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El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, rechazó ayer el decreto de emergencia económica del chavista Maduro por considerar que las medidas previstas en el mismo agravarían la crisis, pueden abrir la puerta a una ola de expropiaciones e incluso permitiría al Gobierno crear una «corralito» para mantener inmovilizado el dinero de los ahorradores.
Como explica Ludmila Vinogradoff en ‘ABC‘ este 23 de nero de 2016, es la primera decisión «fuerte» del nuevo Legislativo venezolano.
Si el presidente Maduro persevera ahora en su decreto, puede provocar una peligrosa crisis institucional y conducir el país hacia el bloqueo político.
De acuerdo con la ley, el rechazo del Parlamento invalida y deja sin valor jurídico el decreto de Maduro por más que este tenga el apoyo del Tribunal Supremo -controlado por el chavismo-.
Sin embargo, el presidente no necesita el aval del Legislativo para lanzar algunas de las medidas que espera ya la sociedad venezolana, como el aumento del precio de la gasolina -la más barata del mundo- o la devaluación de la moneda.
Pero el estado emergencia económica iba demasiado lejos.
Permitía «requerir de personas naturales o jurídicas cualquier edificación, maquinaria o medido de transporte que sea necesario», un coladero para las expropiaciones.
Preveía «restringir el sistema monetario, así como las transacciones comerciales o financiera», puerta abierta a todo tipo de control de capitales.
Y autorizaba a «eliminar los controles legales en materia de contrataciones públicas, importación y nacionalización de mercancías».
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