Nueve años de prisión para un excandidato de Más Madrid por violar a una alumna, que se suicidó antes de la sentencia

La trágica historia de Minerva Nieto Palacios, una joven de solo 21 años que decidió poner fin a su vida antes de conocer el veredicto contra el profesor que la había agredido cuando ella tenía apenas 15, ha sacudido tanto el ámbito político madrileño como el debate sobre los delitos sexuales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una condena para Enrique Antonio Salazar, excandidato de Más Madrid y exprofesor de matemáticas, quien deberá cumplir 10 años y 6 meses de prisión por agresión y abusos sexuales continuados hacia cuatro alumnas del instituto donde impartía clases.

Este caso pone sobre la mesa múltiples temas delicados: la violencia sexual contra menores, la responsabilidad política, los protocolos para detectar estas situaciones en los centros educativos y el uso que hacen algunos partidos de cada escándalo. En este entramado, las víctimas y sus familias sufren secuelas psicológicas profundas; en el caso de Minerva, su historia culmina en un desenlace trágico que la sentencia vincula directamente a los abusos padecidos.

La condena: 10 años y 6 meses de prisión y 59.000 euros de indemnización

La resolución emitida por la sección 15 de la Audiencia Provincial establece que Salazar es culpable de:

• 9 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual con penetración sobre una alumna menor de 16 años.
• 1 año y 6 meses de prisión por un delito continuado de abuso sexual hacia otra alumna.
• Dos penas de 14 meses de multa por delitos sexuales cometidos contra otras dos menores.

Además, el tribunal le impone:

• 13 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores.
• 17 años bajo libertad vigilada, que deberá cumplir tras salir de prisión.
• Prohibición absoluta para acercarse o comunicarse con las víctimas o sus familias.
• Una indemnización total de 59.000 euros: 50.000 para la familia de Minerva, 5.000 para otra víctima y 2.000 para cada una de las otras dos.

Los hechos se produjeron durante el curso académico 2019/2020 en el IES Sapere Aude en Villanueva del Pardillo, donde Salazar ejercía como profesor. El tribunal ha confirmado que se aprovechó de su posición como educador y del vínculo de confianza establecido con sus alumnas para crear una dinámica controladora, llevando a cabo acercamientos sexuales progresivos e incluso violaciones reiteradas en el caso principal.

Cabe recordar que Salazar contaba con antecedentes penales cancelados por un delito similar contra una menor de 13 años. A pesar de ello, continuó trabajando con adolescentes e incluso siguió entrenando a jóvenes en baloncesto después del inicio del proceso judicial.

Quién es Enrique Antonio Salazar y su vínculo con Más Madrid

El condenado lideró la lista electoral de Más Madrid–Verdes Equo para las elecciones municipales en Villanueva de la Cañada en 2023, formando parte del espacio político encabezado regionalmente por Mónica García. Su imagen pública era la del educador comprometido con la enseñanza pública, lo cual le otorgó suficiente respaldo local para encabezar una candidatura municipal.

Algunos aspectos relevantes sobre su trayectoria reciente son:

• Profesor de matemáticas en el IES Sapere Aude, ubicado en Villanueva del Pardillo.
• Candidato a la alcaldía por Más Madrid-Verdes Equo en las elecciones municipales del año 2023.
• Antecedentes penales por abuso sexual a una menor ya cancelados al momento en que ocurrieron los hechos entre 2019/2020.
• Pese a lo sucedido, mantuvo contacto con menores al actuar como entrenador deportivo.

Este tipo de situaciones ha reabierto un intenso debate acerca de los controles internos dentro de los partidos políticos y las medidas necesarias para trabajar con menores. Desde hace un par de años, la legislación española exige a los partidos contar con protocolos específicos frente a la violencia sexual y acoso dentro sus estructuras. Sin embargo, sigue existiendo un vacío respecto a cómo detectar antecedentes antiguos que han sido cancelados o no son visibles fácilmente cuando un agresor se integra en entornos políticos o sociales considerados «respetables».

