Francesco Cerri: «Italia es un punto de llegada de inmigrantes más fácil que otros»

José Rosado.- La nueva ley en materia de inmigración permitirá penar con prisión la entrada ilegal en Italia y la expulsión de aquellos inmigrantes que sean condenados a más de dos años. Una polémica propuesta que roza la inconstitucionalidad. Francesco Cerri, corresponsal de la agencia Ansa en España nos ofrece las claves de esta polémica medida.

¿En qué consiste esta proposición de ley?

El proyecto de ley propone un mayor control en la llegada de inmigrantes ilegales en Italia y supone, en un primer concepto, la prevención de la delincuencia. Las detenciones por inmigración ilegal se incrementan a cuatro años. Además existen una serie de medidas adicionales que incrementan esa inspección y control; también facilitan la expulsión de los que vienen al territorio nacional de forma clandestina sin autorización.

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¿Qué consecuencias tendría?

Es difícil decirlo, pero miles de los que que vienen y viven en Italia no están en una situación segura. Italia tiene una ley en materia de inmigración más flexible con que el resto de paises de la Unión Europea. Nuestro país es un punto de llegada más fácil para los inmigrantes que otros.

De las etnias que se ven más afectadas, lo que ha causado más controversia es lo que concierne a los gitanos de Rumanía…

Sí, son los que mayor discusión han creado porque, desde que Rumania entró en la UE y se aprobó la libre circulación de sus ciudadanos, ha creado mucha alarma social. La microcriminalidad ha aumentado con la llegada de muchos de estos ciudadanos y el problema que está ocasionando al nuevo Gobierno se encuentra a la hora de contrarrestar de forma efectiva este vandalismo con la inmigración ilegal de los gitanos que, precisamente, forman parte de la ciudadanía comunitaria. Todavía el ‘acuerdo Schengen’ no está en vigor así que hay algunas delimitaciones que el Gobierno de Berlusconi está tomando.

¿No hubiera sido más sencillo haber buscado una moratoria al estilo de España?

Esto es una posibilidad de largo término. El partido de Berlusconi ha basado su campaña, en gran medida, en la inseguridad urbana a raíz del erróneo control de inmigración ilegal. Por lo tanto Berlusconi debía lanzar una señal rápida de inmediata aplicación. Con respecto la primera medida tiene una aprobación general, según las encuestas, un 60% está de acuerdo con que la delincuencia viene sobre todo por la llegada masiva de los ilegales. Hay una preocupación generalizada en el país.

La vicepresidenta De la Vega acusó al Gobierno italiano de xenófobo y racista, ¿realmente se trata de eso?

Pienso, que De la Vega hablaba del incidente ocurrido en los poblados gitanos, así lo ha hecho saber después y lo ha aclarado el Secretario de Estado, López Garrido, que matizó que no se refería en absoluto al Gobierno italiano.

Creo que el sentimiento de racismo en Italia es prácticamente inexistente. No sólo hay que insistir en la historia moderna del país. Quizá estas medidas sean políticamente incorrectas, pero también existe un estado de agitación general entre los italianos y también creo que esto es consecuencia de la mala gestión de control de la inmigración como ha sucedido en otros países de la UE. Además no hay que olvidar que en Italia existe el “buonismo”, una gran tradición católica de acogida. Por lo tanto ha habido un retraso en la política de control de la inmigración. Hay un sentimiento de inseguridad más acusado en el norte de Italia.

¿Es peligroso avivar ese sentimiento de incomprensión hacia la gente de etnia gitana?

Esto no es una cuestión de ideología. Berlusconi decía este martes que había que dar una respuesta al temor de la población. Precisamente, el primer derecho de los civiles es no vivir bajo el temor. Estamos recuperando ese retraso que nos alejaba de los demás países europeos con respecto al método.

¿No existe un riesgo de que esta proposición rebase la legislación europea e incluso la Carta de los derechos humanos?

Italia es un Estado de Derecho, un estado democrático en el cual la magistratura es un poder independiente que mantiene toda la prerrogativa de control, por creo que la rebase, pero las disposiciones que se están discutiendo en la UE sobre el acompañamiento en las expulsiones de inmigrantes son muy severas; hablamos de 18 meses, esto está siendo muy discutido en Italia.