajenos?

Diputados como Valido enfatizan que esta medida está llevando a muchos ciudadanos hacia situaciones donde experimentan discriminación comparativa, dado que actualmente solo Venezuela enfrenta tal suspensión bilateral respecto al canje documental; sin embargo ella misma apunta también hacia otro hecho relevante: dicha suspensión no extingue necesariamente dicho acuerdo bilateral, lo cual abre puertas potenciales siempre bajo condiciones justas como restablecer mecanismos alternativos verificables sin depender exclusivamente del régimen actual.

Cabe señalar cómo otros convenios bilaterales suspendidos anteriormente —como los establecidos previamente con naciones como Marruecos o China— fueron reactivados exitosamente mediante mejoras técnicas implementadas durante procesos verificativos respectivos; Valido hace hincapié ante Sánchez instando reanudar conversaciones bilaterales enfocándose nuevos protocolos técnicos alternativos capaces verificar autenticidades documentales sin necesidad depender totalmente colaboración gubernamental actual.

Un reflejo complejo sobre migraciones contemporáneas

Lo vivido actualmente pone claramente frente a nosotros las complejidades inherentes asociadas políticas migratorias modernas actuales; aquí no basta simplemente abrir o cerrar fronteras sino equilibrar aspectos tan cruciales como seguridad nacional junto cooperación internacional protegiendo poblaciones vulnerables afectadas directamente por decisiones tomadas erróneamente desde despachos gubernamentales ajenos.

La determinación tomada por parte española responde legítimamente preocupaciones vinculadas autenticidades documentales mas sus efectos adversos recaen principalmente sobre individuos ya comprometidos dentro tejido social local cumpliendo roles activos contribuyendo sustancialmente desarrollo económico país anfitrión donde residen ahora.

El dilema persiste palpable ¿Cómo validar documentos auténticos si quien emite no colabora? ¿Cómo salvaguardar derechos ciudadanos españoles frente posibles fraudes sin perjudicar migrantes honestos dedicados integrarse plenamente? Preguntas difíciles pero lo cierto es evidente solución actual genera más inconvenientes beneficios reales hacia colectivos ya suficientemente golpeados circunstancialmente hablando…