Vox se enfrenta a Bruselas por financiar abortos con fondos públicos: ¡Basta ya!

Vox irrumpe en el escenario europeo con una carta directa dirigida a Úrsula von der Leyen y la comisaria Hadja Lahbib.

En ella, critican que el dinero de los contribuyentes no debe destinarse a financiar viajes y tratamientos de aborto en países donde esta práctica es legal, pero no en el país de origen de la mujer. Esta postura se manifiesta justo en el momento en que el Parlamento Europeo ha dado un respaldo simbólico a la iniciativa ‘Mi voz, mi elección’, que cuenta ya con 1,2 millones de apoyos.

La propuesta, que se presenta como Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), busca establecer un mecanismo voluntario: los Estados tendrían la opción de sumarse a un fondo comunitario que cubra tratamientos médicos de aborto, aunque no los desplazamientos. Con 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones, su aprobación evidencia profundas divisiones. Mientras socialistas, liberales y la izquierda celebran este avance en derechos reproductivos, Vox y una parte significativa del PP español consideran que se trata de una sobrepaso por parte de Bruselas en competencias nacionales.

Antecedentes de una batalla ideológica

El origen se encuentra en la plataforma ‘My voice, my choice’, surgida en Eslovenia hace tres años y apoyada por organizaciones que, según sostiene Vox, reciben financiación de lobbies asociados a George Soros. Este movimiento ha logrado reunir más de un millón de firmas en 19 países, alertando sobre las barreras que enfrentan 20 millones de mujeres en la UE: en países como Malta y Polonia, resulta prácticamente imposible acceder al aborto; mientras que en otros como Croacia o Italia, existen diversas dificultades prácticas.

El Parlamento Europeo permitió su presentación, y la comisaria Lahbib escuchó los argumentos durante una reciente audiencia. Ella enfatizó que restringir el aborto no reduce su práctica, sino que genera situaciones inseguras: se estima que hay 30 millones al año en Europa, muchas veces con riesgos considerables. Bruselas aceptó tramitar esta propuesta para septiembre de 2025, aunque insiste en que no se creará un derecho europeo al aborto; esta competencia queda reservada para los Estados. La decisión final será comunicada en marzo de 2026 a través de una rueda de prensa.

Vox argumenta que esto vulnera el principio de subsidiariedad: la UE no debe legislar ni financiar el aborto, materia exclusiva de los parlamentos nacionales. Su eurodiputada Margarita de la Pisa criticó lo que considera «frivolización» del asunto, sin plazos ni controles adecuados, incluso para menores sin consentimiento paterno. Aboga por respaldar la maternidad real y no «alimentar temores». Se han aliado con ‘One of Us’, quienes también recogieron miles de firmas contra esta iniciativa.

Divisiones en el espectro político español

En la votación llevada a cabo, el PP europeo otorgó libertad para votar, pero los representantes españoles optaron mayoritariamente por el no, junto a Vox e independientes como Alvise Pérez. En cambio, votaron a favor los grupos del PSOE, Sumar, PNV, ERC y Bildu. Esta situación pone de manifiesto tensiones internas: el PP liderado por Feijóo intenta equilibrar su base conservadora frente a las presiones ejercidas por Vox dentro del país.

En las Islas Baleares, por ejemplo, se registraron un total de 3.347 abortos en 2024, lo cual equivale a una tasa de 13,87 por 1.000 mujeres, siendo esta la segunda más alta del país. La mayoría se realizaron en centros públicos. Estos datos son reveladores sobre cómo varía la regulación: España permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 con ciertas excepciones; sin embargo, las comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores enfrentan críticas por limitar el acceso.

La iniciativa no obliga a ningún Estado a participar, pero para Vox, podría sentar un precedente peligroso: utilizar fondos europeos como herramienta para lobbies ideológicos. Exigen respeto hacia los Tratados y hacia la soberanía nacional. Los opositores advierten sobre el riesgo de «abortos transfronterizos institucionalizados».

Posibles consecuencias y el pulso a Bruselas

Si la propuesta es aceptada por la Comisión, surgiría un fondo voluntario destinado a tratamientos legales en otros países, promoviendo así la salud reproductiva sin imponer uniformidad legal. Los críticos como Vox advierten sobre una posible erosión soberana: ¿por qué deberían financiarse con euros provenientes de polacos o malteses algo que ellos rechazan? Esto podría avivar campañas anti-UE dentro del espectro político nacional.

En España, refuerza aún más la alianza entre el eje del PP-Vox contra el aborto: recuerdan que 13 comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores limitan los accesos al mismo según activistas locales. Bruselas navega entre aguas turbulentas: las competencias sanitarias son responsabilidad nacional; sin embargo, puede «completar» acciones mediante financiación.

• Apoyos a la ICE: 1.124.513 firmas recogidas en 27 Estados.
• Rechazo alternativo: La propuesta pro-soberanía fue desestimada (241 votos a favor frente a 356 en contra).
• Plazo clave: En marzo de 2026 se espera respuesta definitiva por parte de Von der Leyen.

La coordinadora del movimiento, Nika Kovač, afirma: «Luchas largas no son derrotas». Mientras tanto, desde otro ámbito político como es el caso de Abir Al-Sahlani, celebran lo que consideran una «victoria para las mujeres». En España, destaca también la voz de Kika Fumero, quien señala que las migrantes irregulares también enfrentan obstáculos significativos.

Curiosamente, aunque esta ICE nació en Eslovenia, España ha aportado un número considerable de firmas clave. En 2024, Baleares lideró las tasas abortivas autonómicas. Por su parte, desde Vox, lanzan su campaña bajo el lema: «No es tu elección; es tu dinero». Y cabe recordar cómo también tuvo eco lo expresado por Lahbib acerca de esos alarmantes 30 millones anuales de abortos inseguros: un dato tan divisivo como revelador.