La Policía detecta en Telegram la venta de facturas falsas a migrantes ilegales

La Policía Nacional ha centrado su atención en un amplio bazar digital que ofrece facturas de gas, líneas telefónicas y empadronamientos falsos destinados a migrantes ilegales.

Estos documentos se diseñan para simular estancias prolongadas en España, facilitando así regularizaciones fraudulentas.

Esta situación se da en un momento clave, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez está promoviendo un plan para legalizar a medio millón de personas.

Agentes de la comisaría de Extranjería han alertado que las mismas redes que proporcionan estos justificantes están incitando a ciudadanos de otros países a ingresar en España, transformando el país en un coladero de delincuentes que, sorprendentemente, «pierden» sus documentos reales.

En la operación Taylor, llevada a cabo hace unos días, se detuvo a 90 individuos, entre ellos 83 extranjeros, por registrar inmigrantes en empresas ficticias ubicadas en Rivas Vaciamadrid.

Estos grupos cobraban hasta 4.000 euros por cada trámite y 800 euros mensuales a la Seguridad Social, sin que las compañías presentaran actividad real. La red logró recaudar más de 400.000 euros y operaba en ciudades como Barcelona, Valencia y Málaga, con una clientela predominantemente proveniente de Colombia, Chile y Venezuela. Actualmente, plataformas como Telegram están expandiendo esta oferta: argelinos con documentos falsos y otras nacionalidades adquieren tickets para demostrar arraigo o reagrupación familiar.

Cómo funciona el mercado negro

Los agentes están monitoreando canales en Telegram y sitios web oscuros donde se promocionan estos servicios. Un migrante puede desembolsar cientos de euros por un paquete completo: facturas, citas médicas y certificados que se reutilizan en múltiples expedientes.

• Facturas de servicios: Gas, luz o teléfono, con fechas anteriores a su entrada real en España.
• Empadronamientos falsos: Inscripciones de ilegales en municipios donde no residen.
• Documentos médicos: Historiales que simulan años de permanencia en el país.

Los argelinos con papeles falsos son los protagonistas destacados en estos bazares; miles llegan al país, «pierden» sus documentos y obtienen nuevos para solicitar regularización. La Policía estima que este coladero beneficia a cientos mientras el Gobierno amplía las opciones para acreditar estancia: desde el padrón hasta contratos de alquiler o envíos de remesas.

Perfil de las redes y el contexto político

Estas mafias reclutan mediante mediadores, como uno colombiano involucrado en la trama Taylor, dirigida por una mujer española junto a familiares y abogados especializados en extranjería. No solo facilitan la regularización, sino que también promueven entradas ilegales al ofrecer papeles rápidos. Funcas calcula que hay 840.000 irregulares en España, ocho veces más que en 2017, siendo la mayoría latinoamericanos: 290.000 colombianos, 110.000 peruanos y 90.000 hondureños.

El plan del Gobierno de Sánchez, previsto para abril, establece que se debe acreditar cinco meses de estancia antes del 31 de diciembre de 2025, sin antecedentes penales. Se puede demostrar mediante informes médicos o facturas –justo lo que estas redes venden–. La autorización inicial tiene una duración de un año, permite trabajar desde el inicio y regulariza a los hijos menores. Las críticas apuntan a que esto favorece a delincuentes; una diputada del grupo Sumar lo reconoció abiertamente, mientras que los agentes advierten sobre el riesgo de un fraude masivo.

Anécdotas y curiosidades

• En la operación Taylor, se detectaron altas en empresas antes incluso de la llegada de los migrantes, un error evidente que desencadenó la investigación iniciada en julio de 2024.
• Miles «pierden» sus pasaportes al ingresar; compran facturas para reconstruir su historial y optar al arraigo.
• Gestorías como la ubicada en la calle Obélix en Rivas facturaban cuotas ficticias a la Seguridad Social durante años.
• Las redes utilizan Telegram para realizar envíos rápidos; un canal ofrece un «paquete completo» por 500 euros con garantía de devolución si no funciona.
• Históricamente, España ha regularizado más de un millón desde 1986: bajo el mandato de Aznar, se otorgaron papeles a 524.000 personas; mientras que con Zapatero, fueron 576.000 en 2005.

La investigación continúa abierta; todos los detenidos quedaron en libertad por ahora, pero queda una pregunta inquietante: ¿podrán estos irregulares con documentos falsos colarse en la amnistía promovida por Sánchez? El coladero sigue creciendo mientras las alertas policiales resuenan cada vez más fuerte.