Las familias de los guardias asesinados en Barbate piden 119 años de cárcel para Karim, el piloto marroquí de la lancha que los mató

El puerto de Barbate se convirtió hace dos años en un escenario trágico que puso de manifiesto la brutalidad del narcotráfico en el Estrecho.

El 9 de febrero de 2024, una lancha narco embistió deliberadamente la zodiac de la Guardia Civil, resultando en la muerte de Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y David Pérez Carracedo, de 43, miembro del Grupo de Acción Rápida.

Además, cuatro compañeros sufrieron lesiones tanto físicas como psicológicas debido al ataque.

En este contexto, las familias de los fallecidos han presentado escritos formales solicitando una condena de 119 años de prisión para Karim El Baqqali, el piloto marroquí de 32 años al mando de la embarcación.

Los acusadores relatan un ataque meticulosamente orquestado: «Con plena conciencia de su actuación, se alejó de la embarcación de la Guardia Civil para iniciar una maniobra recta imprimiendo gran velocidad». Un informe pericial solicitado por el juez confirmó que la narcolancha no frenó ni intentó esquivar el choque, lo que evidencia la intencionalidad del acto.

Un juicio por jurado popular

El juez de Barbate ha cerrado la instrucción del caso y ha ordenado que se celebre un juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Cádiz contra El Baqqali y Yassine El Morabet, quien también estaba a bordo. El piloto se enfrentará a dos cargos por asesinato consumado, cuatro por tentativa y seis delitos más por atentado agravado contra la autoridad. Por su parte, El Morabet responderá por seis delitos similares, ya que se le acusa de haber apuntado con un láser a los agentes para dificultar su visión y defensa antes del impacto.

Los otros dos tripulantes marroquíes serán juzgados por separado por delitos relacionados con contrabando, dado que no hay pruebas suficientes que demuestren su participación directa en el ataque. El Baqqali se entregó a las autoridades el 19 de septiembre de 2024, siete meses tras los hechos, luego de un informe policial que descartó que otra narcolancha fuera responsable. En su declaración ante el juez admitió haber estado al timón durante el ataque.

La maniobra letal

Los escritos acusatorios ofrecen un relato detallado sobre lo ocurrido durante el ataque. Entre las 20:20 y las 20:29 horas, seis agentes se dirigieron a las aguas del puerto para verificar la presencia de varias narcolanchas resguardándose del temporal. El Baqqali pilotaba una semirrígida de 14 metros equipada con cuatro potentes motores fueraborda. Realizó varias aproximaciones a escasa distancia de la zodiac oficial antes de alejarse lo suficiente para regresar a gran velocidad sin desviar su trayectoria, colisionando con la embarcación desde babor hasta estribor.

El juez destaca en su auto que actuó «con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y causar la muerte a los seis agentes», siendo consciente además del desproporcionado tamaño entre ambas embarcaciones. Sabía perfectamente que sus víctimas eran agentes y cuáles eran sus limitadas posibilidades para defenderse.

Las responsabilidades pecuniarias

La Fiscalía ha estimado las responsabilidades económicas atribuidas a El Baqqali en 2.500.000 euros por las muertes y lesiones sufridas por los supervivientes. Sin embargo, el juez ha fijado una suma total a pagar de 3.300.000 euros, cantidad que incluye daños a la embarcación oficial, lucro cesante y daños psicológicos ocasionados a los sobrevivientes.

El cuestionamiento de la operación

Más allá del caso contra los tripulantes implicados, se ha puesto en entredicho si fue adecuado enviar a los agentes en una zodiac claramente inferior ante una lancha narco mucho más potente. En octubre pasado, el Tribunal Supremo archivó definitivamente las denuncias que pedían investigar a los mandos responsables del operativo. La Sala Segunda confirmó así el sobreseimiento dictado anteriormente por la Audiencia Provincial de Cádiz, respaldando la postura fiscal sobre archivar las denuncias contra el general jefe de la Zona Andalucía y el coronel al mando en Cádiz.

Este caso llega ahora al juicio popular en un momento crítico para las familias que buscan justicia y reconocimiento tras perder a dos hombres valientes que cayeron cumpliendo con su deber en la lucha contra el narcotráfico en nuestro Estrecho.