Los detalles de la puesta en libertad de Cándido Conde-Pumpido tras ser detenido por presunta agresión sexual

El domingo por la mañana la titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid María Isabel Durántez Gil dejó en libertad al abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional del mismo nombre, tras ser detenido el pasado viernes junto a dos amigos en el chalet que el abogado posee en el barrio madrileño de San Blas.

El pasado viernes la Policía Nacional se procedió a su detención después de la denuncia de una scort brasileña de 26 años que lo acusó a él y a dos amigos de agresión sexual el pasado viernes. La mujer, tras salir de noche, del chalet a donde había acudido para prestar un servicio denunció que, según ella, le habían obligado a realizar una práctica sexual con la que no estaba de acuerdo. Según su testimonio ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional fue agredida por los jóvenes sin su consentimiento, una negativa que había expresado varias veces.

Inmediatamente después de abandonar la vivienda de Conde Pumpido, la joven llamó al número de emergencias 091 para denunciar los hechos, y la Policía envió un vehículo para asistirla. La llevaron al hospital, donde se confirmaron múltiples lesiones de carácter sexual, lo que llevó a la activación del protocolo de agresión sexual.

Los agentes recolectaron pruebas, incluyendo la recogida de muestras de ADN de sus ropas y su cuerpo, y se solicitó una orden de registro para inspeccionar la vivienda donde supuestamente ocurrió la violación. El mismo viernes, el juez autorizó a los especialistas en criminalística a entrar en la residencia del hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Permanecieron recopilando evidencias hasta tarde en la tarde. El testimonio de la víctima, junto con las pruebas reunidas, desempeñarán un papel fundamental en el proceso judicial que se ha iniciado.

Conde-Pumpido Jr. llegó a Plaza de Castilla en el segundo turno de detenidos por lo que su puesta a disposición judicial se retrasó más de 24 horas. Tras declarar ante la Jueza María Isabel Durántez y asistido por el letrado Ricardo Álvarez Osorio negando de forma tajante los hechos, la magistrada tomó la decisión de ponerle en libertad. Idéntica decisión tomó con los otros dos implicados.

La visualización de las cámaras de seguridad del chalet del famoso abogado han sido claves en la decisión de la jueza. «Se desvirtúa la versión mantenida por la denunciante. En dichas imágenes se ven distintas dependencias de la casa a lo largo de toda la madrugada y primeras horas de la mañana del viernes 3 de noviembre de 2023. En las mismas no se observa ninguna situación descrita por la denunciante ante la Policía», se puede leer en el escrito de la jueza al que ha tenido acceso El Debate. También se pueden leer las siguientes conclusiones de la jueza:

«Se ve a la denunciante situada en distintas estancias de la casa, cocina, dormitorio, parte exterior de la vivienda, en compañía de Cándido Conde-Pumpido unas veces y sola en otras. Específicamente puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando, saliendo, bebiendo, etc. Sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido».

Por esa razón, «no resulta procedente la adopción de las medidas cautelares interesadas».

La polémicas del abogado

Hijo del presidente del Tribunal Constitucional, el abogado Conde-Pumpido ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su trayectoria que le han puesto en el punto de mira de los medios de comunicación. Hace tan sólo un mes era su vida privada la que le hacía protagonizar la actualidad, tras confirmar la actriz Lara Dibildos que habían roto su relación tras cuatro meses de romance. Una affaire que les hizo protagonizar las portadas del corazón este verano tras la muerte de la madre de Lara, la mítica Laura Valenzuela.

En otras ocasiones ha ocupado el objetivo de la prensa por motivos menos agradables. Así en diciembre de 2018 los medios de comunicación recogían que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, llamaba a declarar el 15 de enero de 2019 al letrado como «imputado colaborar en el lavado de dinero de los dueños de un prostíbulo de Madrid investigados por la Justicia».

Fue en el marco del conocido como ‘Caso Bandenia’ que investigaba a los dueños del prostíbulo ‘Vive Madrid’ situado en el madrileño barrio de Tetuán, y el origen supuestamente ilícito de su dinero. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba que «podría haber utilizado una línea de crédito de un ‘chiringuito financiero’ para lavar el dinero de las personas que regentan este club de alterne». Los responsables de este entramado habían sido detenidos en 2015 en el marco de la ‘operación Pompeya’ que perseguía el blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual.

Según el auto de citación que recogieron varios medios los movimientos bancarios de Conde-Pumpido hijo permitieron presuntamente «esquivar las medidas cautelares decretadas por la Autoridad Judicial, permitiendo que fondos procedentes de los ilícitos investigados fueran desviados a dicha posición financiera, para ser posteriormente reintegrados a los investigados mediante los procedimientos expuestos».

Según el Juez de la Mata, Conde-Pumpido utilizó  Bandenia Banca Privada, no autorizada para operar en España, para «llevar a cabo movimientos de fondos de forma paralela al sistema financiero ordinario” y blanquear fondos propiedad de Ángel Crispín Gilaranz, detenido en 2015, propietario del citado prostíbulo ‘Vive Madrid’ y acusado de liderar un organización dedicada a la trata de personas y al blanqueo de capitales. Conde-Pumpido era el abogado de Crispín Gilaranz.

No es esta la primera polémica de Conde Pumpido hijo. En 2015 salieron a la luz unos correos de éste dirigidos a la jueza de Lugo Pilar de Lara, instructora de la Causa Pokemon, un escándalo de corrupción a finales de la década pasada en la que Conde-Pumpido Jr. ejercía la defensa de José Ramón Gómez Besteiro. Según de Lara estos correos incluían «amenazas veladas», el abogado le solicitaba alejarse del caso hablaba de sus influencias en el Consejo General del Poder Judicial para el traslado a Gijón del que la jueza estaba pendiente. Un asunto que generó mucho ruido mediático cuando salieron a la luz los citados correos, debido a la posición del padre del abogado que ese momento estaba el Tribunal Constitucional, después de haber ocupado el cargo de Fiscal General del Estado durante los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.