Sale a la luz la lista de más de 100 agresores sexuales que cambiaron su sexo

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha recopilado más de un centenar de casos en los que agresores sexuales, maltratadores y otros delincuentes han cambiado su sexo registral tras la entrada en vigor de la ley trans promovida por Irene Montero.

Aunque esta legislación se presentó como un avance para despatologizar al colectivo y asegurar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género, los resultados han sido muy diferentes: ha polarizado a la sociedad y ha puesto en evidencia vulnerabilidades en prisiones, oposiciones y espacios destinados a mujeres.

Durante 2023, el primer año completo desde su implementación, se llevaron a cabo 5.139 cambios de sexo en los Registros Civiles, una cifra cuatro veces superior a la del año anterior. La organización feminista denuncia un oscurantismo institucional, ya que el Portal de Transparencia no sistematiza estos datos, lo que dificulta su control público. Solo han podido obtener información sobre algunos casos mediáticos, pero insisten en que no están todos.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de Canady, un sevillano que fue condenado a 15 meses de prisión por maltratar a su expareja. En 2023, decidió cambiar su sexo para evitar cumplir pena en una cárcel masculina.

La Alianza advierte que esta chapuza legislativa abre la puerta a fraudes que desprotegen a las mujeres, permitiendo que asesinos o proxenetas accedan a centros penitenciarios femeninos.

Irene Montero, exministra de Igualdad, ha defendido esta ley como un derecho esencial. Sin embargo, Carmen Calvo, quien ocupó anteriormente ese cargo, advirtió sobre su potencial para derogar la legislación de igualdad. Críticas como las expresadas por Silvia Carrasco, profesora en la UAB, han calificado esta norma como inconstitucional al priorizar la autopercepción sobre el sexo biológico, lo que podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución y la Ley de Igualdad vigente desde 2007.

Casos documentados y peligros para mujeres

La Alianza ha identificado diversos ejemplos que evidencian los riesgos:

• Maltratadores como Canady evaden sus condenas al ser recluidos en prisiones masculinas.
• Asesinos y proxenetas se declaran mujeres para ingresar en módulos femeninos, poniendo en peligro a otras reclusas.
• En deportes y oposiciones, hombres autoidentificados compiten o acceden a plazas reservadas para mujeres.

Estas prácticas generan una sensación de inseguridad jurídica. La ley permite cambios desde los 16 años sin necesidad de requisitos médicos, lo cual facilita abusos. Países como Suecia, Finlandia o Reino Unido han dado marcha atrás ante evidencias similares, tal como se refleja en el Informe Cass.

Contexto sobre violencia sexual en España

La macroencuesta realizada en 2019 mostró que el 13,7% de las mujeres mayores de 16 años sufrieron violencia sexual. El dato alarmante es que el 99,6% de los agresores son hombres. En cuanto a agresiones grupales entre 2016 y 2024, Feminicidio.net analizó 364 casos donde el 68% correspondió a violaciones; las víctimas son mayoritariamente niñas y adolescentes (38%). Muchas incluyen elementos como fuerza física, rapto o narcotización.

La ley trans complica aún más las estadísticas: aquellos agresores que cambian su sexo no son contabilizados como varones dentro del contexto de violencia machista. Esto contribuye a incrementar la cifra negra, ya que solo se denuncia el 9,9% de las violaciones.

Organizaciones feministas abogan por derogar esta legislación. Por otro lado, el PP está promoviendo una ley contra el borrado de las mujeres con el objetivo de prevenir fraudes en oposiciones. Mientras tanto, el debate sigue creciendo ante los riesgos reales para mujeres y menores.

Este escándalo pone nuevamente sobre la mesa la urgencia por leyes que protejan sin abrir puertas al abuso.