Imputadas Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres, y su novia por los pufos de los puntos violeta con gobiernos del PSOE

La citación como imputada de Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres, y de su pareja llega tras casi dos años de investigación sobre la red de contratos de los llamados puntos violeta en ayuntamientos gobernados por el PSOE. Esta causa pone bajo foco la gestión de fondos vinculados a políticas contra la violencia de género y conecta política, activismo feminista y la sospecha sobre los “chiringuitos” creados al calor del poder.

La juez que instruye el caso quiere escuchar por primera vez a Isabel García y su pareja, también empresaria del sector de igualdad.

A ambas se les atribuyen delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en contratos. Este episodio, de confirmarse, se situaría entre los escándalos más delicados para el Ministerio de Igualdad y varios consistorios socialistas.

Qué se investiga exactamente

La investigación apunta que Isabel García habría aprovechado su posición para favorecer a sociedades vinculadas a ella y a su pareja, dedicadas a la consultoría en igualdad y a la gestión de puntos violeta en eventos municipales. Los elementos clave del caso incluyen:

• Número de contratos: Al menos 64 contratos adjudicados por ayuntamientos del PSOE para gestionar puntos violeta.
• Empresas implicadas:
• – ELIG Consultoría Política de Igualdad y Diversidad, relacionada con García.
• – Otra sociedad vinculada a su pareja, centrada en servicios feministas y prevención de violencia.
• Importes aproximados:
• – Más de 360.000 euros en contratos públicos entre 2022 y 2024.
• – Las cifras oscilan entre los 250.000 y 360.000 euros, pero todos coinciden en la magnitud del negocio.

Los informes de la Guardia Civil indican que ELIG Consultoría obtuvo 49 contratos públicos por más de 340.000 euros en dos años, casi todos con ayuntamientos de Valencia, lo que plantea sospechas de tráfico de influencias. La juez investiga si se recurrió a contratos menores y procedimientos simplificados para evitar la competencia real y asegurar que las empresas del entorno de García ganaran la gestión de los puntos violeta, lo que justifica la imputación por prevaricación y falsedad.

El impacto político y la salida de García del Instituto de las Mujeres

Isabel García Sánchez llegó al Instituto de las Mujeres con un perfil sólido en políticas de igualdad y diversidad, habiendo trabajado en la administración y en la creación de redes municipales contra la violencia de género. Nombrada directora a finales de 2023, fue cesada en julio de 2024 tras el estallido del escándalo de los puntos violeta.

Antes de su nombramiento, fundó ELIG Consultoría en febrero de 2022, cuando aún era asesora del Ministerio de Transportes, manteniendo su cargo hasta marzo de ese mismo año. La simultaneidad entre su puesto público y la actividad empresarial alimenta las sospechas de tráfico de influencias. Su destitución se dio tras un intenso desgaste mediático y político, presionada por críticas desde sectores feministas que cuestionaban su gestión y el uso de los puntos violeta.

La actual controversia refuerza el relato sobre un entramado de “chiringuitos progres” vinculados al PSOE y a la administración de Pedro Sánchez, donde se habrían entrelazado programas para combatir la violencia de género con contratos opacos. Aunque el caso se centra en García y su pareja, la investigación podría abrir la puerta a revisar cómo se han creado y financiado estos dispositivos de atención en eventos en toda España.

Un perfil entre activismo y administración

Más allá de su imputación, el perfil de Isabel García muestra un recorrido profesional que ilustra la conexión entre feminismo institucional y el poder. Nacida en 1968, ha sido una voz activa en defensa de la igualdad, formando parte de equipos que impulsaron la Red Municipal contra la Violencia de Género en varios ayuntamientos valencianos.

Su nombramiento como directora del Instituto fue polémico, generando tensiones en el movimiento feminista. Sin embargo, García supo transformar el activismo en un sector económico emergente, abriendo un camino hacia contratos para los puntos violeta. Esta evolución evidencia un fenómeno de cruzamiento entre el activismo y la política, donde la línea que separa ambos mundos se vuelve difusa, y el escrutinio judicial se intensifica en estos contextos.

Puntos violeta en la cuerda floja

Los puntos violeta, que surgieron como espacios de atención para mujeres en eventos y fiestas, están bajo sospecha. Aunque concebidos como herramientas de protección, el escándalo de contratos ha dañado su reputación. La ciudadanía puede terminar asociando estos recursos a “negocios a la sombra” más que a iniciativas de protección efectiva, socavando la confianza en políticas públicas de igualdad.

Curiosidades y detalles menos conocidos del caso

El entorno de Isabel García revela detalles interesantes:

• ELIG Consultoría se constituyó mientras García ocupaba un cargo en el Gobierno, inicialmente desde su domicilio familiar en Xirivella (Valencia).
• Los contratos se cerraron en municipios donde ella había colaborado en planes de igualdad, evidenciando vínculos políticos y confianza.
• Los puntos violeta gestionados por sus empresas se presentaron como un modelo moderno, pero ahora son analizados como posible fachada para una estructura de negocio sostenida con fondos públicos.
• La investigación penal se activó tras una denuncia de Manos Limpias y el trabajo de una entidad feminista que documentó casos de posible malversación de fondos.

La imputación de Isabel García y su pareja representa un nuevo capítulo en una narrativa donde feminismo institucional, política y gestión de dinero público se encuentran en la mira de la justicia y la opinión pública.