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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha resuelto uno de los enfrentamientos más singulares entre la Iglesia católica y una comunidad religiosa en España.
La sentencia ordena a las ocho monjas clarisas de Belorado desalojar el monasterio, considerado propiedad eclesiástica, “dejándolo libre y expedito” para el Arzobispado de Burgos, bajo apercibimiento de lanzamiento forzoso si no cumplen la orden voluntariamente.
El fallo llega tras más de un año de tensión.
En mayo de 2024, las entonces monjas clarisas anunciaron su ruptura con la autoridad del Papa y su adhesión a una corriente sedevacantista, lo que derivó en su excomunión por parte del Vaticano. La reacción del Arzobispado fue inmediata: petición formal para abandonar el convento y posterior demanda por ocupación indebida ante los tribunales civiles.
Claves legales y eclesiásticas del conflicto
- Propiedad del inmueble: El monasterio figura inscrito a nombre de la Iglesia y está bajo la administración legal del comisario pontificio designado por Roma, en este caso el arzobispo Mario Iceta.
- Posición de las exmonjas: Alegan que la comunidad monástica, como persona jurídica, tiene derecho a transformar su estatus y mantener la titularidad del convento, invocando libertad religiosa y autonomía asociativa.
- Argumentos judiciales: La jueza determina que las exreligiosas no han acreditado título alguno que legitime su uso del inmueble frente a los registros oficiales, estimando íntegramente la demanda presentada por el Arzobispado.
- Plazos: No se fija un plazo concreto para el desalojo, pero se advierte que si no se produce voluntariamente, intervendrán los cuerpos y fuerzas de seguridad para proceder al lanzamiento forzoso.
El trasfondo humano: perfil y anécdotas de las protagonistas
La figura central es sor Isabel, conocida civilmente como Laura García de Viedma, antigua abadesa que lideró la escisión. Junto a ella, otras siete religiosas sostienen haber actuado en conciencia y defienden que el monasterio “fue fundado por beatas en 1358” sin intervención directa de la jerarquía eclesiástica actual. Su defensa subraya que todas las reformas y mantenimiento han sido financiados por rentas propias, familiares y donaciones privadas.
Entre los detalles llamativos:
- Las exmonjas han denunciado sentirse vigiladas por empleados del Arzobispado, que acuden al convento supuestamente para grabarlas o controlar sus movimientos.
- El grupo ha atravesado varias crisis internas: algunas religiosas mayores permanecen en el convento sin ser excomulgadas; otra, sor Paz, abandonó la comunidad debilitando aún más su posición.
- Las cismáticas han cambiado hasta tres veces de asesor espiritual y jurídico en menos de un año; actualmente cuentan con el apoyo del sedevacantista argentino Sergio Casas.
- El conflicto ha puesto fin a una tradición local: las clarisas eran conocidas en Belorado por sus dulces artesanos y la cría ocasional de perros dentro del propio recinto monástico.
Perspectiva social y legal
La sentencia ha reavivado el debate sobre los límites entre derecho canónico y jurisdicción civil. El abogado defensor insiste en que “la comunidad monástica decidió colectivamente separarse”, transformándose en asociación civil bajo la representación legal de sor Isabel. Sin embargo, los tribunales civiles han dado prioridad al registro eclesiástico y la titularidad formal reconocida por la ley española.
La polémica sigue abierta porque las exmonjas ya han anunciado recurso ante la Audiencia Provincial. Mientras tanto, su futuro inmediato queda pendiente del cumplimiento efectivo o forzoso del desahucio. La fecha provisional para el lanzamiento se sitúa en torno al 12 de septiembre, aunque los plazos podrían dilatarse si prosperan nuevas acciones legales o recursos judiciales.
Este caso deja huella no solo por su carácter insólito sino también por el debate sobre identidad religiosa, propiedad colectiva y libertad individual dentro del marco legal español.
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