La víctima que no llegó a escuchar la sentencia

El expediente judicial lleva inscrito el nombre de una joven: Minerva Nieto Palacios. A los 15 años denunció a su profesor tras sufrir una agresión sexual con penetración. Según lo determinado por la sentencia, desde entonces vivió un deterioro constante en su salud mental relacionado tanto con los abusos como con un proceso judicial prolongado.

Algunos momentos clave en su historia son:

• Presentó su denuncia siendo aún menor tras sufrir la agresión sexual.
• El procedimiento judicial fue aplazado varias veces hasta que finalmente se dictó sentencia el pasado 13 de mayo.
• Minerva se quitó la vida a los 21 años sin haber conocido aún el fallo condenatorio.
• La resolución judicial reconoce cómo los abusos impactaron negativamente en su vida y bienestar psicológico.

Su nombre e historia han pasado a ser el eje emocional del caso. La cuantía establecida como indemnización (50.000 euros) refleja un reconocimiento del daño moral sufrido, aunque también pone en evidencia las limitaciones que enfrenta la justicia penal ante una vida truncada.

La izquierda, los delitos sexuales y la batalla por el relato

Cada nuevo caso relacionado con violencia sexual que toca al ámbito político aviva discursos polarizados. Por un lado, se enfatiza la necesidad urgente de establecer protocolos rigurosos, centrándose especialmente en el agresor y promoviendo una política cero tolerancia dentro cualquier espacio institucional o social. Por otro lado, hay quienes intentan establecer patrones ideológicos insinuando una cadena continua relacionada principalmente con lo que llaman izquierda progre.

En tiempos recientes han salido a luz otros casos penales o denuncias públicas que afectan a personajes vinculados al espectro político progresista; algunos han tenido trayectorias judiciales desiguales: desde educadores implicados en abusos hasta acusaciones mediáticas dirigidas hacia líderes o exlíderes políticos. La extrema derecha ha aprovechado este contexto para alimentar narrativas sobre una supuesta obsesión dentro del ámbito progresista respecto al tema infantil; mientras tanto ellos mismos levantan voces contra lo que consideran “sexualización” infantil dentro del ámbito educativo.

Algunos patrones recurrentes emergen en esta lucha por narrar lo acontecido:

• Se seleccionan casos graves vinculados a partidos o activistas pertenecientes a izquierda para construir un “rosario” representativo sobre delitos sexuales.
• A menudo se ignoran casos similares relacionados con otros contextos ideológicos.
• Se utiliza despectivamente el término “progre”, más como herramienta arrojadiza que como categoría analítica.
• Se difumina la línea entre responsabilidad penal individual y responsabilidad política y ética correspondiente a los partidos cuando se trata prevenir o reaccionar ante estas situaciones.

Frente a este simplismo discursivo, especialistas dedicadas al estudio sobre violencia sexual vinculada al ámbito político abogan por otra dirección: aplicar ley sin dilaciones; reforzar protocolos dentro partidos y administraciones; garantizar espacios seguros donde poder denunciar; centrar esfuerzos principalmente sobre quienes cometen las agresiones sin utilizar ideologías como justificación.

Lo que deja este caso abierto

La condena impuesta a Enrique Antonio Salazar llega tarde para Minerva, pero plantea interrogantes difíciles que permanecen abiertas: ¿cómo se supervisa realmente quién trabaja con menores? ¿Qué acciones toman los partidos al integrar perfiles susceptibles? ¿Hasta qué punto el ruido ideológico puede silenciar lo verdaderamente importante: las víctimas?

En este panorama complejo, el nombre del profesor condenado por agredir sexualmente a una menor se convierte en símbolo no solo del fracaso educativo sino también institucional y político; un problema cuya solución no llega simplemente con una sentencia firme.