La seguridad de las mujeres en España ha sufrido un deterioro alarmante en los últimos años, con un incremento exponencial de las agresiones sexuales desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno. Las estadísticas revelan una realidad estremecedora: cada 105 minutos se registra una nueva víctima de violación en territorio español, triplicando las cifras de años anteriores.
Según los registros más recientes, las violaciones notificadas han llegado a triplicarse respecto a los datos previos a 2018, año en que Sánchez asumió el poder. Esta tendencia se traduce en una media de casi 14 denuncias diarias, una estadística que sitúa a España ante un desafío social y político ineludible.
El impacto psicológico y social de esta ola de agresiones sexuales es innegable. Las víctimas reclaman mayor protección legal y social, mientras que distintos colectivos feministas y asociaciones jurídicas han señalado tanto el endurecimiento del clima social como la desconfianza hacia el sistema judicial tras las sucesivas reformas legislativas.
Este dramático aumento coincide también con la implementación de una de las normativas más controvertidas de la última década: la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como «Ley del solo sí es sí», impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero y su equipo, popularmente conocidos como la banda de la tarta.
Los efectos devastadores de la Ley del Solo Sí es Sí
Lo que fue presentado como un avance histórico para los derechos de las mujeres ha terminado convirtiéndose en una herramienta que beneficia a los agresores sexuales. Según el último cómputo oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), realizado en noviembre de 2023, la aplicación de esta ley ha provocado 1.233 reducciones de condenas y ha obligado a excarcelar a 126 violadores.
«A efectos prácticos, solo sirvió para rebajar la pena a más de 1.400 condenados por agresión sexual y poner en libertad a un centenar», señalan expertos jurídicos que han analizado el impacto de la normativa.
El problema fundamental radica en la fusión de los antiguos delitos de abuso y agresión sexual —ahora todo se considera agresión sexual— y en la reducción de la horquilla de penas, lo que ha permitido que numerosos condenados soliciten la revisión de sus sentencias amparándose en el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo.
El caso de La Manada y otros beneficiados
El escándalo ha alcanzado nuevas cotas cuando se ha conocido que dos de los cinco miembros de La Manada, condenados a 15 años de prisión por la violación grupal durante los Sanfermines de 2016, han solicitado recientemente que se les aplique la norma para reducir sus condenas.
Pero no son los únicos. El goteo de beneficiados continúa, especialmente a través del Tribunal Supremo, donde siguen corrigiendo resoluciones de audiencias provinciales y tribunales superiores. Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, al menos otros cuatro agresores sexuales lograron reducir sus penas gracias a esta ley.
Particularmente preocupante resulta el caso de los condenados con el agravante de «parentesco», quienes también han visto rebajadas sus penas de cárcel tras la revisión del Supremo.
Una ley con buenas intenciones pero efectos adversos
La conocida como «Ley del solo sí es sí» fue presentada como una normativa que situaba «el consentimiento en el centro» de los delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, expertos jurídicos señalan que este objetivo ya estaba cumplido antes de su entrada en vigor.
«La realidad es que el consentimiento siempre ha estado en el centro y ninguna necesidad había de reinterpretarlo. De hecho, la llamada ley del solo sí es sí definió el consentimiento en idénticos términos a como la doctrina y jurisprudencia venía interpretando desde hacía muchísimo tiempo», explica el abogado penalista Víctor Muñoz Casalta, doctor en Derecho penal y Profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona.
A pesar de los errores en la «redacción legislativa», algunos expertos consideran que la ley no supone una «indefensión» legal para las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Sin embargo, casos recientes como el de Dani Alves, con sentencias contradictorias entre la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han puesto de manifiesto las deficiencias de la normativa.
La respuesta política y judicial
La polémica generada por los efectos adversos de la ley obligó al PSOE, con el apoyo del PP, PNV, Ciudadanos y Junts per Catalunya, a corregir la norma seis meses después de su entrada en vigor, recuperando las penas anteriores (más altas) para los delitos sexuales. Sin embargo, esta rectificación solo se aplica a partir del 29 de abril de 2023, tras su aprobación.
De esta forma, la medida legislativa sigue siendo aplicable no solo para todos los delitos sexuales cometidos durante su vigencia, sino también cuando resulta más beneficiosa para los delincuentes sexuales que no habían terminado de cumplir sus condenas.
Mientras tanto, Irene Montero ha responsabilizado a los jueces y al PSOE de los problemas derivados de la aplicación de la ley. «Lo que tienen que hacer los jueces y las juezas en este país es cumplir la ley ‘solo sí es sí'», ha insistido la exministra, quien además ha denunciado la existencia de una «justicia patriarcal» y «violencia institucional».
El colapso del sistema judicial
La Sala Penal del Tribunal Supremo continúa examinando decenas de recursos contra las revisiones de pena generadas por la ley del solo sí es sí, aplicando el criterio aprobado por una amplia mayoría (10 votos frente a cinco) del pleno de la Sala Penal celebrado en junio de 2023, que dio prevalencia al principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo.
Esta situación ha provocado un colapso en el sistema judicial, que se suma a los problemas ya existentes en la lucha contra la ciberdelincuencia y otros delitos emergentes. «La Policía está desbordada. De la misma forma en que la legislación contra nuevas drogas de diseño evoluciona al rebufo de la creatividad de los químicos, los cibercriminales crean nuevos delitos que aún no están definidos como tales», señalan fuentes policiales.
El futuro de la protección a las víctimas
El incremento de las agresiones sexuales y los efectos adversos de la ley del solo sí es sí plantean serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de protección a las víctimas en España. La experiencia ha demostrado que no basta con buenas intenciones legislativas si estas no van acompañadas de una redacción técnica adecuada y un análisis riguroso de sus posibles consecuencias.
El caso de la «Ley del solo sí es sí» representa un ejemplo paradigmático de cómo una norma diseñada para proteger a las mujeres puede acabar beneficiando a sus agresores si no se tienen en cuenta todos los aspectos jurídicos implicados.
Mientras tanto, las víctimas de agresiones sexuales siguen aumentando en España, con una nueva mujer violada cada 105 minutos, una estadística que debería hacer saltar todas las alarmas sociales e institucionales y que exige medidas urgentes y efectivas para revertir esta tendencia.
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