El Congreso reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela, pese a la oposición del PSOE

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles, una proposición no de ley impulsada por el PP que insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato opositor, como el «legítimo ganador» de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela, y por tanto, como el presidente electo del país.

Este resultado revela un quiebre evidente en la postura del Ejecutivo, que insiste en mantener una posición ambigua mientras el resto de la Cámara Baja toma decisiones firmes y directas.

 

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Lo que resulta más inquietante es la negativa de Pedro Sánchez a reconocer lo que para muchos es una realidad innegable: la derrota de Nicolás Maduro. No se trata únicamente de un rechazo simbólico. Al no reconocer públicamente la victoria de la oposición venezolana, el Gobierno socialista no solo se aísla de la mayoría parlamentaria, sino que también se distancia de un sector de la ciudadanía española y de la comunidad internacional que exige claridad en la defensa de la democracia en Venezuela.

El argumento del presidente, que insiste en un supuesto «margen de mediación» y en la búsqueda de una posición común en la Unión Europea, parece más un intento de dilatar una decisión inevitable que una verdadera estrategia diplomática. Mientras tanto, figuras emblemáticas de la lucha por la libertad en Venezuela, como Antonio Ledezma y Leopoldo López, junto con la hija del presidente electo Edmundo González, observan desde el exilio cómo España, bajo el liderazgo socialista, vacila en asumir una postura clara frente a la dictadura chavista.

Lo que está en juego va más allá de una simple disputa electoral en un país latinoamericano. Es una cuestión de principios fundamentales: la defensa de la democracia y los derechos humanos. La negativa del Gobierno de Sánchez a reconocer a González parece desestimar estos valores y despreciar las pruebas presentadas por la oposición venezolana. ¿Qué más se necesita para que el Ejecutivo acepte lo que las actas reflejan?

El Partido Popular, por su parte, ha capitalizado esta situación, presentando una iniciativa que, más allá de una jugada política, representa un acto de solidaridad con el pueblo venezolano. En palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, el desprecio a la verdad de las urnas es un atentado contra la realidad misma, y no podría estar más en lo cierto. Este episodio parlamentario debería ser una advertencia al Gobierno: no se puede ignorar indefinidamente la lucha de un pueblo por su libertad.

Sánchez critica a la oposición por su supuesta «incongruencia», pero la verdadera incongruencia reside en la falta de acción de su propio Ejecutivo, que sigue escudándose en argumentos de mediación mientras el mundo avanza hacia el reconocimiento de la oposición venezolana. La postura del presidente se está volviendo insostenible y corre el riesgo de ser vista como complicidad con un régimen dictatorial.

España no puede permitirse el lujo de permanecer en una posición ambigua cuando se trata de defender la democracia, y el Gobierno de Sánchez debe decidir si quiere estar del lado correcto de la historia o continuar con una política que parece más preocupada por no incomodar al régimen de Maduro que por defender los principios democráticos que siempre han caracterizado a la nación española